La ONU, en su informe bienal sobre administración electrónica, colocó a nuestro país en el puesto 11 de 193 en cuanto a la madurez de sus servicios online, infraestructuras de telecomunicaciones y capital humano. La Unión Europa, en un estudio similar, nos colocó en 2016 en el grupo de países "en progreso", al mismo nivel de Portugal o Italia. Y, sin embargo, en cuanto dejamos los análisis internacionales, la percepción de la digitalización en la Administración Pública patria es, cuanto menos, negativa. Cuanto más, desastrosa.

Como ciudadanos somos testigos y víctimas de la dificultad manifiesta a la hora de realizar cualquier trámite online con la Administración: certificados digitales que funcionan con versiones antiguas de los navegadores más populares (o que directamente no se ejecutan en dispositivos de determinados fabricantes), un DNI-e cuya aceptación ha sido residual ante los infinitos pasos (algunos de ellos presenciales, lo que resta algo de sentido a la ecuación) que se deben dar para su activación o la enorme heterogeneidad de sistemas, interfaces de uso y posibilidades que ofrece cada ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma, ministerio y empresa pública. Un auténtico caos organizativo que no esconden ni los propios responsables de TIC en el sector público, voluntariosos en este proceso de transformación digital, pero atados de pies y manos por los pecados propios de la burocracia y los líos competenciales.

"¿Cómo puede ser que estemos hablando de internet de las cosas y otras tendencias así mientras los ciudadanos siguen dándose de golpes contra la pantalla al no ser capaces de hacer trámites online porque no les funciona un certificado?", critica Borja Colón de Carvajal, de la Diputación Provincial de Castellón, durante el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS).

En esta cita (a la que apenas acuden unas 600 personas, según las cifras de la organización), queda constancia de esta dicotomía de manual entre el deseo y el hecho, entre el discurso y la realidad de la digitalización del sector público. Sirva como ejemplo otra frase contundente de este político: "Muchas personas dentro del sector público, pero también muchas empresas privadas, desconocen el alcance real de la Administración electrónica. Ello genera una importante desconexión entre lo que se necesita y lo que se percibe y ofrece".

Incluso desde el mismísimo Ministerio de Hacienda y Función Pública (objetivo de todas las miras cuando se formulan estas acusaciones) admiten luces y sombras en la evolución de la administración electrónica. Uno de sus máximos representantes en materia TIC, Aitor Cubo, admite que existen muchas trabas, la mayoría de ellas por requerimientos legales, en la adopción de las nuevas tecnologías dentro del sector público, así como un cierto descontrol entre las administraciones locales y regionales, tanto por el foco de sus planes de innovación como por la madurez misma de sus despliegues.

"Estamos en un momento un poco esquizofrénico en el que cuando nos contacta un ayuntamiento no sabemos si es para un proyecto realmente innovador -por ejemplo, en aquellos pocos casos en que es útil el blockchain-, o es para preguntarnos cómo integrar la firma electrónica", explica el directivo.

¿Y las luces? Desde el Gobierno central defienden el éxito de la facturación electrónica (relativo si tenemos en cuenta que su adopción ha sido obligada por parte de los proveedores y que el proceso no ha sido sencillo precisamente ni exento de polémicas), el sistema de intercambio de registros (que pronto se abrirá también al sector privado) o la progresiva extensión del sistema de identificación Cl@ve en las administraciones regionales y locales ("antes de verano estará integrado en el 80% de los ayuntamientos y comundades, algo que parecía imposible"). Para el cajón de los olvidos quedan los fracasos sonados de la herramienta judicial LexNet o el propio DNI electrónico.

Y siguiendo con su ejemplo, Cl@ve puede que sea la excepción que confirma la regla, pero lo habitual es encontrarnos con un auténtico caos territorial en esta materia, con varios frentes en mente.

Uno, el de la pugna entre Madrid y el resto de entidades públicas a propósito del uso de las soluciones recomendadas ("obligadas", según varios de los ponentes) por el Centro de Transferencia de Tecnología, que provoca retrasos notorios a la espera de las pertinentes aprobaciones burocráticas. Otro, el que tiene que ver con la estrategia o no de país en materia de digitalización del sector público. Preguntado sobre ello, Aitor Cubo sale a la defensiva y argumenta que él si cree "que tenemos un proyecto de país para la administración electrónica. Estamos trabajando como ningún otro lugar en la cooperación con todas las administraciones territoriales y creando foros de colaboración público-privada de verdad".