Martes por la tarde, Teresa Ribera, ministra transitoria de Transición Ecológica, expone con suficiencia y satisfacción cómo se dibujará el plano maestro de la estructura energética española de aquí a 2050, masivamente renovable. Miércoles por la mañana, el Congreso de los Diputados devuelve al Gobierno su proyecto de Presupuestos, poniéndole al Consejo de Ministros una etiqueta de caducidad, que unos días más tarde ya contaba con la fecha oficial: el próximo 28 de abril. En la sede del IESE, en Madrid, se siguieron exponiendo durante toda la jornada diversas ideas, opiniones y refutaciones sobre ese futuro augurado por la ministra transitoria, cubriendo con un piadoso manto de silencio las noticias llegadas desde el Parlamento.

El plan de Ribera, expuesto como hoja de ruta de obligado cumplimiento para redefinir el mapa energético de España, plantea el cierre inapelable de las centrales de carbón y nucleares en 2025. Sobre el carbón, argumenta que "no era un problema cuantitativo [en número de mineros] y había una fecha para el cierre de las empresas no viables. Pero sí de significados, porque la minería del carbón impulsó unos valores, a la industria, el sindicalismo, la reivindicación de derechos…". Ahora "el desafío es acompañar a las zonas afectadas para su reactivación económica". 

Así, "en 2020 sale el carbón" del mix energético, mientras "en la segunda mitad de la década se produce el cierre ordenado del parque nuclear", con tres premisas: "Seguridad en el suministro [eléctrico], seguridad nuclear y seguridad financiera para cumplir las necesidades de la seguridad nuclear". La hoja de ruta, que ha de someterse a la bendición de Bruselas, tiene tres patas: el Plan de Energía y Clima, el proyecto de Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático y la estrategia de "transición justa".

Para la ministra, la transición justa se basa en que los cambios tengan un "impacto equitativo en la sociedad"; que se preste "atención a los trabajadores y a sus habilidades"; que tenga consideración con los consumidores y "el coste del CO2 se traslade a los precios no con igual impacto" para los casos de pobreza energética; que atienda a la desigual preparación de "los consumidores industriales, que son muy sensibles al precio de la energía"; y, piedra angular del arco: que ofrezcan "generación de confianza en la capacidad del cambio. Predictividad de la evolución y del resultado de las inversiones. Certidumbre flexible para movilizar las cuantías de inversión necesarias…". Y volver a "pensar en la energía hidráulica, con nuevas concesiones", porque la pata coja es la incertidumbre sobre el almacenamiento que garantice el suministro cuando el tiempo no juegue a favor.

Predictividad y "certidumbre flexible, para no caer en la tentación de hacer política con las tarifas de la electricidad y el gas", dijo Ribera, anunciando «dos periodos más» para las condiciones de rentabilidad establecidas para instalaciones renovables anteriores a 2013. El discurso que soporta estos planes se apoya en las resoluciones adoptadas por la Conferencia sobre Cambio Climático de París de 2015. "Una cosa es llegar a un compromiso, otra que sea suficiente y otra que se esté cumpliendo", dice. 

Pero en París se reunieron gobernantes de 195 países, expertos, economistas y organizaciones diversas. Para el plan español a 30 años de un pilar fundamental de la economía nacional, la ministra transitoria no ve reunir a partidos políticos, expertos, empresas y organizaciones implicadas, sino que apela a que se imponga «la madurez social para crear un suelo común, para que el acuerdo no dependa de los partidos, sino de la sociedad».

El principio de incertidumbre es ahora inflexible: todo dependerá del criterio del Parlamento y el Gobierno que salga de las próximas elecciones. En todo caso, el Ejecutivo actual ya tenía fecha de caducidad en 2020. ¿Habrá sido un año perdido? ¿Tan difícil es convertir en políticas de Estado, basadas en acuerdos y consenso, lo que son elementos clave de su funcionamiento? 

Flexibilidad y neutralidad tecnológica

Hay un diagnóstico común en generar un cambio energético. Pero no tanto en los caminos que hay que seguir, aparte de la ‘descarbonización’ y aumentar el peso de las renovables. Y fomentar el ahorro. La principal reclamación es "flexibilidad" en las normativas, pero que no cambien caprichosamente, y "neutralidad en las tecnologías".

Pide Luis Munera (Agencia Internacional de la Energía) que se deje que las diversas "tecnologías compitan entre sí. Que las intensivas en CO2 cuesten más, pero no descartar ninguna durante la transición. No prohibir". Antonio Brufau (Repsol), remacha que "no sabemos cómo serán las tecnologías en 2050. Ahora está cercana a lograr encapsular el CO2 en el propio coche. Es como que la central térmica lo capture, para reaprovecharlo…".

Para Manuel Fernández (Naturgy) el mercado debería llevar a cobrar "por la variable marginal" de la producción y "tarifa plana" para el consumidor. Dar al gas "un papel clave en la transición energética hasta 2050" (lo atribuye al comisario europeo Cañete) y fiar menos a las interconexiones, «muy caras". No se ve claro el sistema de almacenamiento en baterías porque "hablan en kW y la seguridad del suministro lo hace en megavatios". Ni siquiera el coche eléctrico tiene todas las bendiciones, cuando el "demonizado" motor de combustión puede evolucionar muchísimo.