Se avecina una intensa campaña electoral en las próximas semanas, con el culmen en las elecciones generales de final del mes de abril (28A). Comicios que conformarán un nuevo Ejecutivo que tendrá en su lista de tareas pendientes que acometer el tan necesario impulso a la economía digital y la transformación del modelo productivo del país.

Punto de partida

La relevancia de la transformación digital de nuestro país en la agenda política responde (o debería responder) a una serie de datos que plantean un punto de partida muy complejo para la evolución económica y social de España en el siglo XXI.

Sin ir más lejos, España ocupa la décima posición en el ranking europeo DESI, por encima de Alemania o Francia, pero con notables lagunas en la oferta de profesionales TIC, donde seguimos por debajo de la media de la UE. Si nos atenemos a otro indicador, en este caso el informe NRI, nuestro país apenas ocupa la posición 35 a escala mundial por su nivel de digitalización. Como referencia, y ateniéndonos al tamaño de nuestra economía, la CEOE estima que deberíamos ocupar los puestos séptimo y vigésimo, respectivamente. 

Mientras, otro estudio más específico, realizado por Accenture y Oxford Economics, nos sitúa en la plaza 11 entre las 14 principales naciones del globo. Tampoco hay buenas noticias en las cifras de inversión en innovación dentro de nuestras fronteras: este porcentaje ronda actualmente el 1,2% del PIB, cuando el objetivo está marcado en un (imposible) 3% para el próximo curso.

Al bajar los números al terreno, la visión es igualmente decepcionante: España es uno de los países con mayor producción científica de Europa, pero uno de los que menos patentes registra. Al mismo tiempo, los casos de empresas de base digital naciadas en nuestro país y que hayan conseguido consolidarse a escala internacional pueden contarse con los dedos de una mano: Alien Vault, Cabify o Carto figuran entre las pocas excepciones. Y tan solo tres de ellas (Amadeus, Cellnex o Indra) forman parte del IBEX 35, a diferencia de la nutrida representación que encontramos en Alemania, Francia o Reino Unido.

Estrategia de país

Una de las principales lagunas que explican estos malos resultados es la falta de una estrategia de país en materia de digitalización. Para muestra, un botón: Francia ha elevado su apuesta por la inteligencia artificial con una aproximación al más alto nivel (encabezada por el propio presidente, Enmanuel Macron) que ha conseguido atraer inversiones milmillonarias de empresas norteamericanas y la configuración de un pujante ecosistema de startups locales. Lo mismo ha sucedido en otros lares como Israel, Singapur o los países nórdicos.

Esta falta de un plan ambicioso, suscrito por todos los partidos políticos y que involucre a las comunidades autónomas, explica en gran parte la dicotomía existente en nuestro país respecto a lo digital: gozamos de algunas de las mejores infraestructuras de redes del Viejo Continente y de un uso masivo de herramientas como la administración electrónica, pero al mismo tiempo pecamos de un tejido productivo muy reducido en comparación con nuestros vecinos. Tampoco la falta de apoyo público a la hora de dar visibilidad internacional a los proyectos patrios ayuda en absoluto (la presencia española en foros y ferias internacionales es prácticamente residual), al igual que las trabas impositivas existentes a la actividad de fondos internacionales que puedan invertir en compañías patrias.

La dura burocracia

Uno de los temas recurrentes en los mentideros del sector es la falta de protagonismo que la estrategia digital tiene en el organigrama del Gobierno. Durante años, se vino exigiendo la creación de un ministerio dedicado en exclusiva a estos menesteres -como ya disponen otros países del mundo-, pero finalmente hubo que conformarse con la inclusión del apellido de Agenda Digital en el ministerio de Energía y Turismo durante la última etapa de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. Con el Gobierno de Pedro Sánchez y la pertinente reorganización de carteras, ni eso: desapareció cualquier mención similar.

Sin embargo, como explica el presidente de la patronal Ametic, Pedro Mier, no se trata únicamnete de una disputa nominal, sino del reflejo del lío de competencias existente en torno a este tema. "Deberíamos tener una vicepresidencia digital, pero lo importante no es tanto el nombre, sino que tenga competencia directa en todas las áreas involucradas en la tranformación digital, porque estamos tocando incluso materias pertenecientes a educación o cultura". No en vano, recordemos que actualmente los designios en materia digital los comparten tres ministerios: Industria (Reyes Maroto), Economía (Nadia Calviño, de la que depende el Secretario de Estado, Francisco Polo) e Innovación (Pedro Duque).

Pero la estructura de la Administración plantea muchos más problemas. Como han detallado varios directivos del sector TIC a INNOVADORES que prefieren no ser identificados, existe un grave problema en el gran mecanismo de incentivos para que sean las propias administraciones las que tiren del carro. Hablamos de la compra pública innovadora, un mecanismo que es "ineficiente", "prácticamente desconocido" y "odiado por las administraciones regionales y por los interventores, que no entienden sus riesgos y nunca la ponen en marcha".

Las propuestas

Con todo ello, cabe preguntarse qué es lo que cada uno de los partidos políticos propone en la arena de la digitalización de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril. Por el momento, ninguno de los principales candidatos ha planteado su programa al respecto, pero podemos hacernos una idea de sus apuestas en base a las propuestas realizadas en los últimos comicios y a los planes presentados en el Congreso de los Diputados en los últimos meses.

En el caso del PSOE, su línea quedó marcada por los anuncios realizados por Pedro Sánchez en el South Summit del pasado curso y refrendados por Francisco Polo en numerosas ocasiones. Por lo pronto, los socialistas han impulsado una Ley de Startups que dote de una naturaleza jurídica específica a este tipo de compañías. Además, han mantenido los planes de despliegue del 5G y las subastas del espectro radioeléctrico que había encaminado el PP, además de corregir algunos errores graves de los populares, como la no transposición a tiempo de la directiva europea de ciberseguridad y que a punto estuvo de costarle a España una cuantiosa sanción de la Unión Europea. El presidente del Gobierno también ha dado una especial importancia a la inclusión de las mujeres en esta industria, además de mejorar la conexión entre las distintas aceleradoras e incubadoras de nuestro país. Todo bajo el paraguas de la estrategia Startup Nation que no ha llegado a ver la luz en los ocho meses de mandato.

Un enfoque muy específico que resulta, a su vez, el gran defecto de su programa, a juicio de Mier: "Está muy bien querer ser una nación emprendedora, pero el discurso debe abarcar también a las medianas y grandes empresas que son las que verdaderamente generan puestos de trabajo y riqueza".

Pasando al Partido Popular, su propuesta en materia digital resulta, en general, vaga. Durante el Gobierno de Rajoy, se nombró como secretario de Estado de Agenda Digital a José María Lasalle, polémico desde el primer minuto por su desconocimiento completo del sector y su inacción en un área tan crucial como ésta. El ministro del ramo, Álvaro Nadal, tampoco se quedaba atrás, y se conformó con repetir que España debía "poner más foco social, político y económico en esta transformación", pero sin concretar ni una estrategia de país en esta materia ni actualizar la Agenda Digital que ya existía. Si, por el contrario, optamos por ver su papel en la discusión desde que lidera la oposición, el PP se ha limitado a criticar la tasa Google y a incluir en su "decálogo para España" una mención que reza -literalmente- lo que sigue: "Perspectiva acorde con un tiempo nuevo, en sintonía con las transformaciones tecnológicas y sociales que estamos viviendo".

Por su parte, Ciudadanos presentó en marzo de 2018 una proposición no de ley para una nueva Agenda Digital, que incluía entre otras medidas  "un plan nacional de cobertura wifi a dos años", "incentivos para recompensar el proceso de transferencia de tecnología entre organismos académicos e industria nacional" y un sandbox para testar nuevas tecnologías, guante este último recogido también por el PSOE.

Por último, Unidos Podemos reduce sus propuestas a lograr la "alfabetización digital universal", a prepararnos para un futuro laboral plagado de robots o a restringir el uso de nuestros datos personales por parte de multinacionales (pese a que es un tema que se lidera directamente desde Bruselas mediante normas como el GDPR, primero, y la esperada ePrivacy).

Debates regulatorios

Gran parte de la discusión en materia digital de cara a los próximos comicios pasa por una controvertida regulación aprobada por el Gobierno de Sánchez: la conocida como tasa Google. Este gravamen del 3% a los servicios de publicidad, intermediación y la venta de datos es pionero en Europa, donde las diferencias de criterio entre Alemania y Francia han impedido hasta ahora la gestación de un impuesto común en toda la UE.

La medida prevé recaudar 1.200 millones de euros anuales procedentes de compañías que facturen más de 750 millones a escala global y tres millones en España. ¿La razón? Combatir las prácticas fiscales que las multinacionales norteamericanas usan para evadir impuestos por la actividad generada en nuestro país, con las miras puestas en dos piruetas contables: el "sándwich holandés" y el "doble irlandés".

La convocatoria de elecciones ha frenado la entrada en vigor de la tasa, que ha recibido duras críticas desde distintos frentes. Por un lado, Ametic ha alertado de las "graves consecuencias" de la propuesta, mientras que el Partido Popular ha acusado al Ejecutivo de "querer sangrar a las empresas tecnológicas", de generar "inseguridad jurídica" y provocar un "lamentable impacto en la economía digital de España". Ironías de la vida, este impuesto había sido ideado por Cristóbal Montoro durante el gobierno popular, quien llegó a enviar un plan sobre la tasa a Bruselas.