El interés por el negocio de la criptomoneda se ha disparado en Irán en la actual época de sanciones, pese a las trabas impuestas por las autoridades que, hasta hace poco, perseguían las actividades de este sector. Rodeado de controversia desde sus inicios, el aumento sin precedentes de las "granjas de minado" en Irán, así como del interés por esos intercambios financieros sin intermediarios, ha forzado al Gobierno a dar marcha atrás en su veto de dos años.
"Es un campo totalmente en crecimiento en Irán y, aunque no disponemos de cifras exactas, hay miles de personas trabajando en minado, comercio o investigación", aseguró a Efe Hamed Salehí, activista y director de un instituto de investigación sobre la criptomoneda.
Salehí destacó que "los freelance son los que están sacando el mejor provecho", principalmente los que trabajan con el extranjero, que mediante la criptomoneda pueden realizar intercambios financieros pese a las sanciones que impuso Estados Unidos a Irán el año pasado a varios sectores, entre ellos el bancario.
El activista consideró que "no se podía impedir" este tipo de trabajo, que comenzó en Irán hace un lustro y cuenta ahora con "comunidades muy fuertes", y que la decisión del Ejecutivo iraní de legalizarlo fue "un paso hacia delante positivo". "El Gobierno se dio cuenta de que este trabajo existe y, si no lo controla por vías legales, se convierte en clandestino y pierde así las ganancias (impuestos) que puede lograr mediante su regularización", subrayó.
El proyecto de ley ratificado por el Gobierno no reconoce las criptomonedas como moneda de curso legal y el Banco Central tampoco garantiza su valor, pero permite el minado, aunque estableciendo ciertos límites.
Los llamados mineros deben contar con la aprobación del Ministerio de Industria y ubicarse a cierta distancia de las capitales provinciales, según la normativa, que establece asimismo tarifas especiales más elevadas para la energía utilizada en estas granjas.
Estas medidas llegaron poco después de que salieran a la luz informaciones de que las granjas mineras se multiplicaban por todo el país y también en lugares donde se ofrecía electricidad subsidiada, que en Irán tiene un precio irrisorio.
Las transacciones de criptomonedas como el famoso bitcoin entrañan un enorme gasto eléctrico ya que para garantizar su seguridad se requiere que todos los miembros del sistema se involucren en la verificación de las operaciones. Al margen del problema con estos gastos, las propias máquinas estaban entrando en el país de contrabando, un asunto que a partir de ahora debería resolverse.
Salehí reconoció que estos cambios llevan "algo de tiempo", pero expresó su esperanza en que pronto las autoridades emitan unos reglamentos y que las máquinas puedan ser importadas legalmente y no sean confiscadas en la aduana.
Gracias a esta nueva situación, Salehí y otros activistas lanzaron recientemente una campaña de recogida de fondos mediante bitcoin, ethereum o litecoin, en la que los donantes permanecen anónimos, para ayudar a los decenas de miles de damnificados en las fuertes inundaciones que asolaron Irán este año.
El objetivo de la iniciativa "IranRescueBit" es entregar ese dinero a la Media Luna Roja de Irán, cuyas cuentas fueron bloqueadas por EEUU en medio de las actuales sanciones, lo que ha dificultado incluso la recepción de fondos para temas humanitarios.
La utilidad de la criptomoneda para sortear las sanciones, impuestas al sector bancario iraní por EEUU el año pasado tras retirarse del acuerdo nuclear de 2015, tiene no obstante sus limitaciones. "Puede ayudar a cientos de miles de freelance a los que las sanciones les han creado problemas para el intercambio del dinero, pero veo difícil que sirva a gran escala" para el gobierno o grandes empresas, comentó Salehí.
Por ejemplo, este año un comerciante de alfombras de la ciudad norteña de Tabriz vendió su mercancía al extranjero a cambio de bitcoin, una moneda con la que se puede pagar también algunos hoteles alternativos en Irán. Los bitcoins pueden luego cambiarse por moneda local, el rial, en algunas casas de cambio en un sector, que como subrayan sus activistas, es para los ciudadanos y no para los gobiernos.