Mayrata Conesa (Aenor): "El buen gobierno es clave para la sostenibilidad de las empresas no cotizadas"

Este mes, AENOR ha lanzado una nueva certificación de buen gobierno destinada a empresas no cotizadas. Una iniciativa resultado del éxito conseguido con su primera solución de certificación en buen gobierno corporativo, lanzada en 2021, y que ya ha respaldado las prácticas de grandes empresas cotizadas como Banco Santander o Prosegur.

Esta nueva propuesta, basada en estándares internacionales, está diseñada para entidades como empresas familiares, asociaciones o cooperativas. Su objetivo es promover la sostenibilidad y generar valor ante stakeholders clave, en un contexto donde el 88% de las empresas españolas no cotizadas ya reconocen el gobierno corporativo como prioritario.

En esta entrevista, Mayrata Conesa, responsable de Buen Gobierno y Compliance de AENOR, detalla las características de esta certificación, que busca profesionalizar las prácticas de gobernanza de las organizaciones no cotizadas. Conesa explica cómo este esquema responde a la creciente necesidad de adoptar estándares robustos que alineen los intereses de inversores, clientes, empleados y la sociedad en general.

¿Por qué es relevante que las empresas que no cotizan en bolsa también adopten buenas prácticas de gobierno?

Para las sociedades cotizadas, el buen gobierno ya no es algo opcional; deben cumplir una serie de obligaciones y alinearse con las recomendaciones que marca la CNMV. Sin embargo, fuera de ese ámbito, es fundamental que las organizaciones profesionalicen y evolucionen sus modelos de buen gobierno como garantía de sostenibilidad a largo plazo.

Actualmente, existen varias certificaciones relacionadas con la ética y el cumplimiento, pero ¿qué ofrece esta nueva certificación de AENOR que no aporten las ya existentes? ¿Podrías comentar algunos elementos diferenciadores o aspectos que la hacen única?

Las certificaciones ya existentes en materia de cumplimiento abordan solo algunos de los elementos significativos del buen gobierno, potenciando la relevancia del enfoque a riesgos y el control interno. Entre ellas, cabe destacar las certificaciones de compliance penal o la de gestión antisoborno. Es cierto que estas soluciones fueron las primeras en atribuir funciones específicas a los órganos de gobierno y en potenciar este enfoque de gobernanza, así como la relevancia de que determinadas cuestiones tengan presencia y deban ser abordadas desde los órganos de gobierno.

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Pero esta nueva solución está orientada al modelo de gobernanza o buen gobierno, por lo que incluye muchos otros elementos como, por ejemplo, el propósito, la estrategia, la gestión de riesgos y la toma de decisiones. Lo importante es que se pueda evidenciar la implicación y participación directa de los órganos de gobierno en esas cuestiones.

Además, esta solución aborda cuestiones relevantes en relación con el funcionamiento y las competencias de los propios órganos de gobierno. Es fundamental que las organizaciones reflexionen sobre qué competencias se requieren en los integrantes de estos órganos, ya que no se trata solo de conocer el negocio, el sector o la actividad, sino que los retos actuales implican conocimiento de materias muy transversales, como ciberseguridad, IA, sostenibilidad…

En cuanto a los criterios que AENOR utiliza en sus evaluaciones, ¿qué áreas o prácticas son clave para lograr la certificación de buen gobierno?

Los requisitos de esta solución que las organizaciones deben cumplir se estructuran en tres grandes bloques- El primero hace referencia a los principios de gobernanza y buen gobierno, en los que se incluyen cuestiones como el propósito, la gestión de riesgos, la rendición de cuentas o la estrategia.

El segundo tiene que ver con los propios órganos, sus competencias y funcionamiento. Y, finalmente, todos aquellos elementos de evaluación del modelo de buen gobierno y gobernanza, como políticas, informes de gestión…

Respecto a los pasos que sigue AENOR para verificar que una empresa cumple con los estándares de buen gobierno, ¿cuál es la duración típica de este proceso y qué fases incluye, desde la auditoría hasta la obtención de la certificación?

Es una auditoría de un sistema de gestión, por lo que la duración queda condicionada por los datos que la organización nos aporte, los cuales nos permiten personalizar la oferta. La auditoría inicial consta de una primera fase para conocer el diseño del modelo y una segunda fase para verificar su nivel de implantación.

Reuters.

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En caso de que se detecten hallazgos, la organización debe presentar un plan de acción sólido que permita emitir la certificación y verificar su cumplimiento en la siguiente auditoría. El certificado se emite por tres años, pero se audita anualmente mediante las denominadas auditorías de seguimiento.

Sabemos que las empresas cotizadas suelen dar prioridad al buen gobierno para ganar la confianza de los inversores. ¿Qué impacto tiene esta certificación para las empresas no cotizadas en términos de reputación, atracción de clientes o posibles alianzas comerciales?

Cada vez más, poder mostrar un modelo de buen gobierno sólido genera la confianza de los grupos de interés, tanto de potenciales inversores como de las entidades financieras, clientes o posibles aliados comerciales.

Pero, sobre todo, la profesionalización del buen gobierno es clave para la sostenibilidad de las empresas no cotizadas; es la base de su continuidad. Este sector de empresas aún tiene mucho por avanzar en esta materia, y disponer de un estándar ofrece enormes oportunidades para diferenciarse en el mercado y proyectar una imagen profesional y robusta.

Esta certificación puede, además, contribuir a que sea más sencillo reportar cuestiones relativas a la gobernanza, ya que ordena el modelo de buen gobierno y genera un conjunto de indicadores que miden la eficacia de ese modelo.

Hay empresas que consideran el buen gobierno y la responsabilidad social como aspectos independientes, pero en realidad están estrechamente ligados. ¿Cómo integra AENOR estos elementos y de qué forma contribuye al desarrollo integral de una empresa responsable?

La propia solución contempla como uno de los principios de gobernanza el de la responsabilidad social. Su importancia radica en que eleva al nivel de los órganos de gobierno aquellas cuestiones trascendentales para asegurar la sostenibilidad de las organizaciones, entre ellas el enfoque de la responsabilidad social y su integración en la estrategia de la compañía.

El buen gobierno no es exclusivo de las grandes empresas; en las pymes también juega un papel relevante, sobre todo teniendo en cuenta que conforman más del 90% del tejido empresarial de nuestro país. ¿Tiene AENOR alguna estrategia para ampliar esta certificación o apoyar a las pymes en la adopción de buenas prácticas de gobernanza?

Esta solución ha tenido en cuenta la Guía de Buen Gobierno para PYMES, lo que permite su aplicación en este segmento. No obstante, implica un esfuerzo y una preocupación por esta materia para poder abordar con éxito la certificación.