Un 5,6% más de gasto en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado. Esta cifra, anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parecía reflejar todas y cada una de las declaraciones de los diferentes miembros del Gobierno (desde ministros hasta directores generales) apostando por el I+D en nuestro país. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.
Con un total de 357 millones de euros, las partidas en I+D se han incrementado por encima del IPC, lo que sin duda es una buena noticia. Sin embargo, hay que profundizar para ver más allá de una cifra de crecimiento, porque la clave es a qué se dedican esos fondos que están aumentando.
De los 357 millones de euros, hay 145 que son préstamos (Capítulo 8), pero si echamos la vista atrás en 2018 solo se ejecutaron el 30% de los préstamos previstos en los PGE. En el capítulo 7, hay un incremento de 117 millones, entre los que se incluye una partida para la cobertura en Seguridad Social de los becarios (12 millones).
Así, en este capítulo podemos comparar los fondos que se destinan a organismos como la Agencia Estatal de Investigación y el CDTI. Mientras se destinan 81 millones a aumentar los fondos Agencia, organismo que realiza las convocatorias públicas de I+D+i y que se centra más en el sector público que en el privado, el CDTI cuenta con 10 millones nuevos, pero destinados a su gestión y administración interna, no para financiar o impulsar proyectos empresariales (se mantienen los 60 millones que ya tenían para este tipo de planes).
Respecto a la principal herramienta con la que cuentan los centros tecnológicos es la llamada Red Cervera, a la que se destinan unos fondos de 20 millones en subvenciones, que son los mismos que había el año pasado. Sí que se han incrementado los fondos en préstamos para empresas (al igual que el ejercicio anterior hay 400 millones previstos), con un fondo de garantía de 150 millones (frente a los 80 de 2018). “En año pasado no llegaron a ejecutar nada, aunque estaba convocado”, señala Díaz.
Por último, también hay que añadir los 100 millones nuevos de fondos que se reparten entre los capítulos 1 y 6, es decir para el funcionamiento interno de la administración, como personal, por ejemplo. Y en estas partidas los grandes beneficiados son los organismos públicos de investigación (OPI) -como el CSIC-, que tiene un incremento de 85 millones de euros en gastos.
Así, las inversiones en I+D+i orientadas a empresas se resumen en dos grandes grupos: lo destinado a CDTI, que son 80 millones para subvenciones, que no se han incrementado respecto al pasado ejercicio; y los fondos de financiación del programa Agenda Digital, cuyas subvenciones se han mantenido en torno a los 56 millones, prácticamente igual que en 2018.
¿Para qué queremos la I+D en España?
“Estos presupuestos no tienen una visión de conjunto de para qué queremos utilizar la I+D en España: si la queremos como una herramienta para fortalecer la ciencia pública de universidad y OPIs se ha conseguido el objetivo”, lamenta a INNOVADORES el director general de Fedit, Áureo Díaz.
Incide en que estas cuentas no tienen la visión de utilizar la I+D como “herramienta para mejorar la competitividad de las empresas, ni para mejorar los índices de innovación, en los que estamos cayendo año tras año sin ponerle ningún remedio” con estos PGE.
“Es un mensaje un poco repetitivo. Si al final queremos la I+D para que queden muy bien los datos de inversión pública en España, seguiremos teniendo estos datos, pero no se está utilizando en fomentar la inversión privada en este campo, sino en recuperar los recortes de años anteriores en el sector público”, puntualiza.
Díaz concluye que en los últimos meses los representantes públicos han hablado mucho de la importancia de la I+D para mejorar la competitividad de España, pero “a la hora de verdad se han apalancado estos fondos en la parte pública”, a pesar de que hacen falta mejores herramientas, “menos préstamos y más subvención, para que la empresa vea que también hay una parte de ese riesgo que asume la Administración”.
El director general de Fedit se ha mostrado “un poco decepcionado”, sobre todo, añade, “después de haber conseguido que el mensaje calara, de que era necesario implicar a las empresas para evitar que la inversión privada siga cayendo. Todo apuntaba que se había entendido ese mensaje, pero el instrumento esencial, los Presupuestos Generales del Estado, no acompañan y las políticas siguen funcionando solo a base de préstamos”.