Considerar la investigación como una inversión y no como un gasto. Y para conseguirlo la I+D+i no tiene que estar sujeta a la Ley de Subvenciones. Esta es la principal reivindicación que realizan los rectores del llamado Grupo 9 de Universidades,  integrado por las universidades públicas españolas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas, que tras su asamblea general inciden en que los trámites burocráticos suponen un obstáculo a la labor investigadora, “sobre todo en lo referente a la justificación”.

En esta asamblea general también se ha abordado el desarrollo de la nueva normativa referida a las prácticas académicas externas que contempla su cotización a la Seguridad Social. Se considera "positivo" el hecho de que las prácticas computen a los estudiantes como periodo de cotización a la Seguridad Social, pero se pide que se mantenga su bonificación al cien por cien.

En este sentido, desde el G-9 se valora que el Gobierno central haya manifestado ahora su intención de contar con las universidades para elaborar esta nueva norma, después de que las universidades expresaran su preocupación y malestar cuando se anunció la medida, ya que, de tener que asumir ellas las cuotas, supondría un coste global cercano a los 74 millones, además de los trámites burocráticos que generaría a las universidades.