El sector público estatal español solo invirtió en 2018 uno de cada dos euros del presupuesto disponible para I+D+I, según datos publicados por la Intervención General del Estado (IGAE). España disponía el año pasado de 7.003 millones de euros de presupuesto público para el conjunto de la Política 46 (I+D+I), de los cuales se invirtieron de forma efectiva 3.278, el 46,8%, según analiza la Fundación Cotec.

Esta tasa de ejecución presupuestaria es la segunda menor desde que se empezó a registrar el dato, en el año 2000. El peor registro corresponde a 2017 (46,6%). Las dos décimas de subida del año pasado suponen de hecho la primera mejoría desde 2013. En términos efectivos, el incremento en la inversión fue de 238 millones de euros.

En 2018, el 90,5% del presupuesto para I+D+I no ejecutado "se concentró de nuevo" en el gasto financiero, si bien la tasa de ejecución presupuestaria en este apartado experimentó la primera mejoría en 12 años. El gasto financiero concentró cerca del 60% del total del presupuesto para I+D+I, 10 puntos porcentuales más que en 2008. Por contra, su tasa de ejecución fue del 19,7%, muy por debajo del 80% de 2008, y sin embargo un punto y medio por encima del 18,1% del año previo. Este avance se concretó en 122 millones de euros más de inversión, para sumar un total de 827. Esta cifra sigue, en todo caso, muy lejos del máximo histórico, 3.877 millones de euros, registrado en 2009.

La Agencia Estatal de Investigación, el ente que gestiona las principales convocatorias de proyectos consignadas en el Plan Nacional de I+D+I, mantiene en su segundo año de presupuesto propio una tasa de ejecución del 82%. Esto significa que uno de cada cinco euros del dinero presupuestado no acaba llegando a los investigadores.

La I+D+I es, con una diferencia significativa, una de las partidas que menor tasa de ejecución presupuestaria registra entre todas las políticas del sector público estatal, solo por detrás de Comercio, Turismo y Pymes (43,4%). De hecho, son las dos únicas políticas cuya ejecución quedó por debajo del 75% en 2018. En el otro extremo de la tabla, con tasas por encima del 90% de su presupuesto ejecutado, aparecen las políticas de Pensiones, Defensa, Justicia y Seguridad ciudadana.

Si se desagregan las cifras entre Administración General del Estado y organismos y agencias estatales se observa "una enorme disparidad tanto en las tasas de ejecución como en la distribución de los capítulos de gasto". Mientras que la tasa de ejecución de los organismos ha mantenido una tendencia constante desde 2000 en torno al 90%, la ratio relativa a la AGE se ha desplomado de manera progresiva, hasta alcanzar su mínimo histórico en 2017, cuando se situó en el 29,7%.

El año pasado supuso "un punto de inflexión" en esta tendencia. La tasa de ejecución del subsector Estado se incrementó en 2,2 puntos porcentuales, hasta el 31,9% (incrementando el gasto efectivamente ejecutado en el último año en 226 millones). Por el contrario, la tasa de ejecución del resto de organismos del sector público estatal se redujo, pasando del 88,1% en 2017 al 84,6%. Este retroceso no se traduce, sin embargo, en una reducción del gasto efectivamente ejecutado (11 millones más que en 2017). "La explicación es, de nuevo, que se les había asignado un mayor presupuesto".

En la primera década de siglo la tasa de ejecución en políticas de I+D+I rondaba el 90%. Desde 2009, cuando se registró el nivel máximo de inversión efectivamente ejecutada (8.476 millones de euros, un 81,6 % de lo presupuestado ese año), "se han venido desplomando tanto los presupuestos asignados a I+D+I, como su aplicación efectiva, acumulando caídas del 33% y de 35 puntos porcentuales, respectivamente", concluyen desde Cotec.