Hay múltiples diagnósticos de la situación del sistema español de ciencia, tecnología e innovación en España, pero todos coinciden en que la inversión en I+D+I en España lleva varios años reduciéndose, tanto en términos absolutos como en el peso específico que tiene respecto al PIB español. En 2010 según el INE la inversión en I+D+I era de 14.588 millones de euros (un 1,39% del PIB), en 2016 bajó a 13.260 millones (un 1,19% del PIB).
Estas cifras son más que un apunte macroeconómico, y representan el origen del principal problema que afronta la I+D+I en España: no hay suficientes entidades, públicas y privadas, interesadas en invertir en investigación científica e innovaciones de mercado que puedan, en última instancia, mejorar la salud de la industria española. Para alcanzar el objetivo declarado de que la industria española alcance el 20% del PIB en 2020, es imprescindible mejorar la inversión en I+D+I.
El aumento de la inversión (pública y privada) en ciencia e innovación conseguirá mejorar la competitividad del tejido empresarial español, que tendrá acceso a más oportunidades en el mercado global, podrá crecer, y competirá mejor al poder afrontar retos de mayor riesgo debido a su creciente potencial económico. Un país sin un sector industrial fuerte está condenado a competir en servicios (en España, principalmente el turismo) y a conseguir que terceros países inviertan en fábricas manufactureras (donde se compite, sobre todo, a través de la reducción de costes, y especialmente en salarios).
Con los instrumentos actuales, la herramienta de los Presupuestos Generales del Estado no está siendo útil para impulsar el crecimiento de esta inversión, ya que la Administración Pública sólo garantiza la ejecución de los fondos públicos comprometidos en forma de gasto no financiero (subvención o transferencias a organismos públicos para asegurar su funcionamiento). Pero el grado de ejecución de fondos no financieros (préstamos al sector privado) sigue cayendo año tras año, demostrando que fallan los instrumentos necesarios para que las empresas utilicen estos préstamos.
Además, es necesario resaltar la endogamia de la inversión pública en I+D+I: de los más de 7.000 millones de euros comprometidos para 2018 por el Gobierno en materia de I+D+I, sólo 2.800 millones no constituyen préstamos. Y de esta cantidad, algo menos de 1.300 millones constituyen subvenciones públicas competitivas que irán a la sociedad civil para desarrollar I+D+I. El resto revierte de nuevo en los organismos públicos dependientes del Estado.
Las barreras en la inversión privada en I+D+I tienen que ver, fundamentalmente, con el riesgo inherente a cualquier desarrollo científico y tecnológico y la falta de garantías de que se pueda llegar a implantar una solución exitosa en el mercado. La ausencia de confianza y de modelos de riesgo (y beneficio) compartidos entre los beneficiarios de los préstamos y la propia Administración Pública, dificultan el acceso de la inversión de las empresas en I+D+I (éstas deben afrontar en exclusiva las consecuencias de que los desarrollos tecnológicos financiados con estos préstamos no sean exitosos).
En este contexto, hay múltiples palancas (legislativas, fiscales, adaptación de programas y convocatorias públicas de I+D+I) que deben probarse para incrementar este nivel de ejecución de los fondos públicos disponibles para I+D+I. Algunas de ellas son estratégicas y pasan por fomentar la cooperación de los centros tecnológicos como socios de las empresas interesadas en invertir en I+D+I: su enfoque de la investigación es empresarial, conocen el lenguaje y los tiempos requeridos por la industria, y están estatutariamente obligados a incluir una mayoría de representantes empresariales en sus órganos de decisión, los cuales definen las líneas tecnológicas estratégicas del centro tecnológico a largo plazo en relación con el propio sector.
Esta relevancia es demostrable cuando se analiza el volumen de inversión empresarial que capta este colectivo por cada investigador o los fondos privados que se apalancan con cada participación de un centro tecnológico en programas internacionales de apoyo a la I+D+I como Horizonte 2020 o los anteriores programas marco europeos.
Cada euro que retornan los centros tecnológicos en Horizonte 2020 consigue otros 3 euros (de media) captados por las empresas con las que participan en ese proyecto: el éxito de la cooperación con empresas está en el ADN de los centros.
Por eso entendemos que es necesario impulsar desde el Gobierno la apuesta por los centros tecnológicos, por el impacto que tendrían en la mejora de los indicadores de inversión empresarial en I+D+I, y por el impulso a la reindustrialización que supondría este refuerzo de la colaboración en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.
Para generar una mayor confianza en los inversores, es necesario que el sistema español de ciencia, tecnología e innovación introduzca modificaciones destinadas a conseguir una mayor previsibilidad en las herramientas puestas a disposición de los beneficiarios, una asignación de fondos plurianual que garantice estabilidad en la inversión y seguridad con independencia del panorama político en el que se suceda. Igualmente deberían impulsarse medidas de coordinación central que aseguren niveles de inversión relativa similares entre las diferentes Comunidades Autónomas para evitar duplicidades y mejorar el efecto conjunto de estas políticas de innovación.
También se precisa una mejora del sistema de centros tecnológicos españoles, avanzando hacia una red más colaborativa y con más recursos para capacitarse que les homologuen con sus socios europeos los cuales tienen el apoyo público que necesitan para conseguir mejores resultados en sus líneas estratégicas de investigación.
Sería indispensable poner en marcha un sistema de financiación estructural y sostenible de las líneas de investigación a medio y largo plazo de los centros, facilitando la cooperación con otros agentes del sistema y exigiendo resultados de retorno en función de la inversión efectuada. También se precisa apoyar su inversión propia en infraestructuras y equipamiento con herramientas desde la Administración.
Esta potenciación de las capacidades y recursos de los centros tecnológicos debería hacerse en el marco de una organización estructurada en red que diese cabida a todos los centros tecnológicos, con el fin evitar duplicidades del sistema, potenciar la cooperación de los mejores investigadores independientemente del centro en el que se encuentren y tener una visión conjunta del impacto que conseguiría este colectivo en la reindustrialización del país. También sería una forma más eficiente de asignar los recursos públicos de que podrían disponer en su conjunto.
Finalmente, es prioritario una adaptación de los programas y convocatorias públicas actuales de apoyo a la I+D+I, que añadiría a lo anterior un programa nacional de investigación aplicada orientado a la mejora de la competitividad empresarial a corto y medio plazo, fomentando la colaboración entre centros tecnológicos y con otros organismos de investigación e incluyendo a las empresas interesadas en poner en marcha los resultados obtenidos en el proyecto que deberán acreditar resultados específicos en transferencia de tecnología y obtención de resultados en el mercado.
También sería prioritario un programa que fomente la participación española en programas internacionales de I+D+I que tengan en cuenta las actividades desarrolladas por los centros tecnológicos para impulsar la captación de fondos para las empresas y los propios centros, lo cual ayudaría a cubrir, como en otros países, los costes indirectos que no cubren estos programas internacionales y suponen otra barrera de acceso de las propias empresas y centros.
Áureo Díaz-Carrasco, director Fedit