En el reciente Congreso Nacional de Registradores de España celebrado en Sevilla se generó una interesante polémica cuando la periodista de investigación Mar Cabra quiso desenredar un apretado nudo gordiano: ¿qué pasa cuando un medio de comunicación trata de cruzar los datos masivos a los que ha tenido acceso gracias a una filtración (en su caso los dossieres de los llamados Papeles de Panamá) con los datos disponibles en los registros públicos españoles? ¿Acaso no deberían ser éstos gratuitos para facilitar la lucha contra la corrupción?

Así sucede en países como Reino Unido, donde son las empresas las que costean el registro de su información pública. Eso permitió a The Guardian obtener una de sus grandes exclusivas en la carrera periodística que se abrió tras la filtración de los dossieres. Pero en España los que pagan son los usuarios: un medio español habría que tenido que abonar dinero uno a uno por cada dato de los registros. 

El problema de fondo sirve para caracterizar esa pesada lona gris que cubre la actual etapa de la historia, en la que conviven prácticas heredadas de la era analógica con otras recién almubradas de la era digital. Y claro, no paran de surgir motivos para el desconcierto. En España, exprimiendo la anécdota, tenemos una regulación registral concebida antes de que se democratizaran las tecnologías que permiten el análisis masivo de datos. Operativamente resultaba poco crítico, hace tres décadas, cargar al usuario con el coste de acceder a los registros. Hoy sí disponemos de tecnologías que permiten el análisis masivo de datos, de modo que la regulación debe cambiar. A no ser que quiera acabar convertida en un escudo de los que delinquen frente a quienes pretenden aflorar actuaciones ilegales.

Ese ‘síntoma de la zona gris’ en el que nos encontramos instalados se extiende a muchos otros ámbitos profesionales. La educación y la sanidad, por ejemplo: ¿sabes en manos de quién están los datos que proporcionas a los centros educativos y de salud, sabes quién los custodia? Hoy podría acceder a ellos y difundirlos cualquiera con un USB en la mano. Sin problemas. Son los restos de la era analógica que tritura y deglute la digital como una apisonadora.

El uso de las redes sociales y de las herramientas de conectividad para crear climas de opinión, ahora que se avecinan acontecimientos de primera magnitud en España. Otro motivo para la preocupación. La legislación va escandalosamente despacio y se necesita un aggiornamento en clave de urgencia máxima. No sólo legislar en materia tributaria para que Google pague en cada país, que para eso sí nos damos prisa. Todo el tiempo que perdamos es bálsamo para los que usan lo digital para burlar la ley.

EUGENIO MALLOL es director de INNOVADORES