No hay ninguna duda de que 2020, y la década que con él (o con 2021, según queramos entenderlo) comienza, va a ser la de la consolidación de este trepidante cambio social y económico motivado por la evolución tecnológica. Durante los próximos 365 días estaremos bien pendientes de todos los avances de la técnica, de su impacto en el empleo, en la productividad o en la seguridad internacional. Y, sin embargo, hay un debate de fondo que apenas ha empezado a cobrar importancia en los últimos meses, a raíz del escándalo de Facebook y Cambridge Analytica: los riesgos legales de este cambio de tercio.

De hecho, la ciudadanía cada vez es más consciente del uso que las big tech hacen de sus datos, analizando y combinando esa información personal para obtener ingentes beneficios. Es la ya consabida discusión sobre los límites de la privacidad, pero que sigue en muchos casos siendo secundaria dentro de los consejos de administración.

Por suerte, la firma de anáisis Gartner señala en un reciente informe que "el interés en los lagos de datos entre los altos ejecutivos está creciendo rápidamente, habiendo aumentado casi cuatro veces en los últimos seis meses". Una vez que el tema se cuele en sus apretadas agendas seguro que comenzaremos a ver estrategias planteadas desde arriba de las organizaciones en áreas como el uso de la biometría para identificar a clientes, la creciente amenaza de la anonimización, la gestión del extraordinario big data de muchas empresas de consumo o cuál puede ser una definición (expansiva o restrictiva) de lo que es un dato personal. Y con esas estrategias llegarán las presiones a los reguladores, las leyes y el debate en la calle. Ahí es nada.

Pero el debate legal tampoco va solo, sino que lleva como inseparable acompañante al aspecto ético. Son muchas las voces y think tanks que han comenzado a versar sobre el aspecto ético de la inteligencia artificial (incluso administraciones, como la UE o el gobierno español), pero falta todavía equilibrar el valor actual y el potencial de estas tecnologías con esos límites que todos asumimos como obvios (respeto a los derechos humanos), que no están claros en ningún documento que sirva de guía, de reglas del juego para las compañías que operan en estas lides. Es la tarea pendiente para 2020.