Privacidad, confianza y coronavirus

Inmersos en esta crisis sanitaria, la del COVID-19 que nos mantiene confinados en el mejor de los casos, asistimos también a un extraordinario despliegue tecnológico que aspira a frenar la expansión del condenado virus que nos trae de cabeza. Así, gobiernos de medio mundo de afanan por lanzar aplicaciones de autodiagnóstico que reduzcan la saturación de sus servicios de atención telefónica, apuestan por sistemas de inteligencia artificial para predecir los siguientes estadios de esta epidemia y, también, abrazan con ahínco la geolocalización y el reconocimiento visual para detectar a posibles infectados y sus círculos cercanos.

Es todo un ejemplo de cómo las innovaciones de base digital se pueden (y deben) poner al servicio de la salud pública, máxime en un momento crítico como el que estamos viviendo. Y, sin embargo, algunas de estas medidas han despertado viejos y nuevos recelos en cuanto a la privacidad y la protección de los datos se refiere. Irónicamente, un debate que apenas figura en un segundo plano de la agenda cuando son empresas con afán de lucro las que aprovechan dichas capacidades.

María González, socia de Privacidad en Écija, desmontaba en un webinar del think tank We The Humans claramente muchos de los bulos que se han ido expandiendo sobre la legalidad de la geolocalización por parte de las autoridades: "La propia normativa vigente ya nos permite que ante situaciones como la que estamos viviendo se pueda hacer un uso extraordinario de los datos, con unas finalidades concretas y determinadas como el interés público, la salud pública y el interés vital de los afectados y la sociedad". Por su parte, David Hurtado, Innovation Lead en Microsoft, reconocía que "hay necesidad de más transparencia e información por parte de las compañías y gobierno en explicar cómo funcionan tecnologías como la IA"; un desconocimiento y falta de educación en la materia que podría estar detrás de esta preocupación instalada en el imaginario colectivo.

Nada nuevo en el plano legal, porque todo se reduce a una cuestión más elemental: si confiamos o no en el Gobierno. "El problema es ¿cómo podemos dar a los ciudadanos la confianza suficiente sobre qué se hace con sus datos?", concluía rotundo Borja Adsuara, exdirector general de Red.es, apelando a la necesidad de algún tipo de organismo o comisión que vele por este cumplimiento de cara a la ciudadanía. 

Y el tema de la confianza difiere mucho del debate sobre la privacidad o la legalidad, estando mucho más apegado a aspectos subjetivos de las personas que a realidades objetivas. Y dada la situación que vivimos, parece normal que muchos desconfíen de las autoridades en prácticamente cualquier terreno. Porque, tal y como dijo Nietzsche, "no me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no pueda creerte".