Constantes y mortales: por qué incrementar la inversión al 2% no eliminará los grandes males de la ciencia

Hace un par de semanas uno de los principales medios de comunicación de este país iniciaba una campaña por la cual se pedía elevar al 2% del PIB la inversión en ciencia. El argumento que se emplea en la campaña iniciada por este medio de comunicación es que “si invirtiendo sólo un 1,24 % de nuestro PIB en ciencia nuestros científicos han desarrollado varios prototipos de vacuna frente al virus de la Covid-19, ¿te imaginas lo que conseguiríamos si invirtiéramos el 2%?”. Esta reclamación viene a sumarse a las peticiones que se han venido realizando desde hace años por parte de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, y a cuyo decálogo se han adherido numerosas personas e instituciones bajo el reciente hashtag de #SinCienciaNoHayFuturo.

En un post previo ya reflexionaba acerca de la situación de las Comunidades Autónomas españolas en Investigación y Desarrollo (I+D), apuntando a que estamos ante una tesitura grave y que puede tornarse en crónica e irreversible. Sin embargo, argumentar que incrementar la inversión en I+D al 2% hará que nuestro sistema científico se equipare al de los países más desarrollados es como pensar que si le hecho más gasolina al coche éste podrá competir en el mundial de F1.

En primer lugar, si queremos incrementar la inversión en I+D, resulta imprescindible entender que la práctica totalidad del gasto en I+D queda representado por los gastos de personal (salarios). Como se puede observar en la siguiente figura, si comparamos el gasto interno en actividades de I+D que se ejecutó en el año 2018 (último año disponible) en las Comunidades Autónomas con el personal dedicado a actividades de I+D en equivalencia a jornada completa (EJC), la correlación entre ambas variables es prácticamente total. Por lo tanto, si hablamos de ciencia, resulta indispensable hablar de los investigadores que nutren el sistema científico.

Como ya apuntaba en un post previo el personal dedicado a actividades de I+D es uno de los que cuentan con una mayor tasa de temporalidad…y de precariedad. Además de reclamar un incremento en la inversión en I+D, es necesario hablar también del futuro de las carreras profesionales del personal dedicado a la investigación científica, ya que entre otros muchos problemas (que probablemente me darían para la totalidad de los posts de este curso académico) hay un claro deterioro de las condiciones laborales, una falta de diversidad en términos de género, una falta de representación y participación en grupos sociales, una falta de estabilidad (económica y personal) como resultado de la ausencia de una carrera a medio plazo en una misma institución (lo que conlleva a la emigración continua), y por ende, una disminución de la capacidad de los sistemas de investigación para retener (ya no digamos para atraer) a los mejores profesionales.

En segundo lugar, cuando se habla de la financiación de la I+D hay dos grandes tendencias sobre las que es necesario detenerse. Por un lado, resulta evidente el estancamiento que ha tenido la inversión en I+D (tanto pública como privada) en la última década. Esta reducción ha conllevado que la mayor parte de la financiación estructural, aquella que garantiza la investigación a medio plazo, tienda a concentrarse en unas pocas instituciones “de clase mundial”, repartiendo “las migajas” (como llaman mis colegas) entre el resto. El efecto San Mateo de toda la vida, vamos.

Por otro lado, y para adaptarse a la anterior tesitura, la mayor parte de las organizaciones de investigación se ven abocadas a buscar una mayor flexibilidad en sus costes de personal y a buscar fuentes de financiación alternativas, generalmente proveniente de convocatorias competitivas, y que suelen tener (por lo general) una duración máxima de 2-3 años. Esta creciente tendencia a financiar la investigación en base a la financiación adquirida por proyectos competitivos hace que los sistemas de investigación dependan cada vez más de cohortes de personal temporal (principalmente estudiantes de doctorado y post-docs), contratados con contratos temporales y precarios (en muchos casos sin derecho a paro y seguridad social), lo que dificulta la acumulación de conocimiento y la posterior contribución de nuevo conocimiento científico.

A su vez, dicha financiación fomenta la obtención de resultados a corto plazo, lo que ejerce una enorme presión sobre los investigadores (para publicar) y sobre las instituciones que perciben dicha financiación (para mostrar altos índices de productividad), dificultando la generación de investigación de primer nivel, y que difícilmente se obtiene en el corto plazo. Es decir, los incentivos existentes fomentan la cantidad científica a corto plazo, en muchas ocasiones, en detrimento de su calidad (que generalmente se obtiene en el largo plazo). Buena prueba de ello es que el sistema científico español se encuentra en posiciones de privilegio en lo que concierne a su productividad, pero no tanto respecto a la calidad de la investigación que se genera en el mismo.

En tercer lugar, y vinculándolo con el anterior argumento, un sistema de ciencia per se carece de sentido, si los resultados que emanan del mismo no resultan útiles para la sociedad. La finalidad de la ciencia es la de generar nuevo conocimiento, pero a dicho conocimiento se le debe otorgar un propósito, una finalidad. Y para ello resulta necesario implicar al personal científico en la transferencia y aplicación de dicho conocimiento para el beneficio de la sociedad (léase empresas, sistema de salud, bienestar de los pacientes, gestión de políticas públicas, etc.). Resulta por lo tanto trascendental no sólo generar conocimiento sino también transferirlo y aplicarlo, fomentando las relaciones entre los agentes sociales, científicos y empresariales.

Esto nos lleva a hablar de otro de los problemas estructurales del sistema científico nacional, y que consiste en que las infraestructuras de conocimiento existentes (léase, universidades y organismos públicos de investigación) no tienen la capacidad de absorber el creciente número de investigadores que “producen” las universidades, lo que conlleva un crecimiento en la competitividad profesional, llevándola a niveles extremos que inciden no sólo sobre la salud de los investigadores (i.e. crecientes casos de stress y depresión) y sobre la ética profesional (i.e. crecientes casos de plagio y de publicación en revistas “depredadoras” que no suscriben los principios éticos de la ciencia).

Para muestra un botón. En nuestro programa de doctorado, este curso académico 20-21 tenemos un total de 15 nuevos estudiantes de doctorado, a quienes al preguntarles sobre sus ambiciones a medio plazo, en un 95% indicaron que aspiran a tener una carrera académica en la universidad. ¿Resulta razonable pensar que nuestra facultad (o cualquier otra) vaya a abrir 15 vacantes de personal docente e investigador de manera anual?

Una posible solución para mejorar la empleabilidad podría radicar en preparar a los nuevos doctores para profesiones científicas que se puedan ejercer más allá de la carrera académica tradicional (p.e. empleo en empresas de base tecnológica, en incubadoras, aceleradoras, centros tecnológicos, administración pública). Sin embargo, para ello se requiere contar con un sistema de innovación competitivo y que tenga la capacidad de poder ofrecer este tipo de carreras profesionales, de manera que éstas resulten más atractivas que la alternativa de la carrera académica. A su vez, resulta necesario modificar los incentivos del sistema científico, fomentando la transferencia y la aplicación de resultados de investigación, en lugar de centrarse exclusivamente en la publicación de dichos resultados en revistas científicas, tal y como se realiza en la actualidad.

Si queremos mejorar la calidad y la capacidad del sistema científico no es suficiente con incrementar la inversión en I+D. No estaría de más que para hacer política científica, también se pueda aplicar algo de conocimiento científico sobre dicha materia, y en vez de centrar nuestros esfuerzos en la inversión en I+D, se amplíe la perspectiva del debate y se adopte una visión sistémica que permita identificar los múltiples frentes que es necesario acometer.

#SinCienciaNoHayFuturo

#SiMalgastamosLaInversionEnCienciaTampocoHayFuturo

Jon MIkel Zabala, investigador de la Universidad de Deusto que trabaja sobre políticas de innovación y miembro de la red de los 100 de COTEC