Si es usted de los que cree que cualquier tiempo pasado fue mejor, sentimos decirle que ese pasado no volverá. De hecho, la velocidad del cambio digital no va a hacer sino aumentar. En realidad, somos muy afortunados. En el transcurso de una vida, vamos a poder ser testigos de no una, sino varias revoluciones tecnológicas asombrosas.

Igual que la suma de la aparición de los smartphones, la democratización de las tarifas de internet móvil y la llegada del 3G cambió por completo nuestra realidad, quién sabe lo que una combinación de redes 5G, inteligencia artificial y herramientas como la realidad virtual nos depararán en los próximos 10 o 20 años.

El futuro es tan fascinante como desafiante. El desarrollo tecnológico trae beneficios inconmensurables, pero al mismo tiempo perpetúa nuestros sesgos, alimenta la polarización social, agrava algunas brechas sociales... Por eso, conviene que hagamos las cosas bien.

El primer paso es proyectar el futuro que queremos y diseñar hojas de ruta que nos permitan llegar a ese futuro. El Gobierno actual ha redactado más de media docena de ellas, siendo la más destacada la agenda España Digital 2025, presentada por el presidente del Gobierno en julio.

Si no sabes adónde vas, cualquier camino te llevará ('Alicia en el País de las Maravillas', de Lewis Carroll)

El segundo paso, igualmente importante y a menudo descuidado, es comunicar esas hojas de ruta a la sociedad, adecuando el mensaje a su público, humanizando el discurso y armando un argumentario que resulte, ante todo, coherente. Un relato sencillo -no por ello simplista o demagógico-, bien hilado y sin fisuras es a la postre mucho más eficaz que un discurso grandilocuente.

Sin embargo, tanto en el ámbito corporativo como en la política reciente, a menudo encontramos ejemplos de medidas que han sido terriblemente justificadas o comunicadas ante la sociedad. Si el receptor percibe incoherencia en un discurso, automáticamente le generará rechazo. En ese momento se cierra la puerta a entablar un debate constructivo. Cuando se trata de digitalizar el país, eso es radicalmente lo opuesto de lo deseable.

Un ejemplo reciente lo encontramos en torno a la llamada ‘Ley Rider’ de la ministra Yolanda Díaz. En lugar de discurrir cómo hacer cumplir las leyes ya vigentes o estudiar la viabilidad de nuevas figuras laborales, se ha trabajado estos meses en un nuevo texto legal dirigido exclusivamente a las plataformas de reparto. Todo un golpe de efecto político. Sin embargo, su borrador definitivo habría pasado por alto todas las propuestas de las empresas en el punto de mira (Glovo, Deliveroo, Uber Eats, Stuart…).

En respuesta, Adigital, Endeavor y la Asociación Española de Startups, tres organizaciones que representan a unas 800 empresas digitales en nuestro país, publicaron un manifiesto muy crítico con el Gobierno. En la raíz de su protesta: la percepción de una disonancia entre lo que el Ejecutivo* dice y hace. 

[*Nos referimos a "el Ejecutivo" como un todo porque, aunque dentro de un gobierno -como en cualquier organización- existen distintas sensibilidades, el mensaje que se proyecta al exterior es único. "Para nosotros el Gobierno es uno solo", decía el presidente de la Asociación Española de Startups, Carlos Mateo, en esta entrevista.] 

Estas asociaciones critican que Glovo y otras startups similares no hayan tenido una voz propia en la negociación de la ley. En la mesa de diálogo, estaban representadas por la CEOE, que agrupa sensibilidades dispares, pero nunca consiguieron reunirse directamente con Trabajo. Se preguntan: ¿cómo encaja esa insuficiente voluntad de interlocución con los mensajes de apoyo a las startups que emanaron de la presentación de la estrategia España Nación Emprendedora, el pasado 11 de febrero?

Otro ejemplo lo encontramos con la llamada ‘Tasa Google’, que pese a su trasfondo de justicia fiscal, presenta también algunas incongruencias entre el modo en que se justificó desde las instituciones públicas y la letra pequeña de su articulado. ¿Cómo encaja un discurso sobre la necesidad de luchar contra la elusión fiscal de las grandes tecnológicas, con un texto que acaba penalizando a las pymes*?

[*Este gravamen del 3% se aplica sobre los ingresos por publicidad online, venta de datos e intermediación online de compañías que facturen más de 750 millones de euros. En la práctica, portales de intermediación como Amazon ya se lo repercuten a sus vendedores externos, que en su mayoría son pymes.]

La transformación digital no es un camino fácil. La gestión pública tampoco lo es. La ‘Ley Rider’ y la ‘Tasa Google’ representan dos intentos de hacer frente a desafíos de muy reciente creación, para los que no existen soluciones contrastadas. Nadie sabe a ciencia cierta cómo será el futuro, pero sin duda será mejor si se construye en equipo. Y como, al fin y al cabo, detrás de las instituciones y de las empresas hay personas de carne y hueso, saber explicar bien las cosas -y actuar en consecuencia- será la clave del entendimiento.

Solamente a través de relatos coherentes se puede combatir la desafección ciudadana imperante. Esa misma coherencia conseguirá que los stakeholders vuelvan a la conversación, empezando por las organizaciones llamadas a hacer realidad una revolución digital que, muy pronto, volverá a dejarnos boquiabiertos.