“La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo”. Nelson Mandela.
La tecnología en general nos ha proporcionado siempre la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente, desde la oportunidad de implementar nuevos modelos de negocio a realizar tareas cotidianas de forma más sencilla o simplemente dejar de hacerlas porque se llevan a cabo de manera automática.
Un buen ejemplo, sin duda, ha sido su aplicación en la educación durante la pandemia. Los colegios del mundo entero cerrados por las medidas sanitarias y los alumnos obligados a atender las clases e interactuar con los profesores desde casa. Este forzado aprendizaje remoto ha supuesto un enorme reto para profesores, alumnos, e instituciones que se han visto desbordados en su inicio. Hemos sido testigos de profesores aprendiendo rápidamente de tecnología para conectarse con sus alumnos, asimilando nuevas formas de enseñar y de examinar, pero también hemos visto algunas carencias que aún continúan, y que nos deben hacer reflexionar.
Nadie duda de que los avances tecnológicos han sido beneficiosos para la sociedad en general y para el individuo en particular, pero no podemos perder de vista que hay una parte significativa de esa sociedad, donde la tecnología ha pasado de ser un facilitador a un inhibidor. La diferencia se está haciendo más grande entre los que la usan y sacan beneficio de ella, y los que el utilizarla, incluso en el ámbito personal, les supone un serio reto. Un 70% de los españoles tiene un nivel básico en tecnología, según el indicador global de capacidades digitales en España.
Si miramos el índice de economía digital en 2020 (DESI), España se sitúa en la posición 11 de 28 países de la unión europea. Por un lado, lideramos en oferta digital y en infraestructura de telecomunicaciones, pero según el mismo informe, estamos muy por debajo de la media en lo que a habilidades digitales se refiere, el 50% de la población española carece de habilidades digitales y un 8% nunca ha usado internet.
Estos datos son preocupantes en cualquier entorno profesional pero aún más en el importante ámbito de la educación. Hoy en día, disponemos de una escolarización obligatoria y gratuita hasta los 16 años, cuyo mayor reto era el fracaso escolar (en España actualmente un 20% en media, la más alta de la Unión Europea). La pandemia nos ha hecho ver como la tecnología más básica ha vuelto a crear una brecha entre los distintos grupos sociales. Siendo líderes en España en infraestructura de telecomunicaciones, según el índice de Competitividad Global 2020, situándonos por delante de Francia y Alemania, no se ha conseguido que la totalidad de los alumnos estén conectados.
Como se ha podido constatar, el problema ha sido para muchas familias el disponer de los recursos económicos necesarios para el acceso a una buena conexión a internet y la disponibilidad de un numero adecuado de dispositivos en cada familia. En un momento a nivel mundial, donde todos los colegios se han visto abocados a continuar con su labor educativa de manera online, parece que de nuevo se ha vuelto a abrir una brecha entre los distintos estratos sociales, los que podían acceder a las clases online y los que tenían serias dificultades para ello. Algunas ONGs en España, que detectaron proactivamente esta situación y actuaron con agilidad, donaron un gran número de dispositivos móviles a la parte de la población más desfavorecida, y se encontraron con dos problemas fundamentales.
El primero, las familias no sabían usarlas y el segundo la mencionada falta de conexión a internet en muchos de los hogares por dificultades económicas. Paradójicamente el programa estatal, Educa en Digital aprobado en verano de 2020, cuyo objetivo es dotar a los centros educativos de equipos con conectividad de calidad para que puedan ser prestados a disposición de los estudiantes con menos recursos, ha visto retrasada la consecución de estos objetivos debido a la falta de digitalización de los procesos de las administraciones públicas. Fue a mitad de curso escolar cuando se empezaron a asignar estos dispositivos, lo que ha supuesto que muchos niños se quedaran rezagados con respecto al resto de sus compañeros.
La falta de una conexión adecuada para acceder al conocimiento, no debería ser una de las causas de esa brecha digital, y menos aún la disponibilidad de dispositivos electrónicos. Tampoco debería serlo la lentitud en las instituciones públicas a las que ha llevado más de seis meses tramitar las ayudas. En el siglo XXI, en plena transformación digital, resulta contradictorio que quién debe proporcionar la tecnología, vea limitado su trabajo, por la carencia de la misma.
Aún no sabemos cuanto tiempo más tendremos que seguir estudiando online. Por eso es importante que la garantía de acceso a educación obligatoria gratuita en España, incluya una modernización urgente de las estructuras del Estado, para en caso necesario asignar a los alumnos y colegios, de manera más ágil, los recursos necesarios para el acceso al conocimiento. La transformación digital no sólo requiere de tecnología sino del cambio de procesos o regulaciones. Asimismo, si se quiere proporcionar este derecho a la educación, ¿no habría que garantizar también una conexión apropiada a internet en las casas con menores en edad de escolarización obligatoria?
Si ya desde el siglo XIX, se dió un gran paso con la obligatoriedad de la educación en los menores, independientemente de su estrato social, tal vez es el momento de dar otro gran paso en la era de la transformación digital asegurando el acceso de todos a la educación ya sea presencial u online.
*** Mónica Villas es consultora de nuevas tecnologías