Industrializar la I+D, el salto que necesita nuestra innovación
Todos estaremos de acuerdo en el avance decisivo que supondría para España refundar una industria propia, robusta e inteligente, que empuje a los demás sectores de nuestra economía. En abordar la transformación tecnológica de nuestras empresas y de los trabajos. Y en incorporar un nuevo paradigma de sostenibilidad en nuestro modelo productivo, que se traduzca en una fuente de generación de innovación, riqueza y empleo para el país.
El desafío, sin embargo, es encontrar las vías para lograrlo. A la hora de identificar las palancas que nos pueden ayudar a consolidar esa industria inteligente, esa transformación tecnológica y ese paradigma de sostenibilidad, podríamos reparar en la necesidad y al mismo tiempo la oportunidad de industrializar la I+D. Se trataría de elevar a la escala industrial la implantación de proyectos con altos niveles de madurez tecnológica. Un salto cualitativo que impulsaría nuestra capacidad innovadora y productiva.
El grado de madurez de los proyectos de I+D+i se mide según un baremo de 1 a 9, de menor a mayor proximidad al mercado. Los proyectos más inmaduros son desarrollados fundamentalmente por universidades y centros tecnológicos, mientras que los que tienen un grado de madurez alto son validados en términos de viabilidad técnica y económica, antes de ser puestos en el mercado. Para pasar del nivel mínimo de madurez al máximo, es preciso un flujo de transferencia tecnológica, que depende, fundamentalmente, de empresas e instituciones.
En el proceso de innovación se suelen considerar de tres fases: generación, experimentación e implementación. Ésta última resulta ser la más compleja, y en el ámbito industrial la dificultad es mayor por las inversiones necesarias. Se dice que innovación sin implementación es invención, y la invención no paga facturas.
Hoy día existen evidentes barreras para trasladar los desarrollos exitosos a escala industrial, productiva y respaldada por planes de negocio. Especialmente para los proyectos más rupturistas, que requieren grandes inversiones para crear o adaptar nuevas instalaciones productivas.
Esta situación se antoja especialmente preocupante para la transición ecológica, capítulo clave en los planes de reconstrucción. Tanto la economía circular, identificada como facilitadora de la modernización industrial, como la necesaria evolución del sistema energético, precisan para su implantación de nuevos procesos de alto calado innovador.
Por lo tanto, uno de los grandes desafíos es afrontar la inversión inicial necesaria en la fase de industrialización de la I+D. Por un lado, necesitamos un marco regulatorio específico, con nuevos instrumentos que permitan compartir el riesgo que la escalabilidad de estos procesos implica. Por otro lado, la colaboración público-privada se erige como un dinamizador decisivo a la hora de facilitar la capacidad de inversión en proyectos tractores y movilizar a empresas y agentes sociales, llegando al conjunto del tejido productivo. Estos proyectos, tan próximos al mercado, tienen potencialmente un gran efecto multiplicador que suscitaría indudable interés inversor por parte del sector privado.
Facilitaríamos así la reorientación del modelo productivo, impulsando la innovación, la industria inteligente y el desarrollo tecnológico, por un lado; y, por otro, la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de la energía, las soluciones respetuosas con el entorno natural y el clima. En definitiva, la resiliencia de todos los sectores económicos.
Además, a través de la industrialización de la I+D+i, tenemos la oportunidad de revitalizar la sociedad y los territorios. El nuevo tejido industrial creado participaría de un ecosistema innovador centrado en la digitalización, la sostenibilidad y las personas, que además puede ayudar a reducir las distintas brechas digitales –como las de género, de educación y demográficas– al encontrarse las localizaciones productivas industriales repartidas por diferentes regiones y comarcas, propiciando la cohesión territorial y social y dinamizando las economías locales y el empleo.
Entendemos, por lo tanto, que el proceso de industrialización de la I+D+i, apoyado desde las instituciones y con el apoyo de las empresas, estaría totalmente alineado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No en vano, sería transversal a las diez políticas palanca que contribuyen al crecimiento sostenible e inclusivo, potenciando la transición ecológica y la digitalización. Estamos, ahora o nunca, ante un momento histórico para convertir esta necesidad en oportunidad. En nuestras manos está no dejarla pasar.
*** Renato del Bino es director general de la Fundación I+E.