La receta mágica para el desarrollo económico y social tiene nombre: I+D+i

En pleno 2021 no hay secretos ni fórmulas mágicas ni teorías innovadoras que nos hagan vislumbrar un nuevo horizonte en el que veamos incrementar ese desarrollo económico y social tan deseado por tantos países. La receta la conocemos, de sobra, pero hace falta interés y convicción para añadir todos los ingredientes y conseguir un plato estrella. Se trata de la inversión en investigación, desarrollo e innovación.

El pasado miércoles 20 de octubre, en el marco de la iniciativa del Pacto por la Ciencia y la Innovación, AFIDI (Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i) tuvo la oportunidad de explicar algunas ideas ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados. La primera es, precisamente, la importancia de tener este Pacto de Estado, porque el principal reto es consolidar la inversión en I+D+i una vez haya finalizado el período vinculado al plan de recuperación y los fondos europeos para dicho fin.

Según los últimos datos facilitados por la Fundación COTEC, la inversión en I+D rozó el 1,5% sobre el PIB el pasado año 2020, frente al 1,25% sobre el PIB de 2019. Es destacable el esfuerzo realizado en plena pandemia, pero, a pesar de este incremento, estamos todavía lejos del 3% propuesto como objetivo por el Parlamento Europeo en 2030. España ocupa el puesto 16 de 27 en el tablero de innovación de la Unión Europea, dos más abajo que un año antes, según recoge el European Innovation Scoreboard 2021, viéndose adelantada por Eslovenia, Italia y Malta.

El esfuerzo tecnológico de España representa el 43% del de EE. UU y Alemania, el 40% de los países nórdicos de Europa, y el 54% del francés, y no llega a un tercio del de Corea del Sur y Japón. La gravedad que alcanzó la gran recesión en España y los negativos efectos de la pandemia del coronavirus explican en buena medida los parcos avances logrados en este ámbito durante la última década, pero es conveniente recordar que al final de su etapa más expansiva, en 2008, España solo alcanzó un gasto en I+D sobre el PIB del 1,32%, superando por poco la mitad del nivel alemán, y quedándose a 0,5 puntos porcentuales de la media de la UE-27.

En esta misma línea, y según datos del Banco Mundial las exportaciones españolas de bienes de alta tecnología fueron en 2019 el 6,86% del total de ventas al exterior, casi dos veces y media inferior a la media europea (16,05%), situando a España en la penúltima posición del ranking europeo de exportaciones de alta tecnología, únicamente por delante de Luxemburgo y muy lejos de los países de nuestro entorno, como Francia (27%,) Irlanda (26%), Alemania (16,43%) o República Checa (21%).

La propuesta de AFIDI, es que exista un incremento de la partida de I+D+i civil en los Presupuestos Generales del Estado, blindando un incremento del 0,2% anual. Todo ello, con una mayor cooperación entre el sector público y el privado, con una política fiscal que incentive la actividad innovadora, un compromiso con las plantillas de profesionales de la I+D+i y un fuerte impulso de la digitalización y la biotecnología.

Y es que, de acuerdo con diversos estudios de la OCDE, existe una relación directa entre la inversión en I+D+i y el incremento de la competitividad y, en consecuencia, el desarrollo económico y social. Por eso, este Pacto por la Ciencia y la Innovación es fundamental para recuperar esta década perdida en inversión en I+D+i. Por este motivo, no existe ninguna razón para separar la política innovadora de la relativa a la investigación científica y técnica.

En el reciente anuncio de las partidas presupuestas para el Ministerio de Ciencia e Innovación en 2022, celebramos el aumento a 3.843 millones de euros, pero desde AFIDI reiteramos la necesidad de otorgar un mayor apoyo al sector empresarial y a la innovación más cercana al mercado. Un apoyo que también echamos en falta en esta Ley de Ciencia e Innovación. Además, si tenemos en consideración que, según los datos facilitados por la Intervención General del Estado, en 2020 tan solo se ejecutaron el 52,1% de los fondos asignados a I+D+I, siendo el 90% de lo no ejecutado gasto financiero (créditos). Lo que evidencia, de alguna forma, la inadecuación del crédito como instrumento de financiación de la innovación empresarial.

Destacamos el aumento presupuestario en los PGE 2022 a los incentivos fiscales a la I+D+i, de 660 millones en 2021 a 891 millones de euros en 2022. En este sentido, dentro de los incentivos fiscales a la I+D+i, regulados en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en 2008 se eliminó la deducción adicional vinculada a la colaboración de las empresas con el Centros de Innovación y Tecnología, Universidades y Organismos Públicos de Investigación. Dicha deducción adicional era un gran incentivo para el fomento de la colaboración público-privada en proyectos de I+D+i, como también lo eran las bonificaciones por personal investigador.

Con todo ello, el apoyo a proyectos de I+D+i puede realizarse tanto de manera directa, mediante subvenciones o créditos blandos, como indirecta, a través de incentivos fiscales de diversos tipos, siendo ambas formas útiles y complementarias. En la última década, se ha podido observar un incremento del protagonismo de los incentivos fiscales con respecto a otras alternativas existentes para favorecer la inversión en I+D+i, de modo que, actualmente, la mitad del apoyo público a la inversión en I+D+i de la OCDE se canaliza a través de incentivos fiscales. Y la evidencia muestra que son una herramienta eficaz, ya que, según el informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por cada euro que se deja de recaudar, la inversión crece hasta en 1,5 euros.

Sin embargo, con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, donde se incluye la propuesta de tributación mínima, consideramos que las deducciones a la I+D+i deben quedar excluidas de esa fijación de un tipo de tributación mínimo en el Impuesto sobre Sociedades (sirviendo de ejemplo la regulación al respecto en la normativa de la Hacienda Foral de Navarra). Permitir que las empresas puedan minorar este tipo impositivo mínimo a través de la realización de actividades de I+D+i será, sin duda, un potente instrumento para fomentar el desarrollo tecnológico de nuestra economía y, en consecuencia, un país más avanzado y cohesionado.

Otros países de la Unión Europea están apostando, en estos momentos, por impulsar las deducciones a la I+D como palanca de transformación y recuperación. Alemania acaba de crear este incentivo en 2020, mientras que Finlandia lo ha hecho en 2021, potenciando la I+D mucho más que nosotros. Podemos estar orgullosos al haber sido los pioneros en introducir este incentivo. No demos un paso atrás limitando su aplicación.

*** Víctor Cruz es presidente de AFIDI