El presidente del Gobierno anunció el cuatro de abril de 2022 el establecimiento de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) sobre microchips y semiconductores dotado con 11.000 millones de euros de inversión pública.
El compromiso puede parecer uno más en un escenario de anuncios continuos de programas públicos con elevados presupuestos, impulsado por la gestión de los más de 70.000 millones asignados a España dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea (UE). Sin embargo, no lo es.
El PERTE anunciado es a la vez un preludio de un salto en la gestión de los fondos del MRR, una reivindicación del papel de España en la estrategia digital europea y un paso hacia la recuperación del sector industrial tecnológico de nuestro país. Pero para que todo ello suceda, es necesario primero establecer un foco amplio y ambicioso al proyecto, comencemos por ahí.
Aunque el sector de los microchips y semiconductores cuenta con distintos tipos de agentes en el ámbito del diseño, fabricación y empaquetado, el foco mediático está en las actuales limitaciones del eslabón central está provocando la escasez mundial de chips. De inmediato tras el anuncio, algunos actores tecnológicos nacionales han recordado la reivindicación de establecer en España un centro de producción de chips.
Es, sin duda, una actuación necesaria, pero que no debe ser el único objetivo del PERTE cuando otro tipo de eslabones de cadena donde posicionarse tienen menor coste económico y de tiempo y pueden resultar igual de estratégico. Es el caso de la maquinaria especializada que intervienen en la fabricación de chips, como los sistemas de litografía de ASML, o los productores de subcomponentes de los chips, como los sustratos que producen Unimicron o Zhuhai Access Semiconductor. Una potencial traslación a nuestro entorno es la propuesta de instalación de una fábrica de circuitos fotónicos en Vigo.
Señalaba antes que el PERTE sobre microchips y semiconductores es un salto en la gestión de los fondos del MRR. No sólo es el proyecto estratégico que tiene el presupuesto más cuantioso de los anunciados hasta ahora, además, no parece directamente deducible en su totalidad de los componentes definidos en el Plan de Recuperación (PRTR) como el resto.
Revisando los mismos, solo se encuentran menciones a microprocesadores en el Componente 12 y el Componente 15, como parte de actuaciones que sobrepasan escasamente los 3.000 millones, a lo que habría que añadir alguna actuación posible de creación y retención de talento con fondos del Componente 19. Ello significa que no podrá tratarse solo de un “PERTE paraguas” de inversiones ya definidas en el PRTR, sino que requerirá algún tipo de rediseño del mismo y una ampliación de su financiación (mediante nuevas transferencias o el tramo de préstamos del MRR) que necesitará de aprobación de la Comisión Europea y el Consejo. Esta revisión del PRTR es quizás también la ocasión de hacer realidad el Estado Emprendedor que reclama para sí el Gobierno, introduciendo en él Plan mecanismos de compensaciones futuras a los contribuyentes a cambio de las subvenciones de hoy, tal como reivindicaba Bernie Sanders en la aprobación del plan de chips en USA.
El nuevo PERTE supone también que la eventual negociación para la actualización del PRTR habrá de complementarse con la del rol de España en la estrategia de la UE en semiconductores, anunciada por la Comisión Europea en febrero. La propuesta de Ley de Chips de la UE (Chips Act) facilitará el apoyo público a instalaciones de producción en esta área, pero que habrán de ser evaluadas y aprobadas previamente por la Comisión Europea de acuerdo a determinados parámetros, como su impacto positivo para la posición de la Unión en la cadena de valor y para el aseguramiento del suministro de chips para Europa. La bienvenida de la presidenta de la Comisión Europea al reciente anuncio de Intel para desarrollar diversas actuaciones en Europa, muestra a las claras la voluntad del ejecutivo comunitario de condicionar todo apoyo a una actuación en un Estado miembro a una estrategia común, marco al que habrá de adecuarse el PERTE.
De conseguir su objetivo central, el PERTE supondrá la recuperación de un papel relevante para España en la producción de chips. Recuperación, si, porque aunque resulte hoy desconocido para muchos, nuestro país tuvo años de gloria en la producción de estos elementos con la instalación en España entre 1985 y el 2001 de ATT Microlectronics. Pero para ello se necesita un socio tecnológico hoy desconocido.
El anuncio reciente de Intel para su expansión en Europa daba un papel reducido a España, sin compromiso alguno de inversión. Por su parte, TMSC y Samsung no han previsto hasta ahora invertir en Europa. Ello aleja de la participación en el PERTE a los tres grandes del mercado de los semiconductores por volumen de ventas, pero abre la puerta a otros actores con foco en el suministro para sectores específicos con sinergias con áreas clave de la agenda digital del Gobierno; sería el caso de AMD, muy centrada a facilitar componentes a los centros de datos con más de un 10% de este mercado, o Qualcomm, orientada al 5G y vehículo conectado.
De la experiencia de la planta de chips en España en el siglo pasado, se pueden extraer también otras lecciones para el nuevo PERTE: la necesidad de clientes nacionales para dotar de sostenibilidad al ecosistema. En aquella ocasión, Telefónica tomó un 20% de la filial nacional de ATT Microelectronics y se aseguró a cambio el suministro para la fabricación de equipos de red que aún mantenía. El sector de la automoción nacional podría jugar ese papel en esta ocasión, intercambiando el apoyo financiero al PERTE por garantía de suministro para los vehículos.
El PERTE sobre microchips y semiconductores venía siendo largamente reclamado por expertos y la patronal del sector tecnológico nacional. El compromiso del gobierno con su desarrollo es una decisión audaz, que permitirá reivindicar una posición central en la agenda europea mediante la recuperación de nuestro sector industrial tecnológico, pero que para su configuración formal y arranque real necesitará aún de concreción de socios tecnológicos y usuarios y meses de negociación para la revisión del PRTR, la aprobación de la Ley de Chips europea y el encuadre de las acciones del PERTE en ese marco.
*** Emilio García García es exdirector de Gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.