Estamos en un momento inspirador para el ecosistema innovador español tras la reciente aprobación, por parte del Senado, del Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes. La norma, también conocida como ‘Ley de Startups’, supone crear en nuestro país un marco regulatorio específico para las empresas innovadoras en un esfuerzo por atraer el talento y las inversiones, pero también por posicionar a España como un referente a nivel internacional.
En este sentido, la ley contempla más de 20 nuevas propuestas articuladas en torno a tres ejes de actuación: talento -incentivos para atraer a emprendedores y empleados de alta cualificación-, inversión -medidas fiscales para favorecer la financiación de las startups en España)- y agilidad administrativa -acelerar y simplificar los trámites para el registro de estas empresas-.
A través de medidas como la mejora de la fiscalidad de las fórmulas retributivas basadas en stock options, la reducción del Impuesto de Sociedades para las startups o nuevas opciones de visado y residencia para inversores y nómadas digitales, la ley busca sentar las bases de la nueva economía digital, posicionando a las startups como actores clave a la hora de liderar la transformación de la estructura productiva del país. En este contexto, crear un entorno regulatorio de la nueva economía digital es una tarea compleja y onerosa que requiere adoptar una orientación innovadora que implique a todos los actores del ecosistema.
Desde el Gobierno han presentado este proyecto como una oportunidad de dotar a España de un marco regulatorio específico que abarque las singularidades de las startups tanto en el ámbito administrativo como en el fiscal, civil y mercantil. También lo presentan como una forma de mejorar la demografía empresarial, modernizándola a través de la colaboración público-privada en proyectos innovadores. Para el sector empresarial, que reclamaba en los últimos años la necesidad de un enfoque especial para este tipo de organizaciones, la ley supone un avance hacia un modelo de regulación que promueva la creación y escalabilidad de las empresas emergentes españolas.
Desde esta perspectiva, señalan la importancia de considerar el factor de alto riesgo asociado a la innovación, reclamando instrumentos regulatorios que posicionen a España como un entorno seguro y atractivo para este tipo de inversiones. Este último punto es vital, ya que la inversión de riesgo -conocida como venture capital- ha demostrado ser una herramienta clave en la promoción de proyectos innovadores en etapas tempranas.
Así, estamos ante un proyecto normativo fundamental para el desarrollo de la futura economía del país. A través de esta ley se abren las puertas para considerar nuevos modelos productivos y de negocio que fomentan la competitividad por medio de soluciones innovadoras asociadas al uso de las nuevas tecnologías. En este aspecto, la ‘Ley de Startups’ supone un primer escalón en el camino hacia un futuro entorno jurídico que regule la llamada Industria 4.0, entorno que incluye tecnologías como el Big Data, la tecnología de registros distribuidos (DLT), la inteligencia artificial o la tecnología de interfaces abiertas, entre otros.
Regular estas tecnologías supone además una ventaja competitiva, ya que son el principal vehículo a través del cual la transformación digital se convierte en beneficios económicos y sociales. En este contexto, para garantizar el potencial y crecimiento del sector empresarial español es importante que los legisladores apuesten por medidas más ambiciosas en cuanto a la promoción de la innovación y las soluciones digitales.
Nos encontramos, por tanto, ante una oportunidad única de posicionar España como un hub referente en la atracción de talento e inversiones innovadoras. Por ello, la ‘Ley de Startups’ es un punto de partida positivo que, debido al propio carácter innovador, debe estar en constante revisión para no quedar obsoleta y avanzar al mismo ritmo que el ecosistema emergente. Continuar evolucionando hacia una mejora significativa de la regulación que garantice una dinámica positiva en el ecosistema requiere un esfuerzo conjunto de todos los actores implicados: legisladores, inversores privados y los propios organizadores de las empresas emergentes.
Para los legisladores, el principal desafío es asegurar que las empresas emergentes nacionales puedan aprovechar con éxito las oportunidades de negocio y brindar beneficios para el país, generando un desarrollo estable y persistente en términos de empleo, ingresos y productividad. Para el sector empresarial, el principal reto es abrir la regulación a la innovación, creando procesos eficientes e inclusivos para garantizar una regulación de calidad que incorpore las nuevas herramientas y modelos de negocio surgidas de las soluciones digitales. Es, por tanto, una carrera de fondo en la que la ‘Ley de Startups’ supone el pistoletazo de salida.
*** Pablo Zalba, socio responsable del EU Policy Center de Deloitte y Mario Teijeiro, director de StartmeUP de Deloitte.