Como todos los grandes cambios que se han experimentado los últimos años en cuanto a la digitalización, las innovaciones requieren de nuevos reglamentos que las regulen. El ámbito de las finanzas y la contabilidad, un sector que se encuentra en constante transformación, no es una excepción.

La facturación electrónica es ya una realidad que no va a tardar en implementarse en el día a día de las transacciones empresariales como el único sistema válido para relaciones comerciales entre empresas y autónomos en España. Hasta ahora, la factura electrónica sólo ha sido obligatoria en las relaciones comerciales del sector público. Sin embargo, esta obligatoriedad se extenderá, próximamente, a todos los intercambios entre empresarios y profesionales.

La reciente Ley Crea y Crece marca un hito. Esta establecerá, por primera vez, una normativa para la factura electrónica en el ámbito privado con el propósito de combatir la morosidad y mejorar la transparencia en los movimientos financieros. De esta manera, aquellas empresas que incumplan los plazos de pago, es decir, que sean morosas, tendrán consecuencias negativas, como perder el acceso a subvenciones públicas y no podrán participar como empresas colaboradoras en operaciones con las administraciones públicas.

Además de estas medidas disuasorias, la legislación ofrecerá otras ventajas significativas como la agilización de los procesos de tramitación y, por ende, la mejora en la atención y experiencia del cliente ante una gestión rápida y eficiente. Asimismo, se prevé que pueda aumentar la precisión y reducir los errores humanos asociados a la gestión manual, como la duplicación o la omisión de datos. Por supuesto, también tendrá ventajas frente a el impacto medioambiental al disminuir el uso de papel.

Por otro lado, se implementarán también otras novedades que acabarán por definir este nuevo paradigma para las empresas, como el Reglamento Verifactu de la Ley Antifraude. Este pretende reforzar la supervisión fiscal sobre las sociedades y promover el cumplimiento voluntario de sus responsabilidades tributarias.

La práctica fraudulenta más común entre autónomos y pequeñas empresas, especialmente aquellas que manejan considerables sumas de dinero en efectivo, consiste en no declarar una parte de las ventas para evadir impuestos como el IVA o el IRPF. Si estas ventas no son registradas, la Agencia Tributaria no tiene forma de exigir su declaración y tributación. En concreto, la ley lucha contra los softwares de doble uso o programas de doble facturación, aplicaciones ilegales que permiten a las empresas mantener una doble contabilidad y poder así ocultar una parte de sus ingresos con el objetivo de defraudar.

A modo de resumen, este cambio en la legislación plantea nuevos desafíos para las empresas que hasta ahora no eran obligatorios. Sin duda, la implementación de estos nuevos reglamentos, junto con la obligatoriedad de la facturación electrónica, requerirá de una transformación digital integral. Esto implica una adaptación a nuevas plataformas y herramientas: un avance significativo para combatir el fraude fiscal en España. Las empresas deberán olvidarse del uso del papel y digitalizar todas sus facturas, formando a sus trabajadores bajo la programación de estas de manera electrónica, con el objetivo de generar información ágil y precisa para conocer los plazos de pago, reducir la morosidad y favorecer el crecimiento empresarial.

En este contexto de transformación digital y cambio legislativo, es esencial reconocer el papel crucial que desempeñan las soluciones tecnológicas especializadas. Estas herramientas no solo facilitan la transición hacia la facturación electrónica, sino que también ofrecen una serie de beneficios adicionales para las empresas. Desde la automatización de procesos financieros hasta el control detallado de gastos y cobros, estas soluciones proporcionan una visión integral del negocio que permite una gestión más eficiente y transparente.

Además, al cumplir con los requisitos legales para la emisión de facturas electrónicas, estas plataformas se convierten en aliadas indispensables para garantizar el cumplimiento normativo y evitar posibles sanciones.

 ***Laura Pallier, cofundadora de Regate.