Cuando se piensa en política pública es importante rescatar la definición del Catedrático en Ciencia Política, Joan Subirats: "norma o conjunto de normas que existen sobre una determinada problemática, así como el conjunto de programas u objetivos que tiene el gobierno en un campo concreto"[1].
Sin embargo, más allá de las diferentes definiciones que se pueden utilizar, e incluso las que la propia inteligencia artificial puede desarrollar, es un momento clave para reflexionar acerca del fundamento de estas políticas públicas, en por qué son imprescindibles y en el cómo pueden ser la palanca para impulsar la inversión de impacto.
De manera específica, el diseño y la implementación de las políticas públicas buscan resolver problemas colectivos, promoviendo una mejora de la calidad de vida de las personas con una clara vocación de bien común. Sin embargo, desde las propias estructuras de la administración pública no siempre existe el conocimiento o los medios necesarios para dar respuesta a ciertos problemas complejos.
De manera sintética, los elementos clave que caracterizan una política pública vienen determinados por:
Contribución a mejorar la calidad de vida de las personas: Atendiendo necesidades básicas y reduciendo potenciales desigualdades.
Resolución de problemas colectivos: Ofreciendo soluciones estructuradas a desafíos sociales complejos.
Orientación hacia el bien común que, como agregado de lo anterior, busca resolver problemas colectivos y promover el bienestar social.
En este sentido, las políticas públicas pueden desempeñar un papel fundamental para fomentar y facilitar inversiones de impacto favoreciendo propuestas y soluciones más innovadoras a los diferentes retos que tiene la sociedad.
La forma primordial de desempeñar este papel es crear un entorno favorable y garantizar que los incentivos estén alineados con los objetivos sociales y ambientales dirigiendo flujos de capital hacia soluciones concretas en estos ámbitos, obteniendo, además, un retorno financiero.
Por tanto, se puede concluir que existe una alta convergencia entre las inversiones de impacto social (y/o medioambiental) y las políticas públicas, motivada por varios elementos.
En primer lugar, de manera complementaria a una política pública más generalista, las inversiones de impacto pueden ser el instrumento de referencia para abordar problemas con menos alcance sobre la población total y para los que se requieren soluciones más innovadoras. Impulsando de esta manera una colaboración público-privada, donde prima el bien común con una fuerte dosis de especialización.
Este vínculo entre la acción pública y su materialización mediante la intervención privada puede favorecer la ruptura de un potencial inmovilismo que se esté produciendo en la administración pública debido a sus procedimientos más burocratizados, apostando por soluciones más especializadas, lideradas tradicionalmente por el sector privado.
Por otro lado, la inversión de impacto puede favorecer una mayor eficiencia de las políticas públicas. Si bien la rentabilidad no es el motor ni el elemento decisivo en un proceso de diseño de políticas públicas, ya que en éstas debería prevalecer el bien común, mediante la inversión de impacto se pueden favorecer soluciones innovadoras con una combinación público-privada donde se ofrece una solución a un problema desde la mirada pública y con un alto potencial social, y donde además la rentabilidad es incierta y el riesgo reside, en este caso, en el sector privado.
No obstante, con esta cuestión se ha de ser prudente y se han de establecer mecanismos de control, ya que esta orientación a resultados e impacto que supone un elemento diferencial puede condicionar la intervención en grupos con una mayor vulnerabilidad, donde los resultados sean más discretos y, por lo tanto, se produzca desatención entre aquellos colectivos en los que sea más complicado obtener buenos resultados.
Y, por último, la inversión de impacto favorece la necesidad de establecer métricas que midan y permitan valorar los resultados alcanzados de manera constante garantizando una mayor transparencia y rendición de cuentas que no siempre vienen de la mano en la gestión de las políticas públicas.
Pero más allá de la propia métrica o la valoración de los resultados alcanzados, este tipo de procesos puede servir como punto de partida para potenciar el desarrollo de evaluaciones de políticas públicas, que permitan extraer aprendizajes, generar conocimiento y mejorar futuras intervenciones.
Para terminar este breve análisis, no se puede dejar escapar la oportunidad de reforzar el mensaje acerca de la importancia que tiene la inversión de impacto en su contribución al diseño de mejores políticas públicas, más innovadoras y especializadas, sin perder de vista el camino hacia una mejora continua.
[1] Subirats, J. (1989). Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. Madrid: Instituto Nacional de Políticas Públicas (INAP).
***Ángela García Martínez es directora general de RED2RED y miembro de la Asamblea de SpainNAB.