Aida López, directora de Sector Público y Estrategia en Ayming.
La experiencia demuestra que el crecimiento de un país no únicamente radica en su fuerza laboral y la salud de su economía. El uso de tecnologías pioneras, la inversión en I+D, y la capacidad de gestión, tanto privada como pública, son aspectos cruciales que contribuyen a su riqueza y competitividad.
Según el European Innovation Scoreboard 2023, ranking europeo en relación a la intensidad de innovación, España ocupa el puesto 16 entre los 27 de la UE, situándose dentro del grupo de países innovadores "moderados".
La solución parece obvia: necesitamos invertir más en innovación y realizar una intensa revisión de los mecanismos y procedimientos que el Estado pone a disposición de las empresas para potenciar este ámbito.
España, dispone de diferentes herramientas que permiten una aceleración en este ámbito crítico, pero, por nuestra experiencia, o son desconocidos o no están siendo ejecutados correctamente. También ocurre que, en muchas ocasiones, la complejidad es tal, que las empresas optan por no utilizar esos mecanismos de aceleración y transferencia de la Innovación.
Uno de estos mecanismos es la Compra Pública de Innovación (CPI), que permite a entidades del sector público adquirir bienes o servicios innovadores para resolver necesidades y retos propios que no se pueden ser cubiertos con las soluciones existentes en el mercado y que, además, durante estos últimos años ha suscitado un interés creciente.
La Administración es un agente clave que debe ser referente en innovación y traccionar a todo el tejido empresarial y entidades ofertantes de tecnología. De este modo, permite potenciar el estado de bienestar y crear una industria pionera y competitiva. Dicho en otras palabras, la Administración no puede ser solo un agente de apoyo a la innovación, sino que ha de ser un sujeto innovador en sí mismo.
Si tenemos en cuenta que la Compra Pública de Innovación permite la incorporación de soluciones punteras en los servicios públicos, las empresas de tecnología sanitaria, TIC o de medical devices despuntan en el uso de esta herramienta. Una realidad es que las farmacéuticas han evolucionado de ser proveedores de medicamentos a convertirse en colaboradoras estratégicas del sistema público.
El modelo ha pasado de centrarse en el precio a valorar más la relación calidad-precio y al resultado-precio. Adicionalmente, existen numerosos e importantes avances médicos, fruto de la CPI, que representan un avance muy significativo para la sanidad española.
Por todo ello, el Gobierno aprobó la 'Línea FID' para el Fomento de la Innovación desde la Demanda, esto es, fomento de las actuaciones de Compra Pública de Innovación (CPI) entre los organismos y entidades del sector público, que cuenta con un presupuesto de 177 millones cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la cofinanciación de operaciones de esta línea, un 64% más que lo comprometido en el periodo anterior entre 2014 y 2020 y el pasado mes de junio se aprobaba en el BOE la convocatoria del FID 21-27.
Cabe destacar que, recientemente, se han hecho públicos los datos del Mapa de la CPI en España, que constituye un estudio inédito en nuestro país orientado a lograr una perspectiva global de las actuaciones en materia de Compra Pública de Innovación y que cuenta con más de 110 proyectos de diferentes ámbitos desde el sector agroalimentario, ciberseguridad, sociosanitario o infraestructura entre muchos otros.
Es indudable que el crecimiento exponencial de licitaciones en España ha aumentado desde el año 2020, llegando a alcanzar las 110 licitaciones de Compra Pública de Innovación en el 2022. Las ventajas que conlleva que la propia administración traccione la I+D necesaria para hacer frente a los retos de la sociedad y la propia administración, son evidentes.
Este impulso no solo mejora la calidad de los servicios públicos, sino que también fomenta la creación de soluciones innovadoras mediante la demanda pública y brinda un importante apoyo a las Pymes y startups. No obstante, aún queda mucho camino por recorrer para optimizar este proceso y maximizar su impacto en el desarrollo socioeconómico.
Recientemente, Bruselas ha realizado un llamamiento a nuestro Gobierno para que busque la forma de impulsar la inversión privada en investigación y desarrollo, que se mantiene como una de las más bajas de la Unión Europea (0,8% del PIB, frente al 1,5% de la media de la UE).
Por este motivo, resulta de vital interés. Si consideramos que la contratación pública representa aproximadamente el 20% del PIB, lograr que al menos un 1% de estas compras se destinen a innovaciones podría traducirse en una inyección de más de 3.000 millones de euros en I+D+i. Esta inversión no solo impulsaría el desarrollo tecnológico, sino que también fortalecería la competitividad y la capacidad de innovación de nuestro tejido empresarial.
Aunque estamos en un punto de inflexión muy significativo donde, en los últimos años, la CPI ha ganado cada vez más relevancia en España, se requiere un impulso importante que conlleve algunas mejoras del proceso, como los dilatados tiempos entre fases de la Compra Pública de Innovación, que a muchas compañías les es complicado de sostener.
En este sentido, urge tender puentes entre la Administración y las empresas y fomentar la transferencia de conocimiento, no solo científico o tecnológico, sino también en los aspectos más operativos de la herramienta para que favorezca a todas las partes y aflore todo el potencial de la CPI.
Hemos de ser capaces de aprovechar nuestros propios recursos e incentivar estos mecanismos, poniéndolos al servicio de la sociedad para mejorar, a demanda, en todos aquellos aspectos que son cruciales para tener un país con servicios públicos de alta calidad, capaz de hacer frente a los desafíos existentes.
***Aida López, directora de Sector Público y Estrategia en Ayming.