El segundo semestre del año se presume de todo menos aburrido para las instituciones españolas. Más allá de las recién anunciadas elecciones generales, que tendrán lugar el próximo 23 de julio, el país lleva esperando (y preparándose) para el próximo 1 de julio desde hace meses.
Este día, marcado a fuego en el calendario del Ejecutivo, es el que comienza la esperada presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE), el organismo que reúne a los representantes de los Gobiernos de los diferentes Estados miembros para debatir, modificar y adoptar medidas legislativas y coordinar políticas en el seno de la UE. Junto al Parlamento Europeo, el Consejo es el principal órgano de decisión del territorio.
Se abre, por tanto, una oportunidad incontestable para España, que asumirá este rol durante los próximos seis meses (es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023), un período en el que intentará distinguirse como un país líder en las grandes líneas de trabajo de la Unión, entre ellas, la transición ecológica, la transformación digital y la agenda social.
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No es la primera vez que el país asume la presidencia del Consejo de la Unión Europa, sino la quinta, pero quizás sí la más decisiva hasta la fecha. Esta relevancia viene determinada, en parte, porque se trata del último tramo del ciclo institucional europeo antes de las elecciones al Parlamento Europeo (PE), previstas para 2024, por lo que recae en España la obligación de culminar las negociaciones en un gran número de expedientes abiertos que serán imprescindibles para el futuro desempeño de la región.
Fuentes de la Unión Europea explican a D+I que el liderazgo español de este organismo es "extremadamente importante" debido al factor tiempo. Según apuntan, es "clave" alcanzar acuerdo sobre "el mayor número posible de expedientes legislativos en el ámbito digital" antes de que el PE finalice su legislatura.
"Nos centraremos en varios objetivos políticos que ayudarán a la Unión Europea a acelerar su transformación digital centrada en el ser humano y orientada a los derechos y su competitividad global", avanza la delegación española en un documento remitido a principios de junio al Consejo, donde avanzan algunas de sus prioridades de actuación.
Entre ellas, destaca el Reglamento de Inteligencia Artificial (IA Act, en inglés).
La IA como prioridad
Según explican, la IA generativa se ha convertido "en la corriente dominante", ocupando todos los titulares de las noticias y creando "una conciencia mundial" sobre los beneficios que puede aportar a la eficiencia de las empresas, pero también alrededor de los riesgos que plantea sobre la seguridad, la desinformación o los derechos de los usuarios. Así, afirman, la IA será "una de las principales metas a abordar durante la Presidencia".
"España hará sus mejores esfuerzos para concluir las negociaciones del Reglamento sobre IA con el Parlamento Europeo, garantizando que no menoscabe la innovación y, al mismo tiempo, proteja los derechos fundamentales de las personas", apuntan las autoridades españolas en el mismo escrito. "Al mismo tiempo y como parte de nuestro compromiso con la IA, nos aseguraremos de que el 'sandbox' español sobre IA ofrezca los primeros resultados preliminares".
Ciberresiliencia, ciberseguridad e interoperabilidad
Más allá de la inteligencia artificial, otra de las prioridades españolas durante su presidencia del Consejo de la UE recaerá en el refuerzo de la ciberresiliencia europea. En este sentido, continuarán las negociaciones sobre la regulación de los productos que dispongan de algún tipo de elemento digital a través de la Ley de Ciberresiliencia (CRA, por sus siglas en inglés).
También, trabajarán con los diferentes estados miembros para llegar a un consenso sobre la Ley de Cibersolidaridad y la revisión específica sobre la Ley de Ciberseguridad (CSA, en inglés). Además, avanzarán en el mandato de negociación sobre la Ley de la Europa Interoperable (AIE).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE, en Moncloa, este jueves.
El Ejecutivo español señala, asimismo, que incluirá en sus prioridades el desarrollo de una digitalización "ética e inclusiva" en línea con la Declaración Europea de Derechos y Principios Digitales. A la par, indica que continuará las negociaciones que inició Suecia sobre la Gigabit Infraestructure Act para llevarlas "lo más lejos posible".
Refuerzo del ecosistema startup
Otro de los pilares que sustentarán la presidencia española será el refuerzo del sistema de startups, en línea con el objetivo de duplicar el número de unicornios en la UE recogido en la Década Digital 2030.
"España tiene la intención de seguir debatiendo sobre las condiciones de excelencia para la creación y consolidación de las startups tecnológicas en la Unión Europea con la ayuda de Europe Startup Nation Alliance", señalan. "Los esfuerzos se centrarán en proponer un enfoque coordinado y armonizado a nivel de la UE sobre emprendimiento tecnológico, evitando la competencia interna y posicionando a la región como centro de referencia para atraer startups, talento e inversión".
Además, el Ejecutivo nacional afirma que insistirá en la transformación digital de la UE para dotar a la región de las capacidades necesarias para cumplir "con los ambiciosos objetivos" del programa Década Digital 2030.
Mirando hacia fuera de Europa, España también incluye entre sus prioridades estrechar lazos con América Latina y el Caribe, a los que considera "socios geopolíticos necesarios y estratégicos". Para ello, destaca como imprescindible la EU-CELAC Digital Alliance, que permitirá tender puentes y avanzar en la transformación digital orientada a los derechos humanos a través de inversiones bilaterales.
"Es poco probable" que se adopte ninguna ley
Entre toda esta vorágine de siglas y futuras legislaciones, las fuentes de la UE consultadas por D+I precisan que las "más relevantes" a tratar en materia de digitalización durante este período serán el Reglamento de Inteligencia Artificial, la Ley de Ciberresiliencia, la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Interoperabilidad.
Aún así, recalcan que "es muy poco probable" que se produzca ninguna adopción formal durante la presidencia española.
En concreto, explican que, en lo relativo a la futura ley de IA, lo que se espera conseguir en esos seis meses será un acuerdo político provisional a través del proceso de trílogo (es decir, las conversaciones entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea), lo que significa que la ley no será adoptada formalmente hasta la presidencia belga.
A su vez, en este período se espera llegar a un acuerdo en la posición negociadora del Consejo sobre la Ley de Ciberrresiliencia y en la revisión específica de la Ley de Ciberseguridad, allanando el camino para las futuras negociaciones con el Parlamento sobre estas normativas. Según el calendario de actuaciones que se lleven a cabo, las negociaciones con el PE podrían iniciar y concluir durante el mandato español, aunque las fuentes consultadas por este medio creen que es "bastante improbable".
Algo similar ocurrirá con la Ley de Interoperabilidad Europea, de la que se espera alcanzar una posición negociadora común y, dependiendo de los tiempos, que las negociaciones con el Parlamento se inicien y concluyan bajo la presidencia española. En este caso, los expertos creen que esto es más probable, aunque precisan que, a pesar de que se llegue a un acuerdo político provisional con el PE, la adopción formal solo tendrá lugar bajo la presidencia belga.
"La adopción es un proceso complicado y largo que requiere una meticulosa revisión jurídica y lingüística del texto, algo que tarda entre dos y tres meses tras el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento", precisan dichas fuentes. Así, concluyen, es "altamemente improbable" que se apruebe ninguna de estas leyes formalmente hasta "una fase posterior" que, seguramente, tendrá lugar bajo el siguiente mandato.