La industria de los semiconductores se ha convertido en uno de los sectores más estratégicos para la actual economía. Países de todo el mundo quieren asegurarse una parte de la producción, liderada hasta ahora por Taiwán, donde está la sede de TSCM, la empresa de la que depende más de la mitad del mercado de estos componentes.



Recelosa la mira China, mientras Corea del Sur trata de seguir ganando terreno. A su vez, Estados Unidos y Europa tratan de atraer inversiones de los grandes del sector para reducir su dependencia de otras regiones.



Para alcanzar esa ansiada soberanía tecnológica, hace más de dos años el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Chips y Ciencia, que incluye una inversión de 280.000 millones de dólares (algo más de 275.000 millones de euros) en I+D para esta industria. 

Antes, la Comisión Europea anunció la Ley Europea de Chips (Chips Act) con la que pretende movilizar más de 43.000 millones de euros de inversiones públicas y privadas, al tiempo que establece medidas para anticipar y responder rápidamente a futuras interrupciones de la cadena de suministro, como ocurrió durante la pandemia por covid-19. 

Para no quedarse rezagada, España también ha mostrado un gran interés por desarrollar su propia industria de los semiconductores con el PERTE Chip. Este proyecto, anunciado en 2022 durante la celebración de la segunda edición de WakeUp! Spain, cuenta con una inversión pública de 12.250 millones de euros hasta 2027. El mayor montante hasta la fecha de los Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica.

El caso de España

Sin embargo, desde la creación del PERTE Chip, poco se sabe de las iniciativas que recibirán esta ayuda y su ejecución está resultando más lenta de lo esperado, especialmente en lo relacionado con las plantas de fabricación, para las que se presupuestaron más de 9.000 millones de euros.

Entre los pocos avances realizados, destacan el centro de diseño de chips de Cisco en Barcelona, el primero de la multinacional en la Unión Europea; el Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC) en Málaga, dotado con 250 millones de euros; y una planta de ensamblaje de Broadcom, de la que hasta el momento no se ha concretado ni su ubicación ni fecha para su construcción. 

También destaca la colaboración entre el Barcelona Supercomputing Center (BSC) e Intel para la creación de un laboratorio destinado a desarrollar una nueva generación de supercomputadoras que superen la barrera del zettascale. Este proyecto, que estará ubicado en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), recibirá una inversión de 400 millones de euros durante los próximos diez años, financiados en parte por el PERTE Chip.

Hasta hoy, las únicas iniciativas ejecutadas son las Cátedras Chip y las Misiones Chip.  Las primeras cuentan con una asignación de 45 millones de euros para 17 proyectos de 80 empresas, y tienen como objetivo mejorar la formación de profesionales en microelectrónica. 

Las Misiones Chips, por su parte, con 60 millones de euros  e impulsadas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), pretenden fomentar la colaboración público-privada. Ya se han concedido 50,4 millones de euros a 15 proyectos de investigación centrados en áreas como la fotónica y el desarrollo de semiconductores eficientes.

Esto quiere decir que, de los 12.250 millones de euros presupuestados, solo se han asignado 95,4 millones a proyectos concretos (45 millones para las ‘Cátedras Chip’ y 50,4 millones para las ‘Misiones Chip). Una cifra muy por debajo de lo esperado, aunque se espera que se asignen otros 200 millones de euros en 2024. 

¿Cómo atraer más inversión?

Con el dinero público sobre la mesa, ¿qué factores impiden que las empresas de semiconductores den un paso adelante y aumenten sus inversiones? Atraer el interés de estas compañías no solo depende de la buena predisposición monetaria de gobiernos y estados, también es imprescindible que se dé un entorno favorable para la inversión privada.



Como se mencionaba al principio, esta industria no es una más. Es la que sustenta cada dispositivo y tecnología presente en nuestra vida. Desde los teléfonos móviles a los centros de datos, pasando por cualquier vehículo, aparatos médicos o electrodomésticos. La creciente demanda de estos pequeños cerebros electrónicos generará una inversión de 2,3 billones de dólares para su fabricación entre 2024 y 2032.

Así lo recoge el reciente informe Attracting Chips Investment: Industry Recommendations for Policymakers, elaborado por la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA, por sus siglas en inglés) y la consultora BCG, señala cinco factores que influyen en esas decisiones.

El primero de ellos parece solventado: los inventivos gubernamentales para compensar los grandes desembolsos que tiene que afrontar una compañía para la puesta en marcha de instalaciones donde se diseñan y fabrican semiconductores. En 2023, los gastos de I+D representaron más del 40% de las ventas mundiales de estos componentes. Con la parte económica resuelta, otro de los obstáculos que adolece este sector es la escasez de talento.

Las empresas de semiconductores necesitan acceso a una gran fuerza laboral, desde técnicos a ingenieros y científicos. En este sentido, las compañías valoran el sistema educativo local, las asociaciones público-privadas para fomentar el talento, y la calidad de vida.

Desde la SIA también hacen hincapié en que los centros de diseño y fabricación de semiconductores deben estar operativos las 24 horas al día, los 365 días del año. De ahí que sus propietarios evalúen la calidad y disponibilidad de servicios públicos, transporte y comunicaciones, además de las inversiones que se están realizando en las redes eléctricas para garantizar el pleno funcionamiento y rendimiento de estas plantas.

El entorno regulatorio es otro de esos factores fundamentales que pueden incentivar este tipo de inversiones. Sobre todo en aquellas cuestiones relacionadas con las políticas comerciales, el flujo de bienes y personas, la legislación dirigida a proteger la política intelectual y los datos, o la agilidad para resolver problemas administrativos. 

Por último, la existencia de ecosistemas integrados y dinámicos, que agrupen a proveedores, clientes, socios de I+D, centros de innovación y, además, industrias como la de la electrónica o la automoción, constituyen un incentivo más para inclinar la balanza hacia un lado u otro. 

Europa, también rezagada

Una de las iniciativas más relevantes en el contexto europeo es la que anunció la norteamericana Intel en marzo de 2022. Una inversión de 80.000 millones de euros durante diez años para el desarrollo y fabricación de semiconductores. Sin embargo, la difícil situación por la que pasa la compañía ha dado al traste con sus planes. 

En ese momento anunció la construcción de dos fábricas de semiconductores en Magdeburgo (Alemania), con un desembolso inicial de 17.000 millones de euros. Las primeras dificultades se las encontró con el propio gobierno alemán, al que pidió una mayor inversión pública. 

Tras varias tiranteces, Alemania cedió, pero ni aun así se asegura que ambos proyectos salgan adelante. En 2022, Intel también adelantó que haría inversiones en Italia y Francia, pero ambas se han cancelado. En España, por ahora, lo único que ha confirmado es que mantiene su colaboración con el Barcelona Supercomputing Center, centrada a en la arquitectura zettascale.

Ni a Alemania, ni a la Unión Europea les conviene prescindir de una fábrica de semiconductores. Para lograrlo, ya han cerrado conversaciones con el gran titán de este mercado, la taiwanesa TSMC -que copa más de la mitad de la producción mundial de chips-, para que establezca una planta en Dresde. El coste estimado para su construcción es de 10.000 millones de euros y estará operativa en 2027.

Como ocurre en España, los planes europeos para atraer la inversión privada de la industria de los semiconductores van más lentos de lo esperado. Los 43.000 millones de euros movilizados por la Ley Europa de Chips en ayudas al sector parecen no ser suficientes. Hay otros factores, como afirma la SIA, que pueden ser determinantes para que las compañías que dominan este sector pongan su ojo, y su dinero, en Europa.