Las 'telecos' se disputan este año 583 millones para cerrar la brecha digital rural

Hace apenas dos semanas, la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (Aotec) envió una nueva carta al Gobierno. En ella, pedía que no se perjudique a las pymes de telecomunicaciones en el reparto de concesiones, licencias o subvenciones. 

La próxima llegada de fondos millonarios para la reconstrucción provenientes de Europa abre una nueva oportunidad para estas empresas. Tanto las telecos locales como los operadores de conectividad por satélite, entre otros, que tradicionalmente quedan fuera del reparto del principal programa de ayudas públicas al despliegue de redes -el Plan PEBA-NGA-, optan a hacerse con una parte de los 583 millones de euros previstos en los PGE 2021 para llevar la banda ancha a la España vaciada. A esta cantidad, se suman otros 300 millones de euros que irán dirigidos al impulso del 5G. 

Todas las compañías del sector están llamadas a proponer abiertamente la creación de las líneas de subvenciones, programas de colaboración-público privada u otros instrumentos públicos para cerrar la brecha digital rural en España. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha abierto una consulta (formalmente llamada ‘manifestación’ o ‘expresión de interés’) para recibir esas propuestas, junto con los proyectos susceptibles de beneficiarse de esas futuras líneas. El plazo estará abierto hasta el 15 de febrero.

El sector mueve filas

La patronal del sector, DigitalES, ya ha informado a sus asociados de esta convocatoria. Aotec, en representación de las pymes de telecomunicaciones, preparará asimismo su proyecto para esta llamada, según ha podido confirmar D+I. "La colaboración público-privada nos parece un instrumento muy útil a la hora de avanzar en zonas rurales en algunos aspectos como el 5G", adelantan desde esta asociación. 

Los proponentes, de manera individual, podrán remitir una única expresión de interés. Los documentos tendrán una limitación de 30 páginas (más anexos), en las que deberán incluir una descripción técnica detallada del proyecto, una estimación de ingresos y costes, una estimación del impacto sobre el empleo local, la economía o el medioambiente, e incluso evaluar la viabilidad jurídica del modelo propuesto. No existen, de antemano, requisitos en cuanto al nivel de madurez de los proyectos o la experiencia previa.

La única condición es que esas propuestas vayan encaminadas a cumplir con los objetivos marcados por el propio Gobierno en materia de telecomunicaciones. Concretamente, en el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y en la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, publicados el pasado 1 de diciembre. Esos objetivos son extender la cobertura de banda ancha de 30 Mbps (megabits por segundo) en movilidad, accesos fijos con velocidades de 100 Mbps o superior, y adelantar el despliegue de redes 5G en zonas rurales y de población dispersa, áreas en las que los operadores tardarían en llegar con los modelos de despliegue convencionales. “De esta manera, esas zonas podrán obtener los beneficios transformadores de las redes y servicios 5G desde un primer momento”, razona el Ministerio.  

Y, por supuesto, el o los instrumentos de implementación deberán cumplir con el marco normativo de ayudas de Estado de la Unión Europea.

Es decir, el dinero en juego ya está pintado en los PGE. Ahora falta darle forma y concretar qué líneas estratégicas de actuación y qué nuevos programas de ayudas serán necesarios. El Gobierno, de su lado, tendrá que definir cómo serán los proyectos tractores que defenderá en Bruselas, en materia de conectividad, para asegurar esos fondos del Next Generation EU.

“Este llamamiento está abierto a todo tipo de agentes privados y públicos”, incide el Ministerio. “A través de las manifestaciones de interés, se espera alcanzar un conocimiento más amplio de enfoques viables orientados a garantizar la conectividad global de los pequeños municipios en zonas rurales y áreas con baja densidad poblacional”.

Objetivo: 2025

La idea es que la financiación quede comprometida entre 2021 y 2023, para que su implementación esté lista para el año 2025.

Aunque a estas alturas no se puede adelantar qué proyectos serán finalmente aceptados, el propio Gobierno aporta a modo de ejemplo tres modelos que, a priori, podrían encajar en la visión que tiene Europa para la reconstrucción post-Covid.

El primero de ellos, el de subvención directa al operador, que es el que aplica en el mencionado programa anual PEBA-NGA. Bajo este modelo, el operador receptor de ayudas está obligado a disponer de una oferta mayorista.

En segundo lugar, otro modelo probado: las concesiones. Aquí, la remuneración del concesionario se realizaría a través de unos cánones, establecidos por la Administración. Y, por último, un modelo que previsiblemente encajaría bien a ojos de Bruselas, que es el de consorcio público-privado. Aquí, la Administración aporta un porcentaje de la financiación, establece el precio mayorista aplicable, estando el consorcio abierto a la participación del sector privado en función de su aportación al mismo.

Adicionalmente, recuerda el Gobierno, un modelo puede declararse como servicio de Interés Económico General (SIEG), siempre y cuando esté basado en una infraestructura pasiva, neutra y abierta.