Semana intensiva en anuncios gubernamentales en materia de digitalización. Hoy, el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez presentará tres de las estrategias nacionales más relevantes en esta materia: el plan de transformación digital de las pymes, el de las Administraciones públicas y el Plan Nacional de Competencias Digitales. ¿Y la Ley de Startups?

Son muchas las expectativas volcadas sobre esta norma, incrementadas quizá por el tiempo transcurrido desde que el Gobierno anunciara el arranque de su desarrollo. Desde entonces han pasado dos años. Previsiblemente, el Ejecutivo actual lanzará el borrador a audiencia pública durante el primer trimestre de 2021. En ese momento, todos los actores involucrados estarán llamados a hacer aportaciones.

¿Y qué piden los emprendedores en nuestro país? Carlos Mateo, portavoz de la Asociación Española de Startups (AES), sintetiza para D+I las principales demandas del ecosistema. La primera de ellas, agilizar en la medida de lo posible la tramitación de la formalmente llamada ‘Ley de fomento del ecosistema de Startups’.

- ¿Qué esperáis de la Ley de Startups? ¿Cuál creéis que será su principal aportación?

La Asociación lleva tres o cuatro años planteando que es necesario disponer de un instrumento legal como una ley para impulsar el ecosistema de startups en nuestro país.

No es un capricho, pues después de haber analizado lo que se ha hecho en otros países y teniendo en cuenta el modelo económico y social español, se necesita una norma que reconozca la singularidad de la startup como modelo de emprendimiento innovador.

- ¿Por qué necesita una startup de singularidad jurídica? ¿Qué la diferencia de una pyme convencional?

Hay una forma de hacer innovación en el mercado y de crear compañías que es diferente a otros modelos. Que se financia con inversores, no con endeudamiento. Que paga parte de su salario a sus trabajadores con participaciones de la compañía, no sólo con cash. Que al principio de su andadura no es todavía una empresa, sino el germen de lo que puede acabar siendo una empresa, pues una startup cuando nace está a medio camino entre un proyecto de innovación y una empresa.

Ese reconocimiento de la singularidad, así como una definición flexible que sea lo suficientemente abierta para que todo el mundo del ecosistema se encuentre cómodo, creemos que son condiciones previas para poder definir después, en el resto del articulado, las medidas concretas de políticas económicas que el sector está demandando desde hace años.

- ¿Cómo definiríais desde la AES qué se entiende exactamente por "startup" o por "emprendimiento innovador"?

En la consulta pública que hizo el Gobierno a principios de 2019, aportamos ideas que ayudaran a enmarcar esa definición. No apostamos por una definición cerrada y excesivamente concreta, sino abierta e incluyente.

Para AES, una startup es una organización o proyecto independiente de base tecnológica que surge con la misión de validar un producto, servicio o modelo de negocio claramente innovador y que tiene un alto potencial de crecimiento.

- ¿Y qué criterios específicos debería cumplir una empresa para poder acogerse al futuro régimen legal específico de las startups?

Es importante reconocer que en los primeros años debe existir una mayoría del capital en mano de los fundadores en un porcentaje que luego debe disminuir conforme la startup crezca y se convierta en una scaleup. 

Los criterios para ser considerados como “emprendimiento innovador” deben ser flexibles. Pero básicamente se debería poder justificar si tiene más de un 15% de los costes dedicados a I+D+i o utiliza un 15% de esos costes a contratar personal que realice funciones de ese tipo.

También, si ha recibido financiación de cualquiera de los programas públicos y privados que financian a las startups. Es decir, si has recibido un préstamo de ENISA, ya deberías poder certificar que tu modelo es innovador, y lo mismo puede decirse de otros programas similares del CDTI, un programa autonómico o un programa europeo de innovación. Y en general, si tienes una certificación pública al respecto.

Hay que pensar también que, durante los primeros meses de vida, es probable que algunas startups no tengan apenas actividad y no cuenten con libros de balance, ni otra documentación para poder certificar sus actividades.

Lo que nos gustaría, en definitiva, es que existiera un sello startup que reconociera esta actividad, y que sirviese como una especie de pasaporte para evitar tener que estar todo el tiempo perdiendo el tiempo en burocracia y en externalizar trabajos a consultoras para poder presentar tu proyecto a un programa de innovación.

- ¿Además de ese 'sello startup', qué otras medidas esperáis que incorpore la futura ley?

Un ambicioso programa de mejoras fiscales para inversores, business angels y emprendedores, y una bonificación de la cuota de la seguridad social para autónomos societarios.

También debemos impulsar medidas que favorezcan la atracción y la retención del talento, como una visa para emprendedores e inversores, y la mejora fiscal que incentive la utilización de stock options.

Finalmente, junto a una reducción drástica de la burocracia a la hora de crear, hacer crecer y cerrar startups, pedimos que se modifique el rol del sector público, de modo que apueste por invertir junto a fondos privados en capital riesgo y que impulse un modelo de regulación pro-innovación, como lo ha hecho en el caso del sandbox del sector fintech.

- Hace tiempo que el sector aguarda esta ley. ¿De qué modo estaría perjudicando este retraso al ecosistema y a España en su conjunto?

Creemos que cada mes que pasa sin la ley estamos sufriendo una pérdida de competitividad que afecta no sólo al ecosistema de startups, sino al conjunto de la economía española.

Hay países que están pisando el acelerador de estas políticas pro-startups y que pueden estar ganando la batalla de la competitividad por los fondos internacionales o incluso en la atracción del talento. Por eso no nos podemos quedar atrás.

Alemania, Francia y Reino Unido anunciaron durante el año pasado paquetes de inversión multimillonarios para ayudar a sus ecosistemas nacionales de startups. Alemania anunció asimismo que mejoraría la fiscalidad de las stock options. Francia tiene ya ese régimen establecido.

Si no aprobamos pronto una ley de startups ambiciosa, España como país puede quedarse fuera de las grandes ligas, a pesar del discurso sobre liderazgo en la transformación digital que emana del Gobierno.

- La tramitación de una ley por la vía ordinaria lleva su tiempo, inevitablemente. ¿Habría sido posible regular el emprendimiento innovador mediante reales decretos?

En términos de medidas concretas, ambos procedimientos son similares. Es cierto que una Ley permite dotar de un marco estructural y tiene un mayor recorrido si pensamos en un horizonte a medio y largo plazo. Un Real Decreto se aprueba de manera urgente ante situaciones o problemas que exigen medidas de inmediato.

Si bien es verdad que nos encontramos en una situación excepcional, también lo es que necesitamos unas medidas ambiciosas que impacten más en lo estructural.

Tras hablar tenido la oportunidad de hablar con representantes del Gobierno y de los distintos Grupos Parlamentarios, creo que a estas alturas son plenamente conscientes de los problemas y retos con los que se encuentran las startups.

Para los emprendedores no es tan importante la forma como el fondo y esperamos que de una forma u otra podamos avanzar hacia un modelo mucho más innovador.

- Las competencias sobre emprendimiento están repartidas entre varios ministerios. El impulso de esta ley, en particular, recae en la Secretaria de Estado Carme Artigas (Ministerio de Asuntos Económicos), que heredó el proyecto de su antecesor en el cargo, Francisco Polo, que a su vez ahora tiene un puesto en Presidencia como Alto Comisionado…

Para nosotros el Gobierno es uno solo, que es quien tiene la responsabilidad de sacar adelante la ley, aunque lógicamente dentro de su estructura hay diferentes roles que cumplen diferentes papeles.

Lo relevante para nosotros es que la Ley de Startups está recogida en el acuerdo de Gobierno de coalición, con lo que compromete a los dos partidos. También aparece en todos los documentos que ha presentado el Gobierno en materia de transformación económica, como por ejemplo la agenda España Digital 2025.

Y en tercer lugar, y no menos importante, la Ley de Startups se ajusta como un guante al tipo de reformas económicas para impulsar la digitalización y la transformación económica que forman parte de lo que pide la Unión Europea para acceder a los Fondos Europeos de Reconstrucción.

Todo ello nos hace ser moderadamente optimistas acerca de que en poco tiempo tendremos aprobada esta norma.

- ¿Confiáis que la Ley de Startups pueda ver la luz antes de verano?

Somos conscientes de que la situación política y económica es compleja, pero como decía, confiamos en que se pueda encauzar.

Sabemos que existe ya un borrador inicial y que ahora están dialogando con todos los ministerios implicados. Hay que pensar que nos encontramos ante un proyecto de ley transversal en el que hay aspectos que deben alinearse con Hacienda, Seguridad Social, Industria, Ciencia e Innovación, etcétera.

Hemos pedido a nuestros interlocutores del Gobierno que sea una ley participativa. Es muy importante abordar con las organizaciones representativas los puntos concretos cuando se baja ya al detalle del articulado.

El Gobierno sabe que puede contar con nosotros también para ayudar a resolver cuellos de botella internos que se puedan producir dentro de la Administración, así como en su posterior tramitación parlamentaria.

- ¿Qué interlocución habéis mantenido con el Gobierno?

Hemos trabajado tanto con Francisco Polo cuando era Secretario de Estado y ahora en sus nuevas responsabilidades como Alto Comisionado. También con Carmen Artigas y su equipo en la Secretaría de Estado de Digitalización e IA, que es el departamento encargado de impulsar el proyecto de ley.

Nos consta que es un proyecto que es una prioridad para la Vicepresidenta Nadia Calviño, que es la máxima responsable política en esta materia. Finalmente, también hemos tenido contactos con otros ministerios como el de Ciencia e Innovación -el ministro Duque es firme partidario de esta ley- y con distintos departamentos del Ministerio de Industria, que tienen una visión pro-startup y que cuentan con una de las agencias públicas que mejor lo están haciendo como es ENISA.

Nuestro trabajo es tratar de ayudar a resolver dudas, empujar para que la ley se apruebe y que incluya todas las medidas que solicitamos. El Gobierno sabe que puede contar con nosotros para resolver esas dudas y desatar los nudos que se provocan cuando se trata de impulsar una ley transversal como ésta.

- Los datos de Ascri sobre inversión 'venture capital' en 2020 son relativamente positivos, dadas las circunstancias… ¿Qué balance hacéis?

Nuestra valoración es que, aunque ha bajado el volumen total de inversiones, el ecosistema ha resistido mejor incluso de lo que podríamos prever al comienzo de la pandemia. Eso habla de un ecosistema que ha ido madurando, que tiene más fortalezas y que las proyecta en todas direcciones, aunque seguimos siendo un ecosistema con muchas potencialidades sin terminar de explotar.

Tenemos que ser conscientes ahora mismo que, debido a las circunstancias económicas con tipos de interés casi negativos y con la escasa rentabilidad de la deuda pública y también de otros valores, hay mucho capital nacional e internacional que está buscando nuevas oportunidades.

Ahí tenemos una gran oportunidad. Si el Gobierno anuncia rápidamente una Ley de Startups ambiciosa, con incentivos para los inversores y los emprendedores, indudablemente puede generar un efecto llamada a los inversores. Unido al enorme talento que existe en nuestro país, se multiplicaría la inversión en capital riesgo.

La Ley de Startups puede ser el punto de inflexión que el ecosistema español necesita para dar el salto de competitividad y de impulso que necesitamos.

- A la espera de esta normativa, la pandemia supuso en 2020 un gran varapalo para muchos pequeños negocios emergentes. ¿Qué actuaciones urgentes necesitaba el sector? ¿Cuáles se alcanzaron?

El año pasado solicitamos que se pusiera en marcha un paquete especial de medidas para apoyar al sector como estaban haciendo en Francia, Alemania y Reino Unido.

No fue atendido, puesto que se apostó por un modelo de avales a través de ICO que nosotros no considerábamos el adecuado para las startups, que utilizan ratios financieros y modelos de financiación diferentes al resto de empresas. Sí conseguimos que ENISA renegociara el conjunto de operaciones vivas que tenía.

No reclamábamos sólo ayudas. Lo que expusimos al Gobierno es que, si se apuesta por la digitalización y la transformación económica, los emprendedores y startups están llamados a ser elementos centrales y necesitamos que el ecosistema salga de la crisis con fortaleza.

Nos preocupa que otros países europeos estén dando pasos decididos en esta dirección y nosotros sigamos a un ritmo más lento. Nos jugamos mucho.