Inteligencia artificial y análisis Big Data para luchar contra prácticas anticompetitivas

El crecimiento exponencial que están registrando los datos en los últimos años y el desarrollo de nuevas herramientas para su tratamiento y análisis ofrecen numerosas oportunidades a empresas y administraciones para mejorar la gestión de su actividad y aprovechar las ventajas que aportan nuevas tecnologías como el Big Data o la inteligencia artificial. 

Estas herramientas permiten, por ejemplo, gestionar mejor nuestras ciudades, optimizar los procesos de negocio de una empresa, ofrecer una mejor atención a los clientes o prestar un mejor servicio sanitario. Y también pueden ayudar a asegurar que haya una mayor competencia en los mercados y desmantelar cárteles.

Ese es el objetivo de la Unidad de Inteligencia Económica (UIE), puesta en marcha en 2018 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el marco de su apuesta decidida por la digitalización y por aprovechar todas esas ventajas que pueden aportar las nuevas tecnologías en el desarrollo de su labor.

En una entrevista con D+I, Susana Campuzano, jefa de la Unidad de Inteligencia Económica de la Dirección de Competencia de la CNMC explica que, aunque se puso en marcha formalmente en ese año, antes ya había algunos empleados de diferentes áreas de la dirección de Competencia que habían empezado a trabajar de forma parcial en este tipo de proyectos.

Poco a poco se dieron cuenta de que el trabajo que realizaban tenía entidad suficiente para montar una unidad propia, para la que contaban ya con personal con las capacidades y habilidades necesarias dentro de la propia CNMC. Y disponían además de otro elemento fundamental para desarrollar su trabajo: una gran cantidad de datos de la contración pública en España.

De hecho, Campuzano explica que el origen de UIE responde a uno de los principales problemas en el ámbito de la competencia: la colusión en la contratación pública. Esta es una de las infracciones más graves que existen en este campo, dado que supone privar a la administraciones de recursos para políticas públicas que siempre son escasos. 

Así, este "amaño" de los contratos de la administración, uno de los peores ejemplos de bid rigging (prácticas anticompetitivas que afectan a licitaciones públicas), se estima tiene un sobrecoste para el Estado equivalente a alrededor del 20% del presupuesto de licitación. Y la contración pública representa entre el 15% y el 20% del gasto público en los países desarrollados.

Otro de los motivos que está detrás de la creación de la unidad es que habían notado una ralentización de la llegada de solicitantes de clemencia (empresas que forman parte de un cártel y deciden denunciar su existencia). Por ello, en la CNMC decidieron no depender tanto de una fuente externa, ya que no era el modelo más óptimo, y apostar por la detección de oficio.

Y ahí entra la unidad de inteligencia económica, que analiza los datos disponibles para ver si existe alguna práctica contraria a la competencia. En caso de que los datos les digan que puede existir algo raro en un mercado, la UIE se lo traslada a la Dirección de Competencia para que lo investigue. 

Datos de contratación pública

Para luchar contra todas estas prácticas, la unidad aprovecha la gran cantidad de datos que están recopilados en la Plataforma de Contratos del Sector Público española, para cuya explotación dispone de distintas herramientas de análisis y tratamiento de datos e incluso ha desarrollado sus propios algoritmos.

Campuzano considera que la UIE es "hasta cierto punto una unidad en la sombra", así como "la cocina" en la que se apoya la Dirección de Competencia para llevar a cabo un procimiento sancionador. Para ello, lleva a cabo distintas funciones. Por un lado, es la unidad encargada de aplicar el análisis estadístico y la inteligencia artificial para mejorar esa detección de oficio de comportamientos anticompetitivos. 

Asimismo, se encarga de dar soporte a la toma de decisiones de la Dirección de Competencia gracias al análisis de datos a través de herramientas de business intelligence, así como la mejora de la efectividad de las inspecciones, por ejemplo, mediante la obtención de información con técnicas OSINT (Open Source Intelligence).

Por otro lado, también es la unidad de la CNMC encargada del programa de informantes de ilícitos de competencia para lo que cuenta con diferentes vías de colaboración ciudadana anónima, que le permiten tener conocimiento de indicios de prácticas anticompetitivas manteniendo en todo momento el anonimato y la confidencialidad de dicha colaboración.

Colusión algorítmica

Asimismo, la UIE se encarga de analizar comportamientos anticompetitivos derivados de esta nueva realidad que está generando la digitalización, como puede ser la colusión algorítmica. En este caso no son directamente las empresas las que pactan para impedir la competencia libre en el mercado, sino los propios algoritmos. 

Campuzano explica que esta colusión puede deberse a que el algoritmo, a través de machine learning, haya aprendido lo que está haciendo una empresa y tome decisiones que vayan en contra de la libre competencia de mercado. O puede ser que haya detrás una manipulación humana de esos algoritmos. 

Para llevar a cabo todas estas funciones, la Unidad de Inteligencia Económica de la CNMC se vale de tecnologías y herramientas de análisis estadístico y econométrico; business intelligence o inteligencia artificial.

Por ejemplo, realiza análisis geoestadístico para comprobar si existen repartos de mercado, utiliza programas de machine learning para la detección de ilícitos de competencia y ha creado algoritmos propios que han permitido agilizar tareas mecánicas que eran muy intensivas en manos de obra. 

Sin embargo, son conscientes de que la tecnología avanzada a un ritmo "absolutamente vertiginoso" y están pendientes de nuevos avances que puedan mejorar el desempeño de su tarea en el futuro, como podrían ser el deep learning o el procesamiento del lenguaje natural. 

En este sentido, Campuzano aboga por avanzar de forma "humilde, pero segura" y por ir "de lo más fácil a lo más difícil". Por ello, resalta que los trabajadores de la unidad están en "continua formación" y dedican muchas horas al estudio, incluso fuera de su horario laboral, dado que es una unidad en la que, por las características de su actividad, "no está permitido pararse".

Un equipo heterogéneo

Otra de las características de la Unidad de Inteligencia Económica (UIE) de la CNMC es su heterogeneidad, ya que entre sus miembros actuales hay perfiles "muy diferentes", desde expertos en matemáticas, estadística e informática (data scientist), hasta economistas y abogados. Su único punto en común es que todos habían trabajado antes en tareas de competencia. 

Campuzano admite que ha sido todo un reto montar una unidad de estas características dentro de una administración pública, dado que requiere personal con unas características "muy peculiares", "muy dinámico" y que esté dispuesto a formarse continuamente.

En este sentido, incide en que su equipo está formado exclusivamente por trabajadores públicos, tanto funcionarios como personal laboral, que cuentan con las habilidades y las capacidades necesarias para estos puestos. De hecho, Campuzano tiene palabras de reconocimiento para todo el personal de la unidad, cuya dedicación es "absolutamente encomiable". 

"Yo creo que en el fondo es que te guste tu trabajo", apostilla Campuzano, quien considera que todos los trabajadores de la CNMC creen en lo que su trabajo puede aportar a la sociedad y prefieren formar parte del organismo público antes que de una empresa en la que no se sientan realizados aunque tengan un salario mayor.

Beneficios de las unidades de inteligencia

Las unidades de inteligencia económica son habituales en las autoridades de competencia de otros países y cada vez van ganado más peso en todas ellas. Campuzano pone de ejemplo la de Reino Unido, una de las "más potentes" que existen y que cuenta con alrededor de cincuenta trabajadores, o la de México, que cuenta con un equipo de unas veinticinco personas. 

En este sentido, admite con humildad que en España "no están mal posicionados" en comparación con las unidades que existen en otros países europeos, pero apunta que gran parte del mérito de que España esté "en el top" de las unidades de inteligencia económica es de la buena organización que hay de los datos de contratación pública, su mayor fuente de información. 

De hecho, gran parte del trabajo de la unidad consiste en limpiar esos datos, que permiten a la Dirección de Competencia tener información basada en los datos en menos tiempo y más mascada. Todo ello gracias al uso de tecnología, que permite realizar procesos que hasta ahora eran manuales y proporciona más agilidad y eficiencia en la operativa. 

Además, gracias al trabajo de detección de oficio de la UIE, la CNMC no depende de factor externos o culturales y puede hacer frente a cárteles estables de los que es poco probable que surjan solicitantes de clemencia y dirigirse a mercados seleccionados. Además, Campuzano apunta que esa detección de oficio ya tiene por sí misma un carácter disuasorio para futuros cárteles. 

Sistema de informantes anónimos

Y la tecnología también ha permitido la puesta en marcha a principios de este año del Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA), un canal completamente cifrado y anónimo para que cualquier ciudadano o empresa pueda enviar información sobre prácticas que dañan a la competencia.

Campuzano explica que ese canal permite a los informantes hacer sus denuncias sin tener que dar siquiera una dirección de correo e incluso adjuntar documentos. Así, apunta que funciona como un buzón de correos en el que depositas un anónimo, pero con la ventaja de que la CNMC puede ponerse en contacto contigo a través de ese buzón al que solo puede acceder el informante con una clave única. 

Y todo este trabajo que realiza la UIE ya ha dado sus frutos y ha sido clave para que la CNMC iniciara varias investigaciones. Algunas de ellas, han finalizado con la imposición de multas a las empresas infractoras, como en el caso del cártel que se repartía los contratos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o el cártel de las farmacéuticas productoras de radiofármacos PET.