Esta semana veía la luz el informe del Anteproyecto de la Ley de Startups, abierto ahora a audiencia pública. Es el resultado de una promesa, realizada en 2018 por el presidente Pedro Sánchez, que ha tardado tres años en madurar bajo el abrigo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Secretaría de Estado de Digitalización y el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.

Un texto que, como ya contamos en D+I, incluye como principales medidas la rebaja del Impuesto de Sociedades y de la Renta de las Personas No Residentes del 25% al 15%, durante un plazo máximo de cuatro años, o la elevación del 30% al 40% la base máxima de deducción para aquellas inversiones realizadas en empresas de nueva o reciente creación, hasta los 100.000 euros.

También se incluyen medidas favorables para las 'stock options' como forma de retribución a los trabajadores de las startups, ampliando la exención al respecto de los 12.000 euros actuales a 45.000 euros.

Asimismo, y con el objetivo de atraer talento internacional hacia nuestro país, el Anteproyecto propone un nuevo tipo de visado para aquellas personas que teletrabajen o sean 'nómadas digitales', así como rebajando los requisitos para acceder al Impuesto de Renta de Personas no Residentes actualmente existentes.

A priori, todas esas medidas suenan muy positivas para el impulso del ecosistema emprendedor de base digital en nuestro país. Pero como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Es por ello que hemos pedido a las principales voces del mundo 'startup' en nuestro país que se pronuncien y valoren este Anteproyecto de Ley, con sus puntos fuertes y, también, sus debilidades.

Todavía mucho por mejorar

Para comenzar este análisis, les pedimos a nuestros expertos una valoración general, a vuelapluma, de este documento. Con un resultado muy similar: se trata de un paso en la buena dirección, imprescindible para sentar las bases de la economía emprendedora digital, pero que se queda muy corto y peca de errores de base.

"Es un buen paso en la buena dirección, pero creemos que la ley se queda bastante corta en relación a medidas que son hace tiempo demandadas y fundamentales para impulsar el ecosistema de startups al primer nivel. Trabajaremos con el gobierno y con las Cortes para que la ley esté a la altura de la ambición y el buen hacer de los emprendedores", dice por ejemplo Carlos Mateo, portavoz de la Asociación Española de Startups.

"Celebramos este paso tan importante del Gobierno para apoyar e impulsar el ecosistema emprendedor en nuestro país, porque, además, es una iniciativa que llevábamos mucho tiempo esperando y para la que todo el sector, especialmente desde las asociaciones, lleva trabajando muchos años", afirma a su vez César Tello, director general de Adigital. "Dicho esto, creemos que es una norma que, por su trascendencia no solo para las startups sino para nuestra economía y el país, tenemos que construir juntos y, por eso es clave, el periodo de consulta pública que se ha abierto".

Mucho menos optimista se muestra el abogado David Miranda, socio de Osborne Clarke: "Creo que la impresión generalizada en el sector ha sido de decepción. Tras tres años desde el anuncio inicial del Gobierno y numerosas entrevistas y reuniones con actores del ecosistema emprendedor, creo que nadie esperaba una norma plagada de defectos técnicos y medidas que van a tener un impacto prácticamente nulo en el sector".

Más ambición y romper el ‘techo de cristal’

Las startups han acogido con satisfacción el proyecto de ley, pero urgen al Ejecutivo a actualizar la legislación para “adecuarla al actual contexto tecnológico y de trabajo globalizado”. En esta línea, Victoria Corral, directora de desarrollo de negocio en Solver IA, startup que aplica modelos predictivos basados en herramientas de inteligencia artificial y que cuenta con Consum, Meliá o Barceló entre su cartera de clientes, reivindica “más ambición” en el texto.

“Por ejemplo, reducir el impuesto de sociedades no es de gran ayuda para estas compañías que en los primeros años de andadura no tienen beneficios en la mayoría de los casos. Serían necesarias otras medidas que contribuyeran a aliviar los costes de esos primeros pasos”, indica Corral.

En la misma línea se muestra Lorenzo García, CEO de The Logic Value, fintech de referencia en el ecosistema startup español que fue elegida en 2020 por Bankia para su digitalización financiera. El responsable de la compañía insta a la Administración a, más allá de las ayudas y rebajas fiscales, “romper el techo de cristal” que sufren estas empresas emergentes de base innovadora.

“Deberían legislar para que las grandes empresas, a través de sus departamentos de I+D, tuvieran que contratar una cuota de sus servicios con startups. Necesitamos que la financiación nos llegue por los clientes, no por ayudas o pagar menos impuestos”, asegura García.

El CEO de The Logic Value insiste en que la posición dominante de las grandes empresas en España les impide que contraten sus servicios por los complejos procesos internos de estas corporaciones. “Tienen una posición dominante que impide que las empresas pequeñas puedan venderles directamente. Hay que romper ese techo de cristal, es lo más importante”.

Por último, desde el sector también se insiste en que “tras los primeros cinco años, cuando llega la consolidación, las medidas del proyecto de ley se quedan cortas y sería muy positivo que se iniciase ya una reflexión en este sentido”, apostilla Victoria Corral.

Las asignaturas pendientes

Tal y como anticipaba Corral a D+I, una de las principales asignaturas pendientes de este Anteproyecto de Ley está en las rebajas fiscales que plantea, centradas en un Impuesto de Sociedades que pocas de estas startups pagan actualmente. Incluso en el caso de aquellas que sí hacían frente a este impuesto, ya existía una rebaja similar actualmente, aunque por un plazo de tiempo inferior.

"La duración máxima de los presuntos beneficios fiscales es de cinco años (siete años para las empresas emergente en sectores biotecnológico, industrial y energético), totalmente insuficientes para empresas que razonablemente no van a tributar por Impuesto de Sociedades durante esos años. El único impuesto que van a pagar todas esas empresas son cotizaciones a la seguridad social y ahí, el área económica del Gobierno, se ha cuidado muy mucho de que no haya rebaja alguna", destaca Miranda.

En ese sentido, desde la Asociación Española de Startups también reclaman "medidas en materia de seguridad social". Son estos costes laborales los que más afectan a las empresas de nueva creación en sus primeros años y sobre los que no se ha producido ningún avance con este documento.

Siguiendo con la materia fiscal, el abogado David Miranda critica que los incentivos a las 'stock options' como forma de retribución a los empleados de las startups puedan quedarse, nunca mejor dicho, en papel mojado: "Las 'stock options' siguen tributando como renta del trabajo en el momento en que se ejercitan. Hay que pagar a Hacienda, pero el trabajador, lo único que recibe es papelitos. Además, la exención (como el resto de “ventajas”) solo aplica mientras la sociedad sea “emergente” y por tanto caduca a los cinco años de su constitución. O sea, que preparen el bolsillo los que tienen que ejercitar la stock option a partir del año cinco".

Añade el abogado que "uno de los pocos aspectos donde ha cedido es en el incremento de la deducción por inversión de business angels, pero pensar que ellos van a ser la fuerza motriz de nuestro sistema emprendedor es ilusorio. Si hubiera habido ambición y ganas de fomentar la inversión, tendrían que haber mejorado la fiscalidad de la remuneración de las gestoras de capital riesgo, en línea con lo que han hecho las Haciendas Forales y muchos países de nuestro entorno. Esa medida sí que hubiera tenido un impacto efectivo en el acceso de las empresas emergentes a la financiación privada. Sin embargo se prefiere el recurso a la subvención y ayuda pública frente a la inversión privada".

Pero si hay una queja compartida por todos y cada uno de los entrevistados para este reportaje, esa es la mala definición que el Anteproyecto de Ley hace de una startup. Según el documento hecho público por el Gobierno, se considera como tal a aquellas empresas de base tecnología con su sede social y más de la mitad del empleo en España. También deberá tener menos de cinco años de existencia (ampliable a siete en el caso de compañías dedicadas a la biotecnología o la industria, que suelen presentar plazos de madurez más lentos) y no debe ser una firma cotizada ni haber repartido dividendos. Por último, la facturación de dicha startup debe ser inferior a los cinco millones de euros.

Se entiende entonces la queja de Miranda, ya que todos los incentivos planteados en esta norma cubren únicamente esos cinco primeros años de vida de la startup. Considerando que el Ejecutivo también ha prometido impulsar el escalado de estas empresas hasta consolidarse, resulta paradigmático que se vean abandonadas al comienzo de su camino.

Pero hay un detalle más que ha encendido las críticas de la comunidad 'startup' en nuestro país. Recoge el texto en un apartado: "No se entenderá que una empresa es de nueva creación cuando alguno de sus fundadores lo hubiera sido de una primera o segunda empresa emergente que se hubiera beneficiado de esta ley".

Tal y como recogen los sucesivos informes presentados por South Summit cada año, son los fundadores con experiencias previas los que suelen cosechar más éxito con sus andanzas. Igualmente, si se busca fomentar la colaboración y el intercambio de conocimiento de aquellos que ya han tenido éxito, resulta difícil de explicar que no se les permita formar parte de una nueva startup como fundadores.

"Se requiere una comprensión más certera de cómo funciona una startup y sus necesidades para eliminar barreras o no poner otras nuevas", reconocen desde la AES. "Es necesario un buen conocimiento de cómo funciona una startup para diseñar medidas que respondan a sus inquietudes reales, algo que tiene un impacto en la misma definición de este tipo de empresas", añaden desde Adigital.

"Hubiera sido más partidario de generalizar buena parte de las medidas a todas las pymes, en vez de redactar una ley especial aplicable exclusivamente a un nuevo subtipo de sociedad (la empresa emergente)", concluye David Miranda. "No tiene sentido que únicamente las empresas emergentes (cuya vida dura sólo cinco años) puedan beneficiarse de reducción de burocracia para la obtención de NIF de inversores o la posibilidad de crear pools de 'stock options'. Hay muchas cosas que pulir en el trámite de audiencia pública y en el posterior trámite parlamentaria".