Han pasado cuatro años desde que se empezase a hablar en firme de la creación de un marco legal específico para las empresas emergentes. Fue en 2018, durante el South Summit, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió en la necesidad de legislar alrededor de las startups debido a su especial naturaleza jurídica.
En ese momento comenzó a fraguarse la famosa normativa a la par que lo hacía la Estrategia para la España Nación Emprendedora, cuya finalidad es dar impulso a este tipo de compañías y su ecosistema en base a cuatro objetivos: acelerar el crecimiento de las inversiones, hacer de España un "paraíso para el talento", fomentar la escalabilidad de las empresas e invertir en un sector público emprendedor.
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Con estas pretensiones en mente, se definió un paquete de 50 medidas a diez años vista (de los que ya han transcurrido dos), entre ellas la Ley de Startups.
Este documento ha tenido que enfrentarse, desde su concepción, a varios obstáculos (entre ellos, la pandemia) que han hecho que se vaya retrasando de forma continua y que han convertido a la fecha de su publicación en una de las preguntas más repetidas al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde recae su competencia.
Por fin, en julio 2021, el Ejecutivo dio luz verde al anteproyecto de la mencionada legislación, y ahora, en octubre de 2022, la Ley de Startups ya es una realidad.
Menos burocracia y un visado especial para los "nómadas digitales"
En concreto, esta normativa afecta a todas aquellas empresas emergentes que dispongan de su sede social y más de la mitad del empleo en España y que cuenten con menos de cinco años de experiencia, aunque esto último es ampliable a siete en el caso de las firmas dedicadas a la biotecnología o la industria, ya que suelen tener plazos de madurez más lentos.
Además, no podrán acceder a ella las firmas cotizadas o que hayan repartido dividendo. Tampoco, aquellas que tengan una facturación superior a los cinco millones de euros.
Entre los puntos clave que aborda la Ley de Startups destaca la conocida como "medida estelar", la rebaja del Impuesto de Sociedades y de la Renta de las Personas no Residentes del 25% al 15% durante un plazo máximo de cuatro años.
A la par, también contempla el aplazamiento de las deudas tributarias y stock options como medio de retribución a los trabajadores de las startups, así como elevar del 30% al 40% la base máxima de deducción para las inversiones realizadas en empresas de nueva o creciente creación hasta los 100.000 euros.
Asimismo, el proyecto incluye la creación de un nuevo tipo de visado para las personas que realicen su trabajo en remoto o sean consideradas "nómadas digitales" y establece un procedimiento más ágil para que obtengan el visado y la residencia, así como un régimen tributario especial.
El reglamento simplifica, asimismo, la burocracia a la que se enfrentan las startups, como la eliminación de la obligación de los pagos fraccionados en los impuestos de Sociedades y No Residentes. Además, se impulsan más entornos de prueba (conocidos como 'sandbox regulatorios') para permitir la incorporación de nuevos modelos de negocio que no encajaran en la legislación vigente.
ENISA, la Empresa Nacional de Innovación SA, que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, será la encargada de definir qué empresas pueden acogerse a la definición de startups y, por tanto, pueden acceder a los beneficios de la ley.
No obstante, la Ley de Startups española no es pionera en este camino, sino que comparte ámbito legislativo con otras normativas similares que se han ido desarrollando de forma progresiva en Europa.
En los últimos años, países como Francia, Irlanda o Portugal también han empezado a adoptar una fuerte batería de medidas en este sentido con el objetivo de adaptar el entorno regulatorio a las nuevas necesidades de competitividad y convertir sus naciones en emprendedoras.
Francia, pasaportes "de talento" para proyectos innovadores
Por un lado, la región francesa ha creado diferentes mecanismos dedicados a atraer a fundadores de startups, inversores o trabajadores de estas compañías que quieran desempeñar su ocupación en remoto.
Según precisan desde el Gobierno francés, para llevar a cabo cualquier actividad comercial en Francia es necesario aplicar por un permiso de residencia, sea miembro o no de la Unión Europea. En este sentido, han desarrollado diferentes tipos de visados para facilitar esta tarea y permitir que un mayor número de emprendedores elijan Francia para establecerse.
Entre ellos, destaca el Talent Passport, que pueden solicitar los fundadores de startups que tengan un "proyecto innovador que quieran desarrollar en Francia", que haya sido reconocido por las instituciones públicas (sea a nivel local o nacional) y medios económicos suficientes que se correspondan con el salario mínimo anual. La duración de este permiso es de cuatro años, aunque es renovable.
En línea con lo anterior, el país galo ha desarrollado un visado especial dedicado al ecosistema tecnológico, la French Tech Visa. Según explican, es un proceso aún más simplificado para la obtención de un permiso de residencia de varios años dedicado a los fundadores de startups seleccionados por incubadoras y aceleradoras asociadas, los trabajadores reclutados por compañías con base en Francia y reconocidas como innovadoras por el Ministerio de Economía y Finanzas francés y los inversores internacionales establecidos en esta región.
Así, los creadores de compañías emergentes de fuera de este país pueden aplicar al Talent Passport bajo la French Tech Visa para fundadores. Mientras, aquellos que no hayan sido seleccionados por una incubadora asociada no se pueden beneficiar de la visa, pero sí del pasaporte de talento.
A estas dos iniciativas se une el programa French Tech Ticket, que busca animar a los emprendedores a establecer su startup en Francia ofreciéndoles soporte personalizado. En concreto, financiación para cubrir gastos profesionales, un período de 12 meses con una incubadora asociada, el permiso de residencia mediante el Talent Passport, un programa de apoyo (con masterclass y eventos de networking) y asistentes que ayuden con los trámites administrativos.
Irlanda, recursos para alcanzar "un negocio de éxito"
Por su parte, Irlanda dispone del New Frontiers, un programa nacional de desarrollo empresarial dedicado a los emprendedores que se encuentran en las etapas iniciales y las ideas de negocio innovadoras "que tienen el potencial de escalar y generar empleo". Según precisan desde esta institución, esta iniciativa "provee de las habilidades, el apoyo y la confianza para convertirles en un negocio de éxito".
Este plan está abierto a ideas de todos los sectores (desde la alimentación a la tecnología o la farmacia) y consta de tres fases (analizar la idea, desarrollar el negocio e implementarla). Entre sus prestaciones, el programa ofrece un paquete de apoyo valorado en 30.000 euros, incluyendo un subsidio de 15.000 euros libre de impuestos al alcanzar la fase dos, a los que se sumarán hasta 10.000 euros más al alcanzar la fase tres.
También, contempla tutorías personalizadas impartidas por mentores comerciales, asesoramiento de profesionales experimentados, inversores y otros emprendedores, acceso a las instalaciones de I+D de los institutos tecnológicos o las universidades, talleres para la construcción de un negocio, espacio de coworking gratuito y apoyo, orientación y monitorización del desarrollo del proyecto.
"New Frontiers supone un cambio radical para aquellos que se tomen en serio desarrollar sus ideas de negocio en startups de éxito", explican desde la institución.
Portugal, un hub dedicado a atraer el talento digital nómada
Portugal se está convirtiendo en un hub para el emprendimiento y en un imán para atraer talento digital nómada y, más allá de las características geográficas o de servicios sanitarios o educativos que ofrece, una de las razones principales son las facilidades que ofrece a las startups.
Desde la organización sin ánimo de lucro Startup Portugal, dedicada a "promover la innovación" en Portugal, recogen algunos de los programas a los que se pueden acoger los emprendedores para desarrollar sus iniciativas.
Esta entidad, que media entre el Gobierno, las incubadoras, las aceleradoras, los inversores y los fundadores de las startups, ayuda a diseñar políticas públicas e iniciativas privadas que sirvan a la comunidad y atraigan talento extranjero.
En concreto, su trabajo se ha materializado en el lanzamiento de iniciativas como Startup Visa, Tech Visa, Startup Voucher, One Stop Shop o Startup Hub, entre otros.
Por ejemplo, la Startup Visa, promovida a través del IAPMEI (Instituto de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas y a la Inversión), perteneciente al Ministerio de Economía portugués, es un permiso de residencia enfocado en emprendedores de todo el mundo que quieren crear o establecer su compañía en Portugal.
Entre los requisitos, se debe probar que el proyecto es innovador, que está centrado en la tecnología y que tiene el potencial de crear empleo cualificado. Además, hay que demostrar tener 5.146 euros en el banco y demostrar que se puede alcanzar en cinco años un volumen de negocio de más de 325.000 euros al año.
Estonia, uno de los sistemas de impuestos "más liberales"
El país báltico es otro de los que ha apostado en los últimos años por desarrollar mecanismos y legislaciones que favorezcan el desarrollo de las compañías emergentes en él y el desplazamiento de los emprendedores o "nómadas digitales".
En concreto, Startup Estonia es una iniciativa gubernamental que quiere potenciar este ecosistema y priorizar la elección de la región a la hora de establecer una startup. "Estamos trabajando para hacer de Estonia uno de los mejores lugares del mundo para nuevas empresas mediante la asociación con otras firmas emergentes, incubadoras o aceleradoras del sector público y privado", apuntan.
Entre las razones que destacan para elegir este país entre el resto, apuntan el interés de sus habitantes por la tecnología, con asignaturas de programación desde la escuela primaria; o la rapidez con la que se puede crear una firma de forma online, en tan solo 15 minutos, y realizar la declaración de impuestos en menos de 3 minutos. A la par, destacan que tienen uno de los sistemas de tasas más liberales "en todo el mundo", con "cero impuesto de sociedades".
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También, señalan que las soluciones de gobierno digital son "de primera categoría", ya que el trabajo conjunto del ecosistema emprendedor con el espacio público hacen de Estonia "el mejor lugar para que las startups se desarrollen". Así, presumen de que las empresas emergentes que se desarrollan así "recaudan más y más dinero cada año".
Todo ello se materializa en iniciativas como las residencias digitales (E-Residency) dirigidas a ciudadanos europeos y de fuera de la UE que quieran situar su negocio en esta región. nómadas digitales, emprendedores o freelance. La solicitud de este servicio, que cuesta entre 100 y 120 euros y tarda en obtenerse un máximo de 8 semanas, permite acceder a soluciones 100% digital y a una red de expertos que ofrecen consejos sobre cómo expandir la compañía.
Italia, incentivos fiscales y flexibilidad en los trámites
Por otro lado, Italia es otro de los países que apuesta por desarrollar políticas que atraigan y retengan a los emprendedores de todo el mundo. Para ello, ha presentado dos mecanismos distintos: la Startup Visa y el Startup Hub.
El primero de ellos está dedicado a los usuarios que no residen en la región italiana, pero quieren ser parte de este ecosistema y establecer en él sus negocios. El segundo está enfocado en los que sí residan en Italia y quieran "prolongar su estancia y establecer una startup innovadora".
Ambas vienen respaldadas por la Ley de Startup impulsada por el Gobierno de dicho país, publicada en 2016 y con puntos muy similares a la española.
En primer lugar, la normativa contempla la definición de startup y añade que, para acogerse a este reglamento, deben cumplir algunas características específicas como ser nuevas o haber operado menos de cinco años, tener su sede en algún país europeo (pero, eso sí, con una sucursal en Italia), no superar los cinco millones de facturación anual o no distribuir beneficios.
También, que se dedique a producir, desarrollar o comercializar bienes o servicios de "alto valor tecnológico" y tenga carácter innovador, para lo que será necesario que, al menos, el 15% de los gastos de la firma se inviertan en I+D, que un tercio de sus trabajadores tengan un doctorado o estén en proceso de conseguirlo o que dos tercios dispongan de un máster, así como que la empresa tenga registradas varias patentes.
En concreto, los beneficios que contempla la ley, para una duración de cinco años después de su incorporación, son, entre otros, acceso a herramientas digitales, reducción de los trámites burocráticos y de las tasas de registro, la flexibilidad a la hora de hacer frente a las pérdidas durante la etapa inicial o a las contrataciones e incentivos fiscales.