A apenas dos días de que los españoles sean llamados a las urnas para decidir el Ejecutivo que gobernará durante los próximos años, el Gobierno actual se ha apresurado a concluir uno de los temas que llevaban coleando desde hace meses: la certificación de las startups que se podrán adherir a la famosa Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes.
Hoy, último día de la campaña electoral, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recogido la orden que regula los criterios para la definición de una startup elaborados por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) y que, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pretende llegar a 10.000 firmas, lo que tendrá un impacto sobre 150.000 puestos de trabajo.
El Ejecutivo ha explicado a través de una nota de prensa que Enisa ha recibido alrededor de 2.000 consultas de compañías interesadas en este proceso con el objetivo de optar a los beneficios fiscales que recoge la legislación relativa a las startups.
El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, destaca que con esta orden se inicia “un nuevo tiempo de modernización y de grandes oportunidades no solo para el crecimiento económico, sino también para el mercado de trabajo. La certificación de una startup en España, primer país europeo que contará con un sistema de emisión de certificados, otorgará amplia seguridad jurídica al sector de las empresas emergentes en España, favoreciendo que cada vez más grandes fondos quieran invertir aquí”.
Por su parte, el CEO de Enisa, José Bayón, coincide con esos puntos y añade -en entrevista con D+I – EL ESPAÑOL- que esta orden ministerial “es uno de los aspectos más importantes a efectos prácticos de la Ley de Startups, que permitirá acceder a sus ventajas a emprendedores e inversores”.
Destaca Bayón la complejidad de llevar a cabo esta norma, con la implicación de siete de los 14 ministerios originariamente implicados en el desarrollo de la ley, además del Consejo de Estado. “Es un trámite que llevaba su tiempo y, si comparamos estos siete meses con los dos años que tardó en salir el sello de Pyme Innovadora, es algo de lo que estar orgullosos”, indica a este medio.
Qué se entiende por 'startup'
En concreto, en el BOE se precisa que se entenderá cumplido el requisito de carácter de emprendimiento innovador si la empresa que lo solicite cumple tan solo una de las seis disposiciones que se recogen. Entre ellas, que los gastos en I+D+I tecnológica representen, al menos, un 15% respecto a los totales de la empresa durante los dos ejercicios anteriores o en el inmediatamente anterior cuando sean firmas de menos de dos años.
También, que la compañía haya sido beneficiaria de inversión, financiación o ayuda pública para el desarrollo de proyectos de I+D+I en los últimos tres años; que disponga de un informe emitido por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el que se acredite su carácter innovador; o que acredite disfrutar de bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social por tener contratado personal investigador.
Por último, que la empresa disponga de un Sello Pyme Innovadora o de la Certificación de Joven Empresa Innovadora o de Pequeña o microempresa Innovadora, ambas emitidas por AENOR, entre otras.
Más allá de estos criterios, la ley también puntualiza que podrán acogerse a ella las startups que tengan su sede social y a más de la mitad del empleo en España, cuenten con menos de cinco años de existencia (ampliable a siete en el caso de compañías dedicadas a la biotecnología o la industria, que suelen presentar plazos de madurez más lentos) y no ser una firma cotizada ni haber repartido dividendos. Además, su facturación debía ser inferior a los diez millones de euros.
90 solicitudes en cuatro horas
En las primeras cuatro horas desde la entrada en vigor de estos criterios, Enisa ya ha recibido 92 solicitudes de startups que han comenzado su certificación. “Antes ya habíamos tanteado al ecosistema y habíamos recibido 1.900 muestras de interés. Contamos con que todas ellas vayan accediendo al sistema, y muchas más”, añade José Bayón.
José Bayón, CEO de ENISA
El consejero delegado de la entidad pública afirma a D+I - EL ESPAÑOL estar “en condiciones” para responder a la demanda, con más personal (un 50% más al acabar el año), sistemas informáticos diseñados para esta ocasión y un 50% más de presupuesto con el que poder atender sin problemas a todos los emprendedores interesados en recibir esta certificación.
“Es un momento extraño por el verano, pero que haya podido salir ahora se debe a un empujón final del Gobierno para que viera la luz, un gesto con el que queda patente la importancia del emprendimiento y la innovación para este Ejecutivo”, concluye Bayón.
Beneficios fiscales y visados para los nómadas digitales
La conocida como Ley de Startups fue aprobada en el Congreso de los Diputados de forma definitiva a finales de 2022, respaldada por una amplia mayoría (317 votos a favor y 17 abstenciones).
La normativa recoge una serie de beneficios relativos a las empresas emergentes, entre los que destacan algunos como la rebaja del Impuesto de Sociedades y de la Renta de las Personas No Residentes del 25% al 15%, durante un plazo máximo de cuatro años, que se convirtió en la medida estelar.
El documento también abarca iniciativas para el aplazamiento de las deudas tributarias y stock options como medio de retribución a los trabajadores de las startups; así como elevar del 30% al 40% la base máxima de deducción para aquellas inversiones realizadas en empresas de nueva o reciente creación, hasta los 100.000 euros.
Además, la ley se centra en los llamados "nómadas digitales" y ofrece un nuevo tipo de visado para las personas que se enmarcan bajo este concepto, al tiempo que rebaja los requisitos para acceder al Impuesto de Renta de Personas no Residentes.
La norma incluye, asimismo, varios puntos destinados a la simplificación de la burocracia que enfrentan las startups a diario, como la eliminación de la obligación de los pagos fraccionados en los impuestos de Sociedades y No Residentes; además de impulsar más entornos de prueba ('sandbox regulatorios') para permitir la incorporación de nuevos modelos de negocio que no encajaran en la legislación vigente.