La Comisión Europea (CE) le pide al Gobierno de España que publique su hoja de ruta para el Programa Político de la Década Digital, para incentivar el feedback, el debate y el compromiso del sector privado y de la sociedad en general en los objetivos fijados para el año 2030.

La hoja de ruta española en cuestión sí obra en poder de DG Connect, la dirección general de la CE que se ocupa de la materia, porque era obligatorio para los 27 países miembros remitirlas el pasado diciembre. Sin embargo, sólo 19 de ellas están disponibles en la web de la Comisión para consultar los detalles.

Y entre las ausentes, la de España, de la que sabemos que incluye 67 medidas o programas (sin mayor detalle), con un presupuesto de 33.750 millones, de los que el Gobierno prevé disponer entre las aportaciones públicas y privadas. Sería un 2,3% del PIB. La CE ofrece datos comparativos, sin la literatura explicativa ni los detalles sobre recursos materiales y humanos implicados en los planes.   

Aparte de este relevante detalle de omisión, la CE “felicita” a España por el conjunto de las informaciones que ha facilitado para elaborar el segundo informe de la Década Digital, hecho público ayer. El informe es sucesor del DESI (índice de economía y sociedad digitales) que fue la referencia de 2014 a 2022. La Comisión dice que “la hoja de ruta española refleja una gran ambición” y está en línea con los objetivos europeos.

El nuevo informe incluye como novedad la evaluación de datos y objetivos de las hojas de rutas nacionales, para establecer comparaciones entre los países y la media comunitaria. Y, eventualmente, para pedir o recomendar ajustes. A finales de año la CE hará una revisión general.

Futuro digital

El programa de la UE, cuyo primer informe fue aprobado en septiembre de 2023, pretende capacitar a las empresas y a las personas para un futuro digital más sostenible, próspero y centrado en el ser humano en una Europa más competitiva y resiliente, con metas fijadas para 2030.

Se basa en la declaración de principios y derechos digitales y toma en cuenta cuatro parámetros: las capacidades digitales y la educación de la población; las infraestructuras; la transformación digital de las empresas; y la digitalización de los servicios públicos.

En propósitos concretos, la CE aspira a que en 2030 haya en Europa 20 millones de trabajadores especializados en TIC y que el 80% de la población tenga competencias digitales básicas.

En estos dos apartados, el plan español da una de cal y otra de arena. Eleva el listón de las competencias básicas de la población, situándolo en el 85%, pero se queda por debajo en especialistas TIC, contando con llegar al 8,6% de trabajadores con esa etiqueta, cuando la media europea se pretende que alcance el 10%.

En la actualidad, el 66,2% de la población española tendría ya esas competencias elementales digitales (la media europea es del 55,6%), mientras que los especialistas TIC llegan al 4,4% de los trabajadores, frente a una media UE del 4,8%.

Curiosamente, en España los graduados TIC (datos de 2022) son el 5,2%, mientras la media europea es el 4,5%. Pero en crecimiento en el ámbito laboral, la proyección comunitaria casi dobla a la española.    

Tecnologías para la empresa

Para la actividad empresarial, el objetivo de la CE es que el 75% de las compañías europeas esté utilizando en 2030 al menos una de las tres tecnologías de computación avanzadas que identifica en el uso de la nube, la inteligencia artificial y la analítica de macrodatos (big data).

España cifra en la actualidad en un 49,9% este parámetro. La media UE se sitúa en el 54,6% y no hay una previsión nacional de cuál sería el indicador español en 2030. Al menos sí se aprecia un notable incremento reciente en el uso de IA en la empresa española, del 7,7% al 9,2%, en un año. 

También hay una referencia en el informe a los unicornios y scaleups, cuya cifra se busca duplicar al final de la década. España cuenta ahora con 11 unicornios y espera tener 24 en 2030, más del doble. La UE contabiliza ahora 263 y redondea a 500 su esperanza para el final de la década.

Respecto a las pymes ‘con al menos un nivel básico de intensidad en la digitalización’, según el lenguaje de la CE, España se alinea con el objetivo comunitario de llegar al 90% en 2030. En la actualidad, el Gobierno español estima haber alcanzado el 60,5% mientras la media UE es el 57,7%.

Ese nivel básico de digitalización de las pymes estaría en relación con objetivos del kit digital ofrecido por el Gobierno español, que acaba de ser ampliado con una dotación de 350 millones. Esto se refiere a disponer de página web, gestión online de contactos y datos y utilización de pasarelas de pago. En la reciente ampliación presupuestaria se añaden productos básicos de inteligencia artificial.

Según ha podido saber DISRUPTORES, en la hoja de ruta remitida a Bruselas figuran siete medidas (sin más detalles) que hacen referencia a esta digitalización básica de las pymes, con una previsión de inversión de 3.922 millones procedentes de fondos públicos. 

Otro punto de referencia para el plan de la Comisión son las infraestructuras digitales. Por una parte, busca llegar al objetivo de ‘conectividad gigabit’ para todos, es decir, al 100% en 2030. España lleva cierta ventaja en este apartado, con un 96,3% de cobertura en redes de alta capacidad (la media UE es 78,8%), un 95,2% de fibra (64% UE) y un 92,3% de 5G (89,3% UE).

Los otros dos aspectos de infraestructuras son la fabricación de semiconductores, de la que ni España ni la CE dan datos concretos, limitándose a proponer ‘duplicar la cuota UE en la producción mundial’; y el despliegue de nodos Edge (computación de proximidad en la red), de los que España declara tener 171 y no fija ningún objetivo para 2030. En la UE hay 1.186 y la meta es llegar a 10.000 al final de la década. También hay un objetivo general en computación cuántica: tener un primer ordenador europeo de aceleración cuántica en 2030.

Servicios públicos 

Queda, por último, la digitalización de los servicios públicos, para los ciudadanos y las empresas europeos, incluido el acceso digital a historiales médicos, referido como e-Health (salud digitalizada).

En los tres apartados el objetivo coincidente de la CE y España es llegar al 100%. La situación actual, según el informe sería que en servicios públicos para los ciudadanos España está en el 84,2% (paradójicamente baja 2 puntos respecto al año anterior) y la UE en el 79,4%; en servicios para las empresas, el 91% y el 85,4%, respectivamente; y en acceso a historiales médicos, el 84,6% y el 79,1%.

Sobre este último punto de salud, el acceso a los historiales médicos digitalizados, hay una cierta oscuridad. DISRUPTORES trató de indagar si se refiere a una disponibilidad e interconexión de los sistemas de salud públicos y privados.

La respuesta obtenida, un tanto críptica, es que ‘lo que pide la Comisión es que las personas autorizadas por los pacientes puedan acceder a los datos médicos de los pacientes de forma digital a través de medios digitales’. Es la misma fórmula que aplica a otros países.

No obstante, entre las recomendaciones que la Comisión hace a España, en lo referido a digitalización de la salud, figura la petición de “que los mismos datos sean accesibles en todas las regiones. Datos relativos al uso de dispositivos médicos, de las operaciones y procedimientos, y que las imágenes de estos distintos procedimientos estén disponibles a todos los ciudadanos, independientemente de la región en la que se encuentren”.    

La Comisión pide a España esforzarse en incentivar la adopción empresarial de las tecnologías avanzadas. Que participe en el IPCEI (acrónimo de proyectos importantes de interés común europeo) referido a la nube y que fije un objetivo en el indicador y trayectoria de nodos Edge (computación de proximidad), que no figura en la hoja de ruta remitida a Bruselas. También recomienda reforzar las medidas para tratar de aumentar el porcentaje de especialistas TIC, acorde con el objetivo común, mediante ‘programas que atraigan y retengan el talento’.

Por su parte, el Gobierno español, en su valoración y comentarios sobre el informe de la CE, incluye como parte de su esfuerzo por la digitalización la ‘Cartera Digital Beta’, presentada ayer por el ministro Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá.

Se trata de una herramienta de verificación de la mayoría de edad para evitar el “acceso a contenidos inapropiados para la infancia”. Es decir, para “prevenir la difusión de contenidos ilegales y del discurso de odio” e intentar impedir el acceso de los menores al porno online.