Urtasun se enfrenta al sector digital: pretende usurpar el control de la propiedad intelectual ante la IA

Una propuesta, que por ahora aún está en sus etapas iniciales, pero que ha constatado las enormes diferencias de criterio entre Urtasun (Sumar) y sus compañeros de carteras como Transformación Digital (Óscar López, del PSOE). Y, también, ha provocado las críticas generalizadas del ecosistema tecnológico y de gran parte de la industria creativa y de los medios de comunicación.

Ayer, 10 de diciembre, finalizó el plazo para presentar aportaciones para el futuro proyecto de Real Decreto que debe regular "la concesión de licencias colectivas ampliadas para la explotación masiva de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de uso general". 

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Una denominación tan extensa y compleja como simple es su objeto: centralizar la gestión de los derechos de autor para su uso por parte de las tecnológicas que entrenen modelos de IA.

El Ministerio de Cultura alude a "fallos de mercado" a la hora de innovar en este sector estratégico debido a la dificultad de obtener autorizaciones individuales para usos masivos de obras protegidas en el despliegue de la IA. 

Eso a pesar de que algunos grandes grupos mediáticos españoles -como PRISA- han llegado ya a acuerdos individuales con gigantes como OpenAI para comercializar y monetizar sus contenidos en el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial.

Recordemos que la ley en la que se ampararía este Real Decreto hace especial hincapié en que este método solo debe aplicarse cuando sea impracticable obtener autorizaciones individuales y que las entidades de gestión deben informar a los titulares sobre la licencia, así como garantizar un mecanismo sencillo para su oposición.

Críticas del propio Gobierno y del sector

Fuentes conocedoras de la situación confirman a EL ESPAÑOL-DISRUPTORES que esta propuesta no ha sido acogida con especial alegría en el otro ministerio afectado, el de Transformación Digital.

Así, explican que la cartera que dirige Óscar López ya ha recogido varias críticas del sector tecnológico al respecto de esta propuesta. Incluso voces con peso en el sector público nacional confían en que la norma no llegue a prosperar a lo largo de su recorrido parlamentario.

Ello arroja no sólo un enfrentamiento de ideas y prioridades entre las carteras de Cultura y Transformación Digital, sino un subyacente pulso entre las dos formaciones de la coalición gubernamental, con un peso pesado del PSOE como Óscar López a un lado y Ernest Urtasun, promovido por Sumar.

O, en otros términos, una pugna entre el pragmatismo de la colaboración público-privada con una agenda más ideológica y alejada de la realidad del sector.

Europa Press

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Y es que, en cuanto se ha conocido el detalle de este proyecto de Real Decreto, no han tardado en surgir las comparaciones con la situación vivida con el 'canon AEDE' -impulsado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero- y que ya buscaba monetizar el contenido de los medios de comunicación a costa de las tecnológicas (en concreto, Google).

Un enfrentamiento que llevó a la salida de agregadores de noticias como Google News del mercado español durante casi más de una década.

"Esta situación ya la hemos vivido. Es darle un poder magnánimo a estas entidades de gestión de derechos. Lo que necesitamos es una normativa inteligente y sostenible, no ser un verso libre dentro de Europa, donde esto ya está regulado", dicen voces autorizadas de la industria digital a este medio. 

De hecho, el ente que se encargaría probablemente de gestionar estos derechos, CEDRO, no es la primera vez que se posiciona para tomar el control de la situación.

En octubre del año pasado, CEDRO emitió un comunicado para urgir a los partidos políticos a crear "una regulación que garantice la propiedad intelectual sobre nuestras creaciones, la neutralidad y transparencia de la inteligencia artificial generativa y que certifique su buen uso para evitar cualquier forma de sesgo, discriminación o vulneración de los derechos fundamentales en su desarrollo, aplicación y resultados".

Desde el sector empresarial no opinan igual: "Esta propuesta limitará la innovación, el desarrollo de la inteligencia artificial y la prosperidad como país. Además, dejará a muchos pequeños desarrolladores fuera del mercado".

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La norma que surge desde el Ministerio de Cultura afectaría a la concesión de licencias colectivas ampliadas recogidas en la Directiva del 17 de abril de 2019 aprobada por la Unión Europea. Un mecanismo jurídico al que se recurre en el uso de los derechos de autor, que permite a las entidades que se encargan de su gestión a autorizar el empleo de dichas obras, incluso en nombre de aquellos titulares que no forman parte de estas entidades.

Aunque, para evitar seguramente que la norma fuera tumbada posteriormente, este proyecto de Real Decreto introduciría aquí una modificación frente a regulaciones pasadas: la inclusión del derecho de exclusión voluntaria (opt-out), que permite a los titulares de derechos que no desean participar en estas licencias retirar sus obras del alcance de las mismas.

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Asimismo, para fomentar la transparencia, las entidades de gestión deben garantizar publicidad adecuada, informar a los titulares sobre el propósito y términos de las licencias, y facilitar procedimientos claros para ejercer el derecho de oposición.

Además, se establecen criterios de representatividad para las entidades de gestión, con los que se pretende que estas actúen en nombre de una proporción significativa de titulares del sector correspondiente.

Con todo, las licencias mencionadas solo afectan al desarrollo de IA que requiera el uso masivo de creaciones protegidas, por un máximo de tres años.