La inversión en investigación y desarrollo (I+D) es uno de los indicadores con los que se evalúa la capacidad de un país para generar conocimiento, mejorar su competitividad e impulsar una economía basada en la innovación. En el caso de España, esta apuesta ha sido, y sigue siendo, insuficiente, sobre todo si queremos equipararnos al entorno europeo, donde la media de inversión supera el 2% del PIB y algunos países líderes rondan el 3%.
Aunque las cifras han mejorado en los últimos años, diferentes actores del sector llevan tiempo demandando mayor apoyo financiero, políticas públicas más estables, incentivos para la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación, y, sobre todo, una estrategia a largo plazo que promueva la transferencia del conocimiento al tejido productivo.
Con el fin de paliar estas carencias, el Consejo de Ministros aprobó en 2020 la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación. Uno de los objetivos es que las aportaciones públicas y privadas en I+D+I alcancen el 2,12% del PIB en 2027.
El esfuerzo realizado hasta ahora las sitúa en el 1,49%. La buena noticia es que la inversión crece cada año, concretamente un 15,8% más de 2022 al 2023, alcanzando una cifra récord de gasto de 22.379 millones de euros, según los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La mala, que para cumplir con el objetivo marcado es necesario superar los 34.000 millones de euros.
Ante estas cifras, cabe preguntarse cómo se distribuye el gasto en I+D en nuestro país. Un patrón que, recurriendo al análisis del INE, se mantiene estable y no ha experimentado demasiados cambios en los últimos años.
El tejido empresarial a la cabeza
El sector empresarial concentra el mayor peso, con un 56,4%, seguido de la enseñanza superior, con un 25,5%. Por su parte, el gasto en I+D interna en la Administración pública supuso el 17,8% del gasto nacional; y el 0,3% restante correspondió a instituciones privadas sin ánimo de lucro. Dentro del ámbito empresarial, las compañías de servicios asumen la mayor parte de la inversión (53,3% del gasto en I+D interna), seguidas por las industriales (45%).
Por ramas de actividad, los servicios de I+D acaparan el 19,8% del total, seguidos de la programación y consultoría informática (12,3%) y la automoción (12,0%). Todas ellas áreas que han demostrado su buena predisposición a la transformación digital, pero también ponen de manifiesto la necesidad de hacer más hincapié entre las pymes y sectores tradicionales para que realicen ese esfuerzo innovador.
No obstante, y a pesar de los incrementos generales, persisten importantes brechas territoriales. Mientas comunidades como Galicia, Asturias e Islas Baleares registraron subidas cercanas o superiores al 20%, regiones como Ceuta, Melilla o Castilla-La Mancha se situaron muy por debajo de la media nacional. Las diferencias también aparecen en términos per cápita: mientras que el País Vasco (925,5 euros), la Comunidad de Madrid (862,3) y Cataluña (668,7) lideran la inversión por habitante, otros territorios no superan los 140 euros, poniendo en evidencia una distribución desigual de los esfuerzos.
La estadística no solo recoge aumentos en la inversión, también en los recursos humanos. Un total de 282.415 personas trabajaron a jornada completa en I+D interna en 2023 (un 7,2% más que en 2022) y, entre ellas, 175.044 fueron investigadores. Además, el 40,9% del personal dedicado a I+D fueron mujeres. Destaca la elevada presencia femenina en la Administración pública (54,5%) y en las instituciones sin fines de lucro (52,5%).
Tendencia positiva, futuro incierto
Pese a que la tendencia es positiva, el futuro es incierto. Los incrementos actuales no serán suficientes para cumplir con las aspiraciones de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los datos demuestran que es necesario acelerar el ritmo para mantener ese crecimiento sostenido de la inversión en I+D en España, sobre todo cuando se produzca la retirada de los fondos europeos.
No está de más recordar que estos recursos son temporales -aunque su ejecución se está dilatando en el tiempo - y que en algún momento tendrán que ser sustituidos por planes nacionales. Si esto no ocurre, es probable que ese crecimiento paulatino de la inversión en I+D en nuestro país se estanque e, incluso, experimente un retroceso.
A la luz de los datos del INE, es evidente que la apuesta por la I+D requiere de un compromiso que se mantenga en el tiempo, políticas coherentes y más financiación. Solo así será posible consolidar en España su repunte en este ámbito, equiparse con sus vecinos europeos y diseñar una economía basada en la ciencia, la tecnología y la innovación.