Imagen del Congreso de los Diputados el día de la votación del decreto ómnibus.

Imagen del Congreso de los Diputados el día de la votación del decreto ómnibus. Europa Press

España

El nuevo decreto ómnibus deja fuera las competencias de la CNMC, lo que puede acarrear sanciones de Europa

Bruselas ya abrió un expediente a España el año anterior para que dotase al organismo de las competencias necesarias para aplicar la DSA. 

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Hace justo una semana, en la primera sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados de 2025, el Partido Popular (PP), Junts y Vox tumbaron el real decreto-ley 'ómnibus' con 177 votos en contra y 171 votos a favor, dejando sin efecto algunas medidas que ya estaban en vigor e impidiendo que otras lo hiciesen en las próximas semanas como la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público o para los afectados por la DANA e iniciativas para combatir las ocupaciones ilegales. 

Ayer, siete días después, tras intensas negociaciones y algunas modificaciones, el Gobierno logró sacar adelante una parte de este documento, la relativa a las medidas de carácter social. En total, el nuevo texto incluye 29 disposiciones, frente a las 80 del texto anterior.

El resto, de carácter más económico, se incorporarán a otro real decreto que se presentará en las próximas semanas, según afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros. 

Una de las medidas que no ha entrado en esta nueva ley ómnibus y que sí que se coló en la primera versión de la misma es una que el sector digital llevaba tiempo esperando: la modificación de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información para convertir este organismo en Coordinador de Servicios Digitales.

La renovación de las particularidades de esta entidad es un tema que viene de largo y que ya supuso un tirón de orejas entre los reguladores europeos y la región hace apenas unos meses. 

Una carrera de obstáculos

Todo empezó con la aprobación de la Ley de Servicios Digitales (Digital Service Act), en vigor desde agosto de 2023, una norma que tiene como objetivo obligar a las plataformas online (entre las que se incluyen las redes sociales) a moderar sus contenidos, retirar los que sean ilegales y hacer los algoritmos más transparentes bajo riesgo de multas de hasta el 6% de su facturación. En la regulación se dispone que los encargados de vigilar su cumplimiento son los coordinadores de servicios digitales, que deberán designarse por cada estado miembro, y se compenetrarán con la Comisión Europea en una Junta Europea de Servicios Digitales. 

Los diferentes países tenían hasta el 17 de febrero de 2024 para elegir a los organismos pertinentes y, sobre todo, dotarlos de las competencias necesarias. Aquí fue donde empezó la problemática española, ya que, aunque el Ejecutivo había nombrado a la CNMC para el puesto, no había modificado sus estatutos para atribuirle las facultades necesarias o para adaptar su organigrama. Esto, por ende, impedía que el país estuviera en condiciones de aplicar el reglamento. 

Esta situación derivó en un ultimatum por parte de Bruselas, que abrió un procedimiento a mediados de 2024 contra España obligándole a tomar estas medidas en un plazo de varios meses. 

El país, por fin, confirmó la ampliación de las competencias de dicho organismo a finales de diciembre, dotándolo de facultades de supervisión, investigación y sanción sobre los prestadores de servicios establecidos en el territorio nacional. Entre ellas, puede solicitar el acceso a los datos y sistemas algorítmicos de moderación y recomendación de contenidos y publicidad, ordenar inspecciones e imponer multas a los intermediarios en caso de incumplimiento de las disposiciones de la norma. Además, se incluyó la modificación de su organigrama, incluyendo una nueva Dirección de Servicios Digitales. 

Todo esto se materializó en el anterior decreto ómnibus, donde se incluyeron las facultades de inspección y sanción sobre los operadores y la dotación de recursos (350.000 euros al año) a la Dirección de Servicios Digitales para incluir personal. Sin embargo, con el rechazo del mismo por parte de PP, Junts y Vox, esto quedó en el aire. 

Ahora, se espera que las modificaciones que afectan a la CNMC se incluyan en la segunda parte de este decreto que, de acuerdo con el presidente del Gobierno, se lanzará en las próximas semanas. Aún así, el continuo retraso de este aspecto puede acarrear la imposición de sanciones por parte de Europa, que ya ha advertido que España va tarde en este aspecto.