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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras el acto institucional por el Día de la Constitución. Europa Press
El Gobierno da marcha atrás en su intento de regular los derechos de autor para la IA ante las críticas del sector
El Ministerio de Cultura abrirá un proceso de diálogo con el sector ante la falta de consenso sobre su propuesta.
Más información: Urtasun se enfrenta al sector digital: pretende usurpar el control de la propiedad intelectual ante la IA
El Ministerio de Cultura ha decidido retirar la tramitación del Real Decreto de licencias para la inteligencia artificial (IA) generativa, con el que el Gobierno quería regular los derechos de autor de obras que sirvan para entrenar esta tecnología. Según han avanzado fuentes del Ejecutivo, ahora se abrirá un proceso de diálogo con el sector cultural para determinar la mejor forma de proteger a los creadores a nivel nacional y europeo.
Este proyecto se abrió a consulta pública a finales del año anterior y, ante la falta de consenso de la industria y en base a las aportaciones recibidas, la cartera del ministro Ernest Urtasun ha optado por paralizar este texto y emprender una nueva manera de "abordar los retos que representa la IA".
En un principio, este proyecto apareció con el objetivo de regular el uso que hacía esta herramienta de las obras protegidas con derechos de autor para entrenar sus modelos. Sin embargo, el Real Decreto no fue bien recibido por las organizaciones de autores, artistas y trabajadores del sector audiovisual, del libro y de las artes escénicas, que se unieron el pasado 18 de diciembre para trasladar su oposición a esta legislación.
En concreto, los actores de este ecosistema mostraron su rechazo a la parte del texto que permitía a las entidades de gestión otorgar licencias colectivas ampliadas para el uso masivo de obras artísticas y literarias por la inteligencia artificial. Por contra, solicitaron que se abordase al mismo tiempo la retirada de todos los modelos ilegales de IA ya existentes en el mercado; también, que se reconociese una indemnización económica por los usos ilícitos que las empresas de IA han hecho de sus obras.
Estas organizaciones señalaron que la redacción propuesta por el Ministerio de Cultura dejaba la puerta abierta a que estas licencias puedan ser utilizadas por las empresas de IA para intentar reparar con efecto retroactivo "las violaciones de los derechos autor y de propiedad intelectual" que llevaron a cabo sin autorización de los autores y sin darles la remuneración pertinente. Así, pidieron un proceso "más pausado y reflexivo" en el que se escuchase a todos los implicados y analizase el impacto que tendría su aplicación en el ecosistema cultural.
Críticas dentro del Gobierno
Esta propuesta no solo granjeó las críticas del sector, sino también del propio Gobierno. Así, a finales de diciembre, con la puesta en marcha de la consulta pública, fuentes conocedoras de la situación confirmaron a EL ESPAÑOL-DISRUPTORES que el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública no estaba muy a favor de la medida.
Esta cartera recogió varias quejas del sector tecnológico al respecto de la propuesta, que aspiraban a que esta no llegase a prosperar a lo largo de su recorrido parlamentario, algo que parece haberse cumplido, de acuerdo con las últimas informaciones.
Y es que la industria no tardó en comparar la medida impulsada por Urtasun con la situación vivida con el 'canon AEDE', impulsado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, que buscaba monetizar el contenido de los medios de comunicación a costa de las tecnológicas (en concreto, Google) y que llevó a la salida de agregadores de noticias como Google News del mercado español durante casi más de una década.
En detalle: qué proponía Urtasun
La norma surgida desde el Ministerio de Cultura afectaría a la concesión de licencias colectivas ampliadas recogidas en la Directiva del 17 de abril de 2019 aprobada por la Unión Europea. Un mecanismo jurídico al que se recurre en el uso de los derechos de autor, que permite a las entidades que se encargan de su gestión a autorizar el empleo de dichas obras, incluso en nombre de aquellos titulares que no forman parte de estas entidades.
Para evitar fuese tumbada, el proyecto introducía una modificación frente a regulaciones pasadas: la inclusión del derecho de exclusión voluntaria (opt-out), que permitía a los titulares de derechos que no desean participar en estas licencias retirar sus obras del alcance de las mismas.
Asimismo, para fomentar la transparencia, la ley propuesta señalaba que las entidades de gestión debían garantizar publicidad adecuada, informar a los titulares sobre el propósito y términos de las licencias, y facilitar procedimientos claros para ejercer el derecho de oposición. Además, establecía criterios de representatividad para las entidades de gestión, con los que pretendía que estas actuasen en nombre de una proporción significativa de titulares del sector correspondiente.
Con todo, las licencias mencionadas solo afectarían al desarrollo de IA que requiera el uso masivo de creaciones protegidas, por un máximo de tres años.