Pedro Sánchez anuncia un Observatorio para velar por los derechos digitales en el "salvaje oeste" que es ahora internet

Ante un auditorio lleno y compuesto por expertos, representantes institucionales y cuatro ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado al entorno digital como el “salvaje oeste, sin normas ni control", durante el acto de presentación del Observatorio de Derechos Digitales que ha tenido lugar esta mañana en la Casa de Cultura del Matadero, en Madrid .

“Hemos permitido que los productos y servicios digitales salgan al mercado sin evaluar adecuadamente sus riesgos. Ha llegado el momento de aplicar los mismos derechos y deberes en el mundo digital que en el físico”, ha afirmado Sánchez durante su intervención. 

Con una inversión de 9 millones de euros y la participación de 177 entidades y 280 especialistas, ha presentado este Observatorio  como un "referente internacional en la regulación digital". "Se debe impulsar la soberanía digital europea, desarrollando infraestructuras, tecnologías y servicios propios que respeten los derechos y valores de los ciudadanos", ha defendido el presidente. 

Análisis en profundidad de la Carta de Derechos Digitales: buenas intenciones, preocupantes retrocesos

Este nuevo organismo es resultado de la colaboración público-privada dirigido al análisis, la pedagogía y la defensa de los derechos digitales de las personas, empresas e instituciones, y que llega para hacer efectiva la Carta de Derechos Digitlales casi cuatro años después de que se aprobara este documento en el verano de 2021. 

Uno de los principales retos que abordará el Observatorio es la lucha contra la desinformación y los delitos digitales, algo en lo que el presidente ha hecho especial hincapié: "Existe un problema de abuso, acoso y manipulación en el espacio digital que debe ser abordado con la misma seriedad que en el mundo físico".

Estrategias por determinar

El Observatorio de Derechos Digitales trabajará en colaboración con más de 360 expertos del ámbito económico, jurídico y tecnológico para diseñar estrategias y recomendaciones en políticas públicas. Entre sus objetivos se incluye la protección de la privacidad y seguridad digital, la lucha contra la desinformación y el fraude online, la promoción de la equidad y la inclusión diita, y la regulación ética de la inteligencia artificial y la neurotecnología.

Una declaración de intenciones muy loable, pero de la que no se han especificado qué mecanismos ni herramientas se emplearan para hacerla efectiva. “La digitalización es una gran oportunidad, pero también una amenaza si no se gestiona bien. En España hemos avanzado con la Carta de Derechos Digitales y con la Declaración Europea sobre Principios y Derechos Digitale",  expresó el Ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

"Ahora damos un paso más con este Observatorio, que nos permitirá consolidar un modelo europeo que equilibre innovación y derechos fundamentales”, defendió ante un Auditorio en el que, en primera fila, estaban los representaes de otras tres carteras: el ministro de Memoria Democrática y Política Territorial, Ángel Víctor Torres; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; y  el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Durante su intervención, López destacó la necesidad de combatir los discursos de odio y la manipulación informativa en redes sociales. Asimismo, indicó que uno de los objetivos del Observatorio es "posicionarse frente al negacionismo y el caos tecnocrático, y defender los derechos digitales de las personas, empresas e instituciones".

Refuerzo de la protección de los ciudadanos

El reconocimiento y protección de los derechos digitales de los ciudadanos surge de la necesidad de adaptar los principios universales de derechos humanos—recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)—al contexto de la era digital. 

A medida que internet y las diferentes tecnologías e innovaciones empezaron a transformar de forma evidente la vida cotidiana, quedó patente que aquellos derechos esenciales reconocidos hace casi 80 años, como la privacidad o la libertad de expresión, también requerían un marco especial de protección en el entorno digital. 

En España, la recogida explícita de estos derechos se materializó con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Este instrumento legislativo, que refuerza el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, supuso un hito al incorporar de manera específica las garantías para el ejercicio de los derechos en el mundo digital.

Esta ley reconoce que, en un contexto cada vez más digitalizado, es imprescindible proteger a los ciudadanos frente a los nuevos retos que presentan la vigilancia masiva, la manipulación algorítmica y otros riesgos inherentes a la tecnología. 

Carta de Derechos Digitales

La Carta de Derechos Digitales fue presentada en sociedad en julio de 2021, ocho meses más tarde de que se hiciera público el primer borrador y tras un arduo trabajo de definición de ideas, que recibió críticas por sus contradicciones y carácter "tecnologista".

“El intenso progreso de la investigación científica, las invenciones y las tecnologías digitales o basadas en lo digital plantean la necesidad de asegurar que el marco normativo garantiza la protección de los derechos individuales y colectivos de las personas, los valores constitucionales que constituyen el único cimiento posible de la convivencia”, reza el documento para comenzar.

La Carta de Derechos Digitales de Pedro Sánchez, al detalle: de la neutralidad de la red a la igualdad de género online

La Carta de Derechos Digitales parte de los derechos y libertades reconocidos en la propia Constitución o la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. El texto enumera, en total, 26 derechos, como el que atañe a la identidad digital, a no ser localizados, al pseudoanonimato, a la protección de datos, la ciberseguridad, protección de los menores o el acceso a internet. 

El documento recoge el derecho de los usuarios a la neutralidad de internet, libertad de expresión y de información, recibir información veraz o la relación digital con las Administraciones públicas. 

La Carta también incorpora apartados dirigidos al impacto de la digitalización en el ámbito laboral y en la empresa, como el derecho a la desconexión o ejercer el trabajo a distancia. 

El documento culmina con un capítulo dedicado a la aplicación de los derechos digitales en entornos específicos, que en muchos casos apelan a tecnologías de vanguardia, como la  inteligencia artificial e, incluso, el uso de neurotecnologías. Por el medio, menciones generalistas respecto a un desarrollo tecnológico sostenible o a la libertad de creación y acceso a la cultura.