La batalla manifiesta entre los operadores de telecomunicaciones y el sector digital a cuenta del llamado "impuesto a las redes" en Europa ha vuelto a salir a la palestra. El hacha de guerra entre ambos actores se ha desenterrado (otra vez) con la publicación de los resultados de consulta pública sobre este gravamen llevada a cabo por la Comisión Europea, poniendo (una vez más) este debate sobre la mesa.
A un lado, las telco, que exigen a los grandes actores digitales que paguen por el uso de sus redes, una reivindicación que lleva años existiendo y que afecta a grandes firmas tecnológicas como Google, Amazon o Meta (antes Facebook). Según exigen, estas compañías deberán abonar un impuesto por cada cliente que accede a sus servicios y consume ancho de banda.
A otro, la industria digital, que defiende que los operadores de telecomunicaciones ya cobran por el uso de sus redes a los clientes finales a través de la suscripción mensual a la fibra o el contrato de móvil, con los que creen que ya compensan el acceso a estos servicios de las big tech.
En medio, la Comisión Europea, que, por fin, ha manifestado su posición a través de un comunicado donde revela las principales conclusiones derivadas de la consulta pública y avanza los siguientes pasos en esta materia. Además, el Comisario Europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, también se ha pronunciado mediante un post en su perfil de LinkedIn.
Hacia una Ley de Redes Digitales
El documento compartido la Comisión empieza reconociendo que los operadores necesitan "escala y agilidad" para adaptarse a la revolución tecnológica, pero "la fragmentación del mercado se lo impide". Según afirman, "existen demasiados obstáculos reglamentarios a un verdadero mercado único de telecomunicaciones en materia de adquisición de espectro, consolidación, redes heredadas, etc".
En este sentido, Breton señala que el bajo rendimiento de las inversiones, los largos periodos de amortización y las incertidumbres del mercado reducen el atractivo de la industria telco para los inversores, lo que "puede debilitar el sector y exponerlo a adquisiciones hostiles" en el largo plazo.
Ante este escenario, los organismos europeos apuntan cuatro líneas de trabajo para mejorar la situación de este tipo de compañías en territorio comunitario. Por un lado, facilitar las operaciones transfronterizas y la creación de operadores paneuropeos de infraestructuras que tengan escala suficiente para aprovechar el potencial del mercado de telecomunicaciones europeo.
"Tenemos que eliminar todos los obstáculos al despliegue de esta y otras soluciones innovadoras y debatir cómo abordar las cuestiones legítimas de seguridad o la retención de datos", apunta Breton. "No hay conectividad segura sin operadores de telecomunicaciones sanos y con capacidad de inversión suficiente".
A la vez, la consulta revela que se debe abordar la cuestión de la consolidación del mercado para las operaciones en un Estado miembro, preservando los beneficios para el consumidor y la innovación.
En segundo lugar, desde la Comisión precisan que hay que adaptar el marco regulatorio para reducir los costes y la burocracia con el objetivo de favorecer un despliegue más rápido de la tecnología. Breton explica que examinarán la gestión del espectro, un tema que señala que ha sido tratado por algunos gobiernos como "la gallina de los huevos de oro", lo que ha restado fondos a las inversiones.
En tercero, atraer más capital al sector de las telecomunicaciones, ya que, según el último informe sobre la Década Digital, al ritmo actual no se alcanzarán los objetivos previstos ni se "dará el salto que exije el cambio tecnológico en curso".
"Algunos han intentado reducir la cuestión de la inversión a una batalla sobre el reparto equitativo entre las grandes telecos y las tecnológicas, una elección binaria entre los intereses creados de quienes hoy proporcionan las redes y quienes las alimentan con el tráfico, pero, aunque encontrar un modelo de financiación para las enormes inversiones necesarias es una cuestión importante que tendremos que abordar, hay mucho más en juego", afirma el Comisario. "Se trata de dar el gran salto que tenemos por delante, no sólo en el sector de las telecomunicaciones, sino más ampliamente en el de las tecnologías digitales".
"No hay conectividad segura sin operadores de telecomunicaciones sanos y con capacidad de inversión suficiente", Thierry Breton, Comisario Europeo de Mercado Interior.
Por último, "asegurar las redes", es decir, garantizar el proceso en la toma de decisiones estratégicas, en este caso en lo relativo a la conectividad, para evitar "interferencias externas perjudiciales" en las infraestructuras de la UE. "Europa hará lo que haga falta para mantener su ventaja competitiva", insiste Breton.
En este sentido, el representante para el Mercado Interior de la Comisión Europea apuesta por desarrollar una Ley de Redes Digitales (Digital Network Act, en inglés) que "cambie las reglas del juego" y redefina la regulación relativa a las telecomunicaciones. "La tarea no será fácil, pero, como hemos hecho con otras propuestas revolucionarias, no nos arredraremos a la hora de hacer lo necesario para lograr un cambio de paradigma en la regulación digital", concluye.
A la espera de que los primeros resultados derivados de la consulta pública realizada por Bruselas vean la luz, lo cierto es que las opiniones sobre esta tema siguen estando muy divididas.
El bando de las 'telco'
Dos estudios realizados por las consultoras Axon y Frontier revelaron que solo seis compañías (Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft y Netflix) fueron responsables del 56% del tráfico de datos que circuló por las redes de telecomunicaciones mundiales en 2021. Además, ambos informes detallaron que estas empresas aportan "poco o nada" a la financiación de dichas redes, a pesar de que su actividad tiene un coste total anual para las operadoras europeas de entre 36.000 y 40.000 millones de euros.
Este contexto es el denunciado por las telco para demandar un gravamen que, en su opinión, supondrá una "contribución justa" ante el "uso intensivo" que hacen de sus infraestructuras las grandes compañías tecnológicas.
ETNO, la patronal europea de las empresas de telecomunicaciones, fue uno de los principales organismos en reclamar este gravamen por el uso de las redes, señalando que, de realizarse, se podrían desbloquear "importantes oportunidades" en el ecosistema europeo de internet.
En concreto, estimó que si las big tech contribuyesen con 20.000 millones de euros al año a los costes de la red se podrían añadir hasta 72.000 millones de euros al PIB y crear 840.000 puestos de trabajo en 2025. Además, el consumo de energía del sector podría reducirse un 28% y la huella de carbono descendería hasta un 94%.
Por su parte, desde DigitalES, la patronal española de este sector, avanzaron que su imposición contribuiría a que la economía digital del futuro "se cimente sobre unas bases más sólidas, equitativas y competitivas".
Tras la publicación de los principales resultados de la consulta, la GSMA y ETNO han emitido un comunicado conjunto en el que han mostrado su "satisfacción" ante las declaraciones de Breton y el apoyo de la Comisión Europea en la búsqueda de soluciones ante la falta de inversión en las infraestructuras digitales europeas.
Si las big tech contribuyesen con 20.000 millones de euros al año a los costes de la red se podrían añadir hasta 72.000 millones de euros al PIB y crear 840.000 puestos de trabajo en 2025, según ETNO.
Ambos organismos han apuntado que los resultados de la consulta validan "claramente" la necesidad de inversiones adicionales para apoyar el despliegue del 5G o la transición a redes virtualizadas, "pero también para hacer frente al aumento del tráfico de datos y a los nuevos requisitos de seguridad".
Además, han pedido acelerar la mencionada Ley de Redes Digitales para promover medidas concretas que materialicen los resultados de la consulta en ámbitos como la inversión, la innovación o la escalabilidad.
"Esperamos con interés la forma en que la Comisión utilizará todos los resortes políticos para hacer frente al déficit de inversión, incluida la cuestión de una participación equitativa a través de la contribución de los grandes generadores de tráfico, como también pide el Parlamento Europeo", han concluido.
El bando del sector digital
Mientras, los actores de la industria digital denuncian que el sistema propuesto supondría gravar por duplicado el mismo servicio, lo que podría derivar en que algunos actores se vean obligados a encarecer su oferta, a eliminarla o a cobrar por ella (dándose una triple imposición). También, advierten que incluso podría manifestarse en la reducción de las inversiones en España.
Desde la patronal Ametic precisan que este impuesto a las redes daría potestad a los operadores de telecomunicaciones para primar a unas plataformas digitales sobre otras. "El resultado sería una restricción a la libre distribución de contenidos y aplicaciones y, por consiguiente, la limitación del poder de elección del usuario final", apuntan.
Otro organismo que también se manifestó contra esta propuesta ha sido la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones (CCIA) que hace unos meses envió un informe a la Comisión Europea en el que afirmaba que la introducción de tarifas de uso de red para subsidiar a los operadores de telecomunicaciones de la UE tendría "consecuencias desastrosas para los consumidores europeos y la economía digital de la UE en su conjunto".
En dicho documento, la CCIA denunció la "falta de evidencia que respalde cualquiera de las reclamaciones de los operadores de telecomunicaciones" para imponer esta tasa. La asociación defendía que los proveedores de servicios de internet y las plataformas de contenido tienen una relación simbiótica, y que estas últimas invierten masivamente en la conectividad de Europa, lo que beneficia en última instancia a los primeros.
Además, precisó que este impuesto es una solución a un problema que no existe porque entiende que el mercado de interconexión IP es competitivo y que ya hay fondos disponibles para la inversión en infraestructura de redes.
El informe advertía que la introducción de cualquier contribución financiera obligatoria de algunos proveedores de contenido a los operadores de telecomunicaciones incumbentes sería perjudicial para el ecosistema y la competitividad digital en Europa y recordaba que esto fue lo que pasó en Corea del Sur, el único país que ha implementado un sistema similar.
La introducción de tarifas tendría "consecuencias desastrosas para los consumidores europeos y la economía digital de la UE en su conjunto", según la CCIA.
Amazon ha sido una de las pocas compañías que ha dado un paso al frente y ha expresado su opinión al respecto a través de un post en su blog. En él, la compañía destaca las inversiones que ha realizado desde 2010 en Europa para llevar a cabo su actividad y muestra su "preocupación" por la intención de establecer la mencionada tasa.
"Producir contenidos y servicios de alta calidad, y ofrecer la conectividad necesaria para acceder a ellos, requieren una inversión significativa tanto de los productores de contenido como de los proveedores de servicios de internet, es un esfuerzo que resulta en beneficios para ambas partes", precisa en él la firma. "El contenido que crean empresas como la nuestra es exactamente lo que los clientes de los operadores de telecomunicaciones quieren encontrar en internet y da valor a la conectividad que estos les venden".
Así, desde Amazon creen que la imposición de esta tasa afectaría a la economía, aumentando el coste de operar en la nube y de utilizar las redes de distribución de contenidos asociadas a ella, "lo que debilitaría a las pymes europeas y a las startups". "Imponer tales costes adicionales a los proveedores de la nube probablemente desalentaría la adopción de la nube en Europa y pondría en peligro el objetivo de la Década Digital de la UE de que "el 75 % de las empresas de la UE usen la nube, IA o big data" en 2030", advierten.
Además, creen que afectaría a la innovación y supondría un "doble gasto para el bolsillo del consumidor".
Dos actores que "no son opuestos"
Según afirman fuentes de la industria digital en Bruselas consultadas por D+I - EL ESPAÑOL, la Comisión Europea ha obviado de inicio que las telco y las tecnológicas "no son opuestas ni viven al margen". "Parecía que nunca hubiéramos invertido un euro o contribuido de ninguna forma al desarrollo de las telecomunicaciones en Europa, algo que es completamente falso", apuntan.
Se refieren estos expertos, que participaron en la consulta pública finalizada el pasado 19 de mayo, a la aportación relevante tanto desde el lado de la demanda (siendo las plataformas de contenidos, redes sociales y buscadores los principales motivos para acceder y pagar por servicios de internet) como del de la oferta (con inversiones destacadas no sólo en cobertura por satélite, sino también en infraestructuras 'cloud' y tecnologías que reducen la intensidad de uso de las ya mentadas redes de telecomunicaciones, como la virtualización de las mismas o las redes de distribución de contenidos).
"El contenido es el que realmente justifica sus ingresos, el que hace que los consumidores estén dispuestos a pagar más por este servicio", añaden. "Muchas de las tecnologías que estamos desarrollando reducen el coste de despliegue de nuevos servicios, las inversiones que tienen que acometer los operadores y también su huella de carbono".
Las mismas fuentes alegan que el crecimiento del tráfico en Europa está reduciéndose, de tasas cercanas al 80% a otras más próximas al 30%. "Eso demuestra que el incremento del tráfico está bajo control, por mucho que se habla del impacto del IoT o del edge computing; además, la propia UE ha pedido que el 75% de los sistemas estén en la nube en los próximos años, lo que implicaría necesariamente más tráfico", aluden.
Asimismo, las grandes tecnológicas recuerdan que el coste de despliegue de las redes de telecomunicaciones se ha mantenido plano desde 2016 y se espera que continúe igual hasta 2026. Esto significa que con la misma inversión de antaño, ahora se puede acomodar más tráfico, gracias a muchas innovaciones que han desarrollado algunas de las compañías afectadas por la nueva tasa.
EEUU y la senda europea
A mediados de 2022, la idea de imponer una tasa a las big tech empezó a coger fuerza también en Estados Unidos, donde la Federal Communications Commission (FCC) apuntó en un informe que estaba estudiando sumar a empresas como Google, Meta o Amazon un impuesto con el que financien el aumento de capacidad de las redes de telecomunicaciones.
El organismo regulador estadounidense justificó su propuesta en el crecimiento progresivo del tráfico como consecuencia del aumento del uso de las redes sociales o del consumo del contenido audiovisual. Según señaló, estas empresas "se benefician significativamente" de internet "sin contribuir al mantenimiento de la infraestructura que lo soporta".
Así, la FCC manifestó su intención de revisar este modelo e imponer una tasa a las grandes tecnológicas que garantice una distribución "más justa y equitativa" sin perjudicar a los consumidores.
Asia o América del Sur son otras de las regiones que están considerando propuestas similares para replantear la fórmula mediante la cual las big tech contribuyen a la industria online.