La sede del Parlamento Europeo situada en Estrasburgo (Francia) ha sido, desde su concepción, escenario de numerosos momentos que forman parte de los libros de historia. El imponente edificio de la pequeña ciudad francesa ha sido testigo de incontables debates, votaciones y acuerdos que han dado como consecuencia las normativas que, actualmente, definen el ecosistema comunitario.
Hoy, este lluvioso 13 de marzo, se añade una nueva línea a la memoria de este organismo, ya que, este miércoles, los europarlamentarios han vuelto a dar su conformidad con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (la llamada AI Act) en una votación que acerca un poco más la aplicación efectiva de esta ley pionera.
Este respaldo se ha producido tras el debate que tuvo lugar ayer en este mismo lugar, donde, a pesar de que se consideraba improbable que se produjese un cambio dramático en la postura de la Eurocámara, la expectación era máxima, dada la posición enfrentada entre Parlamento y Consejo en algunos puntos del borrador acordado a finales de 2023.
El Parlamento Europeo encarrila la primera ley de inteligencia artificial del mundo.
En su momento, el aspecto que generó mayor fricción entre ambas instituciones era el centrado en el reconocimiento facial y biométrico en tiempo real, ya que, por un lado, el Parlamento quería desestimarlo por completo y, por otro, el Consejo pedía introducir algunos casos de excepcionalidad vinculados a la seguridad nacional. Finalmente, primó la posición del Consejo, por lo que la legislación integrará una serie de excepciones limitadas en los que estará permitido aplicarlos, siempre en base a una serie de salvaguardas.
No obstante, a pesar de esta discrepancia, en esta última votación la Eurocámara se ha mantenido fiel al acuerdo alcanzado y ha respaldado este documento con los votos de sus miembros, lo que supone un paso más en el camino legislativo que tiene que enfrentar esta norma hasta su aplicación efectiva.
Jornada "histórica"
Este apoyo se une al emitido hace menos de un mes por el Comité de Representantes Permanentes (COREPER), compuesto por las personas designadas por cada uno de los estados miembros para personificar su posición ante la Unión Europea. El visto bueno de este organismo se produjo a pesar de los múltiples rumores de oposición después de que Alemania y Francia manifestasen sus dudas sobre el impacto que podría tener la ley en el tejido innovador y empresarial.
Finalmente, la directiva fue respaldada por dicho comité y el Consejo de la UE, presidido por Bélgica, pidió al Parlamento que la refrendase por su parte, algo que la Eurocámara ha hecho hoy mismo tras el debate que se produjo ayer.
En la rueda de prensa previa a la votación, Brando Benifei, que forma parte del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, ha calificado la jornada como "histórica" en el camino hacia la regulación de esta tecnología. "Es el primer reglamento del mundo que establece un camino claro hacia un desarrollo seguro y basado en el ser humano", ha afirmado.
Benifei ha insistido en que la ley ayudará a generar un "clima de confianza" ante la utilización de la inteligencia artificial. "Queremos que los ciudadanos sepan que, gracias a las normas que hemos desarrollado, podemos protegerlos", ha precisado. "Esto nos va a hacer avanzar".
Por su parte, Dragoş Tudorache, miembro del Grupo Renew Europe, ha celebrado el equilibrio que contempla la norma. Según ha afirmado, la legislación será un marco para las empresas que quieran seguir innovando en Europa, pero también garantizará la protección de los usuarios. "El texto final conjuga esos dos objetivos", ha insistido.
Tudorache ha reconocido que esta iniciativa ha sido una de las que más ha sufrido "la presión de los grupos de presión", refiriéndose a temas como la gestión de los derechos de autor. "Hemos conseguido resistir a la presión de las empresas", ha apuntado.
Una ley con "marca España"
La importancia de esta ley, tanto por ser la primera de su tipo en territorio comunitario como por la vocación global a la que aspira o la urgencia de la tecnología que regula, ha sido un mantra presente en los pasillos del Parlamento de Estrasburgo. En especial, para los europarlamentarios españoles, ya que esta normativa fue posible gracias al esfuerzo de los representantes nacionales durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europa, en la que que se produjo el impulso decisivo para que saliese adelante.
Este medio ha podido hablar en el mismo Parlamento Europeo con Ibán García del Blanco, eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, en el que se integra el PSOE, en este día clave para la tramitación de dicha legislación.
García del Blanco ha calificado esta normativa de un "hito de carácter histórico y mundial". El europarlamentario ha precisado que el desarrollo de esta ley es "un triunfo de la democracia europea", ya que es "una norma complejísima en la que están en juego montones de intereses, de puntos de vista, cuestiones de carácter nacional y cultural". "Hemos sido capaces, frente a todo eso y frente a la complejidad del proceso legislativo de la Unión Europea de ser los primeros en el mundo que dan una satisfacción general a la regulación de la inteligencia artificial", ha insistido.
Próximos pasos
Y ahora, ¿qué? Tras la verificación y el refrendo por parte de los colegisladores, el borrador acordado se someterá a una meticulosa revisión, tanto legal como lingüística, que se extenderá hasta dos meses antes de que la ley sea formalmente adoptada por el Consejo y por el Parlamento. Esto se espera, aproximadamente, para finales de abril o principios de mayo, es decir, antes que acabe la actual legislatura.
En ese momento, el texto final estará disponible la versión oficial del Reglamento, que se publicará en el EU’s Official Journal, el BOE europeo. Una vez publicado el documento final, la normativa tendrá un plazo de dos años para su adopción completa, algo que se espera para finales de 2026.
No obstante, algunos puntos empezarán a operar antes de este año, entre ellos, los casos de uso prohibidos. En principio, en noviembre se aplicarán las prácticas prohibidas especificadas en la ley, las normas de uso general serán obligatorias un año después de su entrada en vigor, en mayo de 2025, y las que regulan los sistemas de alto riesgo en tres años.
Además, los estados miembros tienen un plazo de 12 meses para nombrar a las autoridades nacionales que revisarán el buen desempeño, junto a la oficina creada para ello.
Una ley basada en el riesgo
Una de las grandes novedades que integra esta novedosa legislación es su enfoque basado en el riesgo. Así, según lo que se conoce de la norma, esta divide los diferentes usos en categorías que indican la peligrosidad que entrañan. A ella se suma una lista limitada de aplicaciones de la IA que se prohibirán de forma terminante debido al peligro "inadmisible" que plantean para los usuarios.
Entre los artículos más controvertidos de esta ley se encuentran los que abordan el reconocimiento facial y biométrico en tiempo real, un tema que enfrentó a Parlamento y Consejo y que, finalmente, salió adelante, pero en casos de excepcionalidad vinculados a la seguridad nacional y condicionados al cumplimiento de una serie de salvaguardas (por ejemplo, la autorización judicial previa).
Además, para los sistemas clasificados de alto riesgo la norma incluye una evaluación obligatoria del impacto en los derechos fundamentales, entre otros requisitos. También, los sistemas de IA de propósito general (GPAI) y los modelos GPAI en los que se basan tendrán que adherirse a requisitos de transparencia, en los que se incluyen la elaboración de documentación técnica o el cumplimiento de la ley de derechos de autor, entre otros.
Todas estas obligaciones van reforzadas por una serie de sanciones asociadas al incumplimiento que van desde 7,5 millones de euros o el 1,5% del volumen del negocio hasta los 35 millones o el 7% del volumen de negocio, dependiendo de la infracción y del tamaño de empresa. Todo ello será gestionado a través de la AI Office, la entidad creada específicamente para velar por el cumplimiento de la ley.