El Ministerio de Economía ha anunciado hoy que las entidades tendrán que pagar una comisión de un 1,5% por los activos fiscales diferidos entre los años 2008 y 2015. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con la Comisión Europea para hacer que los bancos tengan que tributar por los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) que el Estado tuvo que avalar en 2013. A cambio, Bruselas acepta la legalidad de estos títulos y despeja cualquier sospecha de que fueran considerados ayudas de Estado injustificadas. Con estos mimbres, ya sólo queda que el Banco Central Europeo (BCE) acepte la validez de estos activos y, por tanto, sirvan para computar como capital de los bancos.
Las entidades financieras españolas tienen motivos para celebrar la noticia de hoy, y no porque vayan a tener que tributar por estos activos, sino porque ha supuesto el respaldo de Bruselas a los 40.000 millones de euros que tiene en créditos fiscales diferidos. “Este acuerdo elimina cualquier duda que tuviese la Comisión de Competencia”, indica Enrique Pérez-Hernández, profesor del IEB, “y creo que es bueno que se aclare de una vez”. El organismo presidido por la danesa Margrethe Vestager había sido el más beligerante con los DTA españoles, y también con los de Grecia, Portugal e Italia, pero ahora Bruselas ha reconocido su legalidad aceptando esta propuesta del Gobierno español.
“Consideramos que los cambios anunciados, si se aplican de forma adecuada, resolverán nuestras preocupaciones de forma satisfactoria”, ha señalado el portavoz de Competencia, Ricardo Cardoso. La Comisión cierra así su investigación sobre posibles ayudas públicas a la banca y pone fin a la incertidumbre sobre la fortaleza del capital de las entidades españolas provocada por este caso. Siguen abiertos los expedientes de Italia, Portugal y Grecia.
La banca española consigue salvar así los 28.000 millones de euros generados en DTA durante la crisis y que forman parte del total de 40.000 millones de euros que tienen actualmente como activos fiscales diferidos. Como contrapartida, estas entidades tendrán que pagar un máximo de unos 420 millones de euros de Sociedades en 2016 por los activos que no hayan tributado desde 2008, esto es, hasta completar el 1,5% sobre el total de los 28.000 millones.
Exigencias de Bruselas
El Gobierno de Mariano Rajoy se ha visto obligado a reformar la normativa sobre los activos fiscales diferidos debido a la presión de Bruselas. La comisaria de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager, abrió una investigación preliminar el pasado mes de abril al sospechar que el aval público de España a estos activos suponía una ayuda de estado ilegal y encubierta a la banca. Las pesquisas del Ejecutivo comunitario respondían a varias denuncias de eurodiputados: en su mayoría españoles, como Ramon Tremosa de Convergència, o Willy Meyer y Paloma López de IU; pero también del parlamentario verde alemán Sven Giegold.
El objetivo de esta investigación, según alegó Vestager, era garantizar la igualdad de trato entre los bancos de los países con sistemas de DTA y las entidades de los Estados miembros que no cuentan con estos beneficios fiscales. De hecho, el examen no ha afectado sólo a España sino también a Italia, Portugal y Grecia, los demás países con activos fiscales diferidos. Bruselas quiere evitar que los bancos que cuentan con este tipo de apoyo público partan desde una posición de fuerza de cara a posibles fusiones o adquisiciones a escala de la UE.
El ministerio de Economía negó, al conocerse la investigación del Ejecutivo comunitario, que la norma española constituyera un apoyo público ilegal a la banca. Sin embargo, el análisis de Bruselas ha concluido que en algunos casos sí que ha habido una ayuda de estado que vulnera las normas de la UE. Una parte de los activos fiscales diferidos, que la Comisión no cuantifica, se beneficiaron de una garantía pública que no podía justificarse por un pago excesivo de impuestos. De hecho, la garantía se llegó a conceder para años en los que los bancos no pagaron ningún impuesto.
Por ello, en estos casos el Ejecutivo comunitario ha obligado al Gobierno español a cobrar un interés del 1,5% anual a los bancos que se beneficiaron indebidamente de este aval. Esta solución se ha encontrado tras un “diálogo estrecho y constructivo” entre Madrid y Bruselas durante los últimos meses, según ha explicado un portavoz de la Comisión.
¿Qué son los DTA?
Estas son las siglas en inglés de activos fiscales diferidos. Son impuestos que los bancos tienen que soportar por adelantado, por cuestiones contables, pero que responden a una actividad económica que todavía no se ha realizado. Como los bancos están cubriendo con sus impuestos un resultado que no se ha generado, el Estado reconoce que se puede apuntar este pago como un activo.
Por ejemplo, uno de los DTA más comunes son las provisiones, esto es, la parte de dinero que atesoran las entidades para cubrir posibles pérdidas que causen en el futuro otros activos. Estas provisiones restan el beneficio real de las compañías, pero no reducen la cuantía que tienen que pagar a Hacienda por el Impuesto de Sociedades. De este modo, los DTA son esos activos que los bancos tienen con el Estado y que recuperarán cuando generen beneficios que podrán desgravarse.
España, al igual que Italia, Portugal y Grecia, permite que los bancos se anoten este activo como parte de su capital y, de este modo, que contabilice para cubrir las exigencias de solvencia que demanda el Banco Central Europeo. Estos 40.000 millones de euros son claves para la banca española, sin ellos, sus niveles de capital dejarían a las entidades en una posición muy vulnerable y, por supuesto, lejos de cumplir con las exigencias impuestas por el BCE.