Radiografía del caso Castor

Han pasado dos años desde que la tierra del norte de Castellón y sur de Tarragona comenzara a temblar por los trabajos de puesta en marcha de la plataforma Castor, un almacén subterráneo a más de 1.700 metros de profundidad y a 22 kilómetros de la costa de Vinaròs, en Castellón. Un proyecto gasístico considerado estratégico, ahora en hibernación tras los terremotos, tramitado en su mayor parte durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha supuesto un fiasco de 1.350 millones y cuyos posibles responsables comienzan ahora a desfilar ante el juez.

La crisis de los terremotos derivó en una denuncia de la Fiscalía de Castellón contra nueve cargos y técnicos que participaron en la aprobación, pero también contra la empresa ejecutora, Escal UGS, a cuya cúpula denuncia por considerar que se apartó de una “actuación responsable”. En el centro de la investigación se sitúa el por qué no se analizó la posibilidad de que el Castor provocara seísmos. Esta posibilidad, sostiene la fiscal en una denuncia de 48 páginas (acompañada por miles de páginas de documentación repartida en seis cajas), no era algo “irrelevante o impredecible”, sino uno de los riesgos “más importantes” que debió ser estudiado. Pero no se hizo, y eso a pesar de que la Administración se lo pidió a la empresa en una advertencia que Escal obvió y cuya omisión fue consentida. La Fiscalía sostiene que este peligro tuvo que ser analizado y valorado y que, de haberse hecho, “hubiera podido condicionar la viabilidad legal, técnica y económica del proyecto”.

Inicio de los interrogatorios

La causa para dilucidar responsabilidades se abrió en enero por un juzgado de Vinaròs y se reactiva este lunes con el inicio de los interrogatorios a los 18 imputados. El primero en prestar declaración es Jesús Gómez de las Heras, quien fue el coordinador de un informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en 2007 que la Fiscalía considera que fue trascendental para otorgar a Escal UGS (formada por ACS en un 66,7% y la canadiense CLP en un 33,3%) la concesión de la explotación del almacén Castor.

La denuncia de la Fiscalía, en la parte concerniente a la Administración, se dirige contra los cuatro redactores de este documento del IGME y cargos que participaron en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la resolución del 7 de junio de 2010 por la que se autorizó el proyecto. En total, nueve personas imputadas por tres presuntos delitos de prevaricación medioambiental.

“Evidentes carencias y relevancia” del informe del IGME

La Fiscalía de Castellón ha relatado en su denuncia las causas del fiasco. En octubre de 2006, el quien fuera director general de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva (imputado), solicitó al IGME un estudio que valorara la viabilidad del proyecto presentado por Escal UGS. Es el informe de 2007 que concluyó que la estructura Castor era “apta”, pero del que la fiscal recalca sus “evidentes carencias” porque no se analizó el riesgo sísmico pese a estar entre sus funciones y constatar que ya en 2006 la Administración había apuntado a la necesidad de analizarlo. Este estudio fue de “relevancia” para que el Consejo de Ministros otorgara la concesión en 2008. Sus redactores serán los primeros en declarar ante el juez.

No fue el único paso donde se obvió el peligro. La segunda ronda de acusaciones se dirige contra quienes participaron en la tramitación ambiental y en la autorización del proyecto.

La primera vez que se habló de riesgo sísmico fue el 25 de octubre de 2005. De esta fecha es el informe del Observatorio del Ebro que recalcó que la actividad que se quería realizar “se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos” y pide estudiar este aspecto. Así que un alto cargo de Medio Ambiente remitió al presidente de Escal en enero de 2006 el documento con lo más relevante que debía incluir en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Entre ellos, un análisis y estudio de la sismicidad. Escal UGS respondió que no veía razones para ello y que el peligro de terremotos era “una afirmación carente de fundamento científico”.

Lo que sorprende a la fiscal es que esta respuesta fue aceptada sin más por Oliva y los responsables de tramitar la Declaración de Impacto Ambiental. “Claramente se evidencia que el riesgo de actividad sísmica fue puesto en conocimiento de la Administración durante la tramitación del proyecto, tanto al órgano medio ambiental (Ministerio de Medio Ambiente) como al órgano sustantivo (Industria). Incluso inicialmente fue advertido y trasladado por la administración al mismo promotor (…) Sin embargo, aquellas advertencias y requerimientos fueron obviados por el promotor y consentidos por la administración”, recoge la fiscal.

Por ello dirige su denuncia contra los cargos de Medio Ambiente que participaron en la tramitación medioambiental y que son: la que fuera directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, María Jesús Rodríguez de Sancho; y los técnicos José Manuel Escanilla y Miguel Aymerich. También a los ex directores generales de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva, y su sustituto Antonio Hernández, este último firma la resolución de 7 de junio de 2010 que autorizó el proyecto.

Y el Castor sacudió Vinaròs

Con las autorizaciones aprobadas y la plataforma construida, la empresa inicia el 14 de junio de 2013 las actividades de inyección de gas colchón en tres fases que finalizan el 17 de septiembre. Los movimientos de tierra comienzan el 5 de septiembre, durante la tercera fase y coincidiendo con un aumento del volumen inyectado. Dos informes oficiales posteriores han confirmado la relación directa entre esta inyección y los movimientos. En total, se registraron 512 seísmos (15 sentidos por la población) hasta el 15 de octubre.

Escal no paralizó las inyecciones de gas tras evidenciar el incremento de seísmos hasta que no acabó la última fase, y esto a pesar de que el Observatorio del Ebro, encargado de supervisar la frecuencia sísmica, le pidió el 13 de septiembre (trece días antes de que Industria ordenara oficialmente la paralización) que las parara o disminuyera considerablemente. Este episodio no fue puesto en conocimiento de Industria pese a ser requerido.

La fiscal recalca que la mercantil omite esta información y no adopta ninguna medida preventiva. La denuncia contra la cúpula (todo el consejo de administración, con Recaredo del Potro a la cabeza, y el representante legal) sostiene que con este comportamiento se ocasionó “un grave riesgo” para las personas y para el ecosistema y ve un posible delito contra el medio ambiente y los recursos naturales de los artículos 325 y 326-e. Todos ellos también serán interrogados como imputados en la causa.
Las diligencias de investigación de la Fiscalía se cerraron un día después de que el Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy aprobara el pago de los 1.350 millones (recurrido en el Constitucional). La denuncia se presentó en diciembre de 2014 y al mes siguiente se abrió la causa y se citó a los 18 imputados. La instrucción corre a cargo del juez titular Víctor Capilla, nombrado días después de la apertura de la causa.