La Generalitat Valenciana pasó años, muchos años -incluidos aquellos en que se levantó la Ciudad de las Artes y las Ciencias o se convirtió la capital en un circuito de Fórmula 1- metiendo en un cajón facturas que no pagaba, la mayoría de gastos sanitarios. Y se sabía. Las alarmas sonaron, los informes de fiscalización de la Sindicatura de Comptes lo reflejaron desde 1998 (con Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat) y durante todos los ejercicios hasta 2011, la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas recibieron la información de lo que estaba ocurriendo. Nadie hizo nada. Este es el principal argumento que el Gobierno socialista de Ximo Puig ha incluido en su alegación ante el Ministerio de Hacienda para oponerse a que la Comunidad Valenciana afronte la multa por 18,93 millones de euros que Europa ha impuesto a España por manipular el déficit público.

El cajón valenciano consistía en ir agrupando las facturas en una partida que no sumaba en el déficit, no se tomaba como gasto reconocido, no existía a efectos de las estadísticas ante Eurostat (cuenta 411). No era el cajón contable acostumbrado, no era la cuenta para facturas sin asignación presupuestaria (cuenta 409) que permite ir contabilizándolas a la espera de tener presupuesto y abonar la deuda. 

La Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana pasó años advirtiendo de lo que ocurría, alertando en sus informes de fiscalización de que había gastos sanitarios que los sucesivos gobiernos del Partido Popular no anotaban en la cuenta general autonómica y estaban engordando en la sombra. Nadie hizo nada.

En 2012, el Partido Popular ya en el Gobierno central decide echar un cable a las comunidades autónomas y ayuntamientos, asfixiados por el reventón de la burbuja inmobiliaria y la crisis de deuda, para que paguen las deudas que tuviesen acumuladas con sus proveedores. El Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro en cabeza, toma una decisión que a muchos les resulta sorprendente: permite presentar al Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, que fue el mecanismo creado para pagar esas deudas, facturas que no hubieran sido previamente contabilizadas.

En Valencia vieron la luz

La comunidad autónoma valenciana presentó al cobro al Ministerio de Hacienda facturas de gasto fundamentalmente sanitario no contabilizado por importe de 1.900 millones de euros. El problema fue que España ya había presentado a Eurostat los datos anuales de las administraciones públicas españolas de déficit y deuda de 2011. El Gobierno se vio obligado, el 17 de mayo de ese año, a informar a la oficina estadística comunitaria de que iban a tener que revisar los datos porque había irregularidades en el gasto sanitario de la Comunidad Valenciana. Los gastos ocultos se imputaron al déficit de 2011, el famoso déficit oculto.

Europa se tomó su tiempo pero el 11 de julio de 2014 inicia un procedimiento de investigación a España por manipulación estadística que desemboca a mediados de 2015 en una multa que se antoja pequeña al lado del volumen de déficit ocultado: 18,93 millones de euros por negligencia grave. La cuantía fijada en la sanción por el Consejo Europeo se reduce por varios motivos: “El limitado impacto en el déficit de España en su conjunto (que ese año alcanzó el 11,2% del PIB), la notificación inmediata de las cifras correctas (…), el hecho de que la incorrección fuera obra esencialmente de una sola entidad de la Administración española y el alto grado de cooperación de las autoridades españolas”.

Hacienda dice que pague Valencia

La mala noticia llega cuando se ha operado un cambio que no se veía en décadas en la Generalitat. El gobierno valenciano ha vuelto a manos de la izquierda. El Ejecutivo del socialista Ximo Puig, investido ya presidente, recibe el 11 de septiembre una comunicación de la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras. La frase clave dice que “la sanción impuesta al Reino de España debe ser objeto de repercusión a la Administración incumplidora”. Avisa a la Generalitat de que, desde el momento en que se apruebe esta decisión por el consejo de ministros, dispondrá de dos meses para pagar o se le cobrarán intereses de demora. Si no paga, en cualquier caso, se le retendrá el dinero “con cargo a los recursos o flujos satisfechos por el Estado” a la autonomía. Le da, eso sí, 15 días para apelar esta decisión.

Valencia apela

Según el documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el pasado 1 de octubre, el conceller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler i Marco, presentó al Ministerio de Hacienda la alegación que le pedían, convertida en un rosario de detalles que pretenden demostrar que fue responsabilidad del Estado central no detectar o no alertar de que las cifras de déficit no eran correctas.

Se basa en el propio reglamento de la Comunidad Europea sobre aplicación de Protocolo de Déficit excesivo, que dice que “los Estados miembros se asegurarán de que los datos reales comunicados a la Comisión (Eurostat) se proporcionen de conformidad con los principios establecidos”. Según este artículo (16 del reglamento), entiende la Generalitat que “es competencia única y exclusiva de la Administración del Estado, que ahora pretende repercutir la responsabilidad a esta comunidad, garantizar que los datos de déficit que se comunicaron a Eurostat se ajustaban a las normas contables”.

Sin embargo, lo más grave no es quién tenía la responsabilidad sino que se sabía, explica el documento de alegación de la Generalitat, negando la afirmación de Hacienda de que se enteró gracias al Plan de Pago a Proveedores. “La peculiar forma en que esta Administración contabilizaba el gasto sanitario (…) era conocida por la Intervención General del Estado y por ende, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (…) Hasta tal punto estos hechos eran conocidos que la Sindicatura de Comptes, en sus informes anuales, venía identificando e informando sobre las denominadas obligaciones no reconocidas desde el año 1998 hasta el año 2011. Estos informes de fiscalización fueron puntualmente remitidos al Tribunal de Cuentas, publicados en la web de dicha institución y en el Boletín Oficial de les Corts. (…) Además, fueron presentados en les Corts Valencianes y defendidos por los respectivos Sindics Majors ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de les Corts y debatidos y votados en el Pleno del Parlamento Valenciano”. Las alarmas sonaron.

Engordar el problema

La apelación de la Generalitat también recoge una antigua demanda: la necesidad de solucionar el déficit de financiación de la autonomía. “Es notorio, público y sobradamente conocido por el Ministerio de Hacienda el crónico déficit de financiación de la Comunitat Valenciana durante el periodo temporal investigado por la Comisión Europea”. El Estado, añade, “nunca ha intentado paliar esta gravosa situación con una adecuada y correcta financiación de los servicios públicos esenciales”.

Si el consejo de ministros decide pasarles la multa, añade, no harán sino agrandar el problema, que ya en lo que va de año sitúa el déficit de la comunidad valenciana en el 1% del PIB. De no admitir la alegación y la responsabilidad únicamente estatal, pide al menos que el Estado español se corresponsabilice de la multa por no haber detectado el error en las cuentas y haber sometido a la autonomía a un largo periodo de infrafinanciación. Y como última posibilidad pide que se espere a que se resuelva el recurso de anulación que España ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que anule la multa.