Lo que no ha dado tiempo en cuatro años parece que se va a poder solucionar en unas semanas, echando mano si es preciso de los días todavía con el poder en funciones, después de la cita electoral del 20 de diciembre. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que dirige Fátima Báñez, está dispuesto a dejar firmado el Real Decreto que permitirá anticipar a los 60 años sin pérdida de poder adquisitivo la jubilación de 70.000 policías locales, 17.000 mossos de escuadra y 1.100 policías forestales. Con las encuestas bailando y una enorme nube de duda sobre en qué medida están contemplando el sistema electoral español, cada voto cuenta. Por otro lado, el Gobierno no quiere encontrarse en plena campaña con movilizaciones de policías, como estos habían advertido que podía ocurrir si no se avanzaba en el proceso normativo.

El decreto, que equipararía a este colectivo con la Policía Nacional o los bomberos, amenazaba con quedarse en el cajón a pesar de los avances de los últimos meses y el constante diálogo entre Administración y sindicatos por una cuestión de falta de tiempo. La legislatura, por más que la han alargado, se acaba. Actualmente, el proyecto normativo se encuentra en fase de consultas, a la espera de los informes preceptivos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Inspección de Trabajo.

Como es necesaria además información procedente de los ayuntamientos que no obra hoy por hoy en poder el Ministerio de Empleo porque los Consistorios, reconoce el sindicato de funcionarios CSIF, no lo han puesto fácil, esta semana los inspectores de Trabajo se han puesto manos a la obra para cumplir con este requisito mediante cuestionarios planteados a 100 Consistorios, según ha informado el CSIF. Lo que sea con tal de lograr que los resultados y los informes pertinentes estén listos para que se reúna la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en diciembre.

Lo que el Ministerio habría trasladado a los representantes de estos colectivos es que, dado el escaso tiempo, se contempla la posibilidad de aprobar un Real Decreto con el Gobierno en funciones, dejando encima de la mesa del siguiente Ejecutivo el desarrollo de la norma con rango de Ley.

El CSIF no se fía del todo. Por eso ha pedido una reunión en los próximos días en la que se concreten los plazos que llevarán a la aprobación de la norma por parte del actual Ejecutivo.