Por qué es un problema económico que muera más gente de la que nace
Los problemas de la demografía: las defunciones superan por primera vez los nacimientos en este siglo.
3 diciembre, 2015 02:28Noticias relacionadas
1. Economía y demografía van de la mano
Este año va camino de ser el de mayor número de defunciones en España desde el final de la Guerra Civil. En el primer semestre del año murieron casi 226.000 personas, el peor dato desde que arranca la serie semestral, en 1971. Este dato tenía que llegar tarde o temprano, ya que a medida que la parte más ancha de la pirámide poblacional (los de la generación del ‘baby boom’) vaya envejeciendo, la mortalidad tenía que aumentar.
El problema para España es que al tiempo que las defunciones están aumentando, el ritmo de los nacimientos se está frenando, lo que va camino de hacer que 2015 sea el año en el que más caiga la población en España por crecimiento vegetativo, esto es, sin tener en cuenta los saldos migratorios. Sólo en el primer semestre hubo en España 19.268 defunciones más que nacimientos, la primera vez que el crecimiento vegetativo es negativo desde el año 1999.
El hecho de que mueran más personas de las que nacen refleja el problema que tiene España con su pirámide poblacional. La demografía se ha convertido en uno de los mayores peligros que tiene que afrontar la economía española durante las próximas décadas. Prestaciones por desempleo, gasto sanitario, ahorro, consumo… muchos son los problemas que van aparejados al envejecimiento de la población. Tanto que la demografía se ha convertido en un problema para la economía, pero también funciona a la inversa: la economía afecta a la demografía. "De cara al futuro, una fuerza laboral menguante puede ser un problema para la sostenibilidad del estado del bienestar", explican los investigadores del CSIC Rogelio Pujol Rodríguez y Antonio Abellán.
Durante los años de fuerte expansión de la economía española, desde finales de los noventa hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria, el país atraía flujos migratorios, al tiempo que los jóvenes no salían del país. Esto provocó que la edad en población fértil fuera mayor y, como consecuencia, la natalidad aumentase con fuerza en esos años.
Pero llegó la crisis y con ella la salida de jóvenes. España ha perdido población en los últimos años justo en las franjas de edad más perjudiciales para un país: entre 20 y 40 años. La consecuencia se empieza a sentir ahora: los nacimientos son insuficientes para cubrir las defunciones.
Hay otro problema al que tiene que enfrentarse la economía y es que las defunciones cada vez se producen a una edad más avanzada. Ya no ocurre como en otras fases de la historia en las que se producían fases de una elevada mortalidad por enfermedades, hambrunas o guerras. En el gráfico de largo plazo de España se perciben tres picos de mortalidad. El primero se produce en 1918 con la gripe española que tuvo la cualidad especial de que afectó a todas las franjas de edad y no sólo a niños y ancianos. El segundo de ellos se produjo durante la Guerra Civil. El tercero fue en la posguerra y se produjo por las hambrunas y las pobres condiciones sanitarias.
2. ¿Jubilación a los 70 años?
Las estadísticas de defunciones han cambiado por completo en los últimos 40 años, lo que encamina a la economía española (al igual que a otras europeas) a una situación muy vulnerable. Por primera vez en la historia de España, las muertes de personas en una franja de edad entre 80 y 99 años superan el 60%. Al inicio de la década de los setenta, la mayor parte de las defunciones, casi la mitad, era de personas de entre 60 y 79 años.
Este cambio refleja bien cómo las defunciones de personas menores de 80 años han ido cayendo con fuerza en las últimas décadas y aumentando en las personas de más edad. El resultado inmediato es el aumento de la esperanza de vida. Desde 1991, la esperanza de vida al nacer ha aumentado en casi 10 años, hasta los 80 años en el caso de los hombres y los 85 años en el de las mujeres.
Esto significa que los españoles pasarán cada vez más tiempo cobrando la pensión. Actualmente, para las personas con 65 años, la esperanza de vida es de 19 años más para los hombres y 22,96 años para las mujeres. Esto son todos los años que los españoles dependerán de la prestación social del Estado. Una situación así condena al país a que, si no corrige la situación, será imprescindible revisar el sistema actual de pensiones. Una forma de reducir el tiempo de dependencia de las personas mayores es elevar la edad de jubilación media. "Una de las acciones colectivas como respuesta a los desafíos del envejecimiento es retrasar la edad de jubilación", explican Pujol Rodríguez y Abellán. Aquí es donde el terreno de la economía deja paso a las decisiones políticas.
3. El creciente gasto en pensiones
Si el número de nacimientos, por una razón de pérdida de población en edad de procrear, se ve fuertemente afectado por los ciclos económicos, el problema surge porque el gasto en pensiones no sabe de crisis. El envejecimiento de la población lleva aparejado un número cada vez mayor de personas que alcanzan la edad de jubilación. A este hecho se suma que los nuevos jubilados de los últimos ejercicios llegan con historias de cotización más altas que hacen que suba la pensión media, que durante la presente legislatura ha superado por primera vez los 1.000 euros mensuales.
Según los Presupuestos Generales del Estado, entre 2007 y 2016, en plena travesía por la crisis, el gasto en pensiones en España no sólo ha superado con creces los 100.000 millones de euros anuales, se sitúa ya en 135.449 millones. Son 44.000 millones más que en el último ejercicio antes de que la economía empezase a venirse abajo. Es curioso que gobiernos de todo signo sigan sacando pecho del incremento del gasto social que muestran con la presentación de sus presupuestos anuales. En los de 2016, el Ejecutivo de Rajoy no se cansó de recordar que el 53,5% del gasto total consolidado iba destinado a gasto social. Se olvidó de comentar que las pensiones son ya siete de cada diez euros de esa partida.
Cualquier pronóstico a largo plazo, sin una economía lo suficientemente sana como para atraer a la población que ha salido del país, es como poco preocupante. Lo es ya hoy, después de que la crisis haya arrasado las cuentas de la Seguridad Social. España se planteó desde hace décadas que iba a tener un problema de sostenibilidad del sistema de pensiones por la evolución de la pirámide de población.
En el año 2000, el Gobierno de José María Aznar ideó el Fondo de Reserva, más conocido como la hucha de las pensiones. Se trataba de ir acumulando (e invirtiendo para obtener rendimientos) todos los superávit anuales que obtuviese la Seguridad Social. El boom económico no sólo pulverizó todos los pronósticos sobre el equilibrio del sistema de pensiones, rejuveneciendo la población a través de la inmigración y los nacimientos que trajo aparejados. Además permitió amplios superávit de la Seguridad Social que engordaron la hucha de las pensiones.
Desde el año 2011, esa realidad se dio la vuelta. La Seguridad Social no sale de los números rojos no sólo por el desempleo, también por la devaluación salarial, que ha hecho que las cotizaciones sean inferiores, y por las políticas de fomento del empleo del Gobierno de Rajoy, que han bonificado la contratación con cargo a las cotizaciones que cubren las pensiones. El PP, inmerso en la presente campaña electoral, ya ha prometido prolongar esa situación otros cuatro años.
Malas noticias para la Seguridad Social y para la hucha de las pensiones, que la crisis ha dejado en la mitad. De esto tienen responsabilidad tanto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que utilizó 14.000 millones de superávit para pagar prestaciones por desempleo, como sobre todo el de Rajoy, que ha dejado la hucha en la mitad de como se la encontró, después de eliminar el tope que podía utilizarse cada año. Actualmente no hay además un plan para solucionar el roto. El superávit de la Seguridad Social ni está ni se le espera para los próximos ejercicios. Se habla de cargar más tipologías de pensiones a los impuestos generales (actualmente ya abonan las no contributivas y los complementos a mínimos) lo que deja pocas esperanzas de alcanzar los números negros que permitan volver a echar dinero a la hucha.
4. Altas hospitalarias en mayores de 65 años
La relación entre el número de altas hospitalarias en 2014 en España por rango de edad y población muestra que el 43,2% de todas las altas hospitalarias es de la población de 65 años o más. Además, según el informe del CSIC sobre el perfil de las personas mayores, esta población presenta estancias más largas en hospitales que el resto de la población, lo que supone un mayor gasto sanitario para este segmento. "Aunque con el envejecimiento aumenten los gastos (privados y públicos) en cuidados de larga duración, es posible que una mayor calidad de vida retrase la aparición de la discapacidad hasta edades más elevadas, y el envejecimiento y la discapacidad no tengan tanta implicación negativa", indican los dos investigadores del CSIC, "el desafío es reducir los factores de riesgo asociados a la enfermedad y discapacidad y con ello el gasto en estos capítulos".
5. Trabajadores por cada pensionista
Las pensiones funcionan como un esquema piramidal. Los afiliados actuales pagan con sus cotizaciones las pensiones de hoy, con la promesa de que su aportación al sistema les otorga el derecho de cobrar pensión cuando le llegue el momento de la jubilación. Para que esto sea sostenible es necesario que se mantenga un número suficiente de trabajadores por pensionista. El punto de partida hoy ya muestra una caída durante la crisis que, dado que el número de pensionistas crece muy por encima de la creación de empleo, no consigue remontar con claridad.
La situación no es menos preocupante a futuro. Durante la crisis han desaparecido de la foto de población activa del Instituto Nacional de Estadística 2.458.600 personas por debajo de 34 años, las franjas de población que están llamadas a sostener el sistema de pensiones en el futuro y que podrían contribuir a incrementar la población por ser las edades más fértiles.
La población activa recoge las personas en edad de trabajar que buscan o tienen empleo. No significa que todas las que han dejado de salir en la estadística del INE se hayan marchado del país, algunas simplemente han abandonado la búsqueda de trabajo por desánimo. Pero la realidad es que ni unas ni otras están contribuyendo hoy por hoy al sistema.
6. La despoblación
El cambio histórico que ha ocurrido en la demografía afecta de forma muy diferenciada a las comunidades autónomas. En líneas generales, las regiones del norte de España están perdiendo población con fuerza mientras las de mayor tamaño son las que están aumentando. En Galicia y Castilla y León, el número de defunciones en el primer semestre del año superó en más de 7.000 personas al de los nacimientos, en Asturias fueron más de 4.000 y en el País Vasco, más de 2.000.
El problema para estas autonomías no sería grave si se tratase de una situación excepcional, sin embargo, no es así. Las cuatro comunidades se encuentran entre las que tienen una edad media de la población más alta. En Asturias, la media de edad se sitúa en 47,3 años, en Galicia alcanza los 46,3 años y en el País Vasco llega a los 44,5 años. La pirámide poblacional de estas regiones muestra que su crecimiento vegetativo seguirá siendo negativo en los próximos años, por lo que perderán población (a menos que aumente la inmigración nacional o internacional).
El envejecimiento tiene un efecto perverso sobre la natalidad y es que cada vez van quedando menos personas en edad fértil. La consecuencia es que la tasa de embarazo sobre el total de la población va cayendo y genera así un círculo vicioso que tiene una solución complicada. Esta heterogeneidad en España también responde a la emigración del campo a las ciudades, lo que ha dejado en el norte del país amplias regiones poco pobladas y en las que la mayor parte de los habitantes tiene una edad avanzada. El peligro de despoblación en algunas zonas del norte se ha convertido en un problema real.