La M30 tiene rodeados a los madrileños por todas partes. Algunas se ven desde el exterior y otras, como los túneles, como las condiciones de los contratos con empresas privadas ligados a esta carretera de circunvalación de la capital, no. De principio a fin, lo ocurrido con la M30 y su soterramiento es obra del diseño de Alberto Ruiz-Gallardón y su equipo de Gobierno, con especial protagonismo de su lugarteniente Juan Bravo. Soterrar parte del anillo estuvo en sus primeras ocupaciones desde que llegaron al poder en 2003. Cambiar el contrato en favor de bancos y constructoras fue una de las últimas cosas que se dejaron firmadas antes de trasladarse ambos a finales de 2011 (siete meses después de las elecciones municipales) al Ministerio de Justicia.

La documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que recoge estos cambios de última hora, prueba cómo Gallardón varió las condiciones de Madrid Calle 30, la empresa público-privada encargada de la reforma de la vía y su posterior mantenimiento, para garantizar que los socios privados (ACS a través de Dragados, Ferrovial y API) mantenían una rentabilidad por su participación en el proyecto del 7,053% a pesar de los cambios que estaban teniendo lugar. ¿Qué cambios eran esos?

La losa del mayor crédito de Madrid

Madrid Calle 30 le acababa de pasar a mediados de 2011, directamente al Ayuntamiento, su gran losa: el crédito récord de 2.500 millones de euros (formado en realidad por dos créditos sindicados) que se pidió para realizar la obra más ambiciosa de la era Gallardón. Cargar la deuda a sociedades dependientes de las administraciones públicas que gobernaba había sido una de las marcas de la casa del ex ministro de Justicia, una fórmula que mantuvo a pesar de que Eurostat determinó en 2005 que esa deuda debía sumarse al debe de las administraciones (el endeudamiento que dejó Gallardón en la gestora del metro Mintra tras su paso por el Gobierno de la Comunidad de Madrid le tocó afrontarla a su sucesora, Esperanza Aguirre). 

Como una de las principales causas con que se justificó, allá por 2005, la creación de la sociedad mixta Madrid Calle 30 (participada al 80% por el Ayuntamiento y al 20% por los socios privados) fue precisamente compartir el inmenso riesgo financiero que se iba a asumir para llevar a cabo el proyecto, al quitarle dicho riesgo a la empresa mixta la retribución a los accionistas perdía buena parte de su razón de ser.

De hecho cambiaba totalmente el planteamiento del concurso público mediante el que se eligieron los socios privados. Madrid Calle 30 quedaba encargada únicamente del mantenimiento de la vía, una labor con un coste muy inferior a la cantidad que el Ayuntamiento le ingresa cada año y para la que se tienen subcontratados hasta 2040 los servicios de Emesa (propiedad al 100% de ACS y Ferrovial).

En el Ayuntamiento conocían que la subrogación de la deuda de Madrid Calle 30 directamente al fondo común de los madrileños era un cambio sustancial de las condiciones del concurso que podía incumplir "las cautelas que la Comisión Europea marca en materia de contratación pública y en materia de concesiones a la colaboración público-privada", por eso, en el citado documento de variación del contrato explican que, ya en "la cláusula 37 del contrato se establecía que: si las variaciones introducidas por el Ayuntamiento afectan al régimen financiero del acuerdo, el Ayuntamiento deberá compensar a Madrid Calle 30 de manera que se mantenga el equilibrio de los presupuestos económicos que fueron considerados como básicos para la formalización del contrato". Por eso, concluyen, el cambio se efectúa, en su opinión, "sin que exista alteración de la transparencia y publicidad de la licitación realizada". 

De este modo, tal y como explicó este periódico, los socios privados de Madrid Calle 30 reciben cada año en torno a 45 millones de euros de dinero público a través de la sociedad por tres vías: la cantidad destinada a pagar a Emesa el mantenimiento de la vía, 6 millones de euros de intereses por un crédito subordinado concedido a la sociedad en su creación y la parte que les corresponde por su participación (el 20%) de los beneficios en forma de dividendo. Para que esto cuadre, es decir, para que tenga beneficios y pueda repartir dividendo, el Ayuntamiento ingresa a Madrid Calle 30 mucho más de lo que necesita cada año (en torno a 125 millones de euros).

Al estar en beneficio, la sociedad se ve obligada a pagar impuesto de Sociedades y, como factura al Ayuntamiento por el dinero que este le ingresa, paga también IVA. Una estructura absurda que acaba provocando que el dinero de los madrileños vaya en parte al fondo común de los impuestos de toda España. 

Hubo otro favor en el contrato para los socios privados. Según recoge el documento, se eliminó la obligación de "mantener el límite mínimo de capitalización de la empresa en el 16% de la inversión aprobada". Como ya no había deuda, no se consideró necesario, lo que daba vía libre a ACS y Ferrovial a hacer líquida parte de su participación. 

El documento asegura que esto es un favor para futuros equipos de Gobierno del Ayuntamiento. "Se está beneficiando a corporaciones futuras, puesto que se posibilita que parte de las devoluciones de capital que tendría que hacer la empresa a la finalización de la vigencia del contrato en 2040, se lleven a cabo de manera anticipada". El contrato en realidad se puede romper antes, en 2025, pero eso supondría pagar antes a los socios privados el valor en libros de su 20%.

El millonario pacto con la banca

Dejar garantizada la rentabilidad de las constructoras no fue lo único de lo que se preocupó Gallardón antes de irse. La banca no aceptó el cambio de titularidad del contrato de crédito (a pesar de que el pagador era el mismo, el erario público) sin imponer sus condiciones. 

Así lo recoge igualmente el documento de variación, firmado con fecha 26 de septiembre de 2011. "Las principales modificaciones", explica, "son la siguientes: incremento de los márgenes de financiación en 50 puntos básicos; amortización anticipada por importe de 43,6 millones de euros; modificación del calendario de amortizaciones a partir del año 2026, anticipando el mismo". Esta última condición implicaba adelantar cinco años el pago total del crédito, que ahora está previsto se termine de pagar en 2030 en lugar de en 2035, como se preveía inicialmente.

¿Cómo afectan a los intereses estos cambios? Según el documento, "la proyección de gastos financieros en los próximos años, teniendo en cuenta las nuevas condiciones de subrogación, sería la siguiente:"

Por otro lado, la amortización de principal pasa a ser desde 2012, según las previsiones del documento y tras los cambios, la siguiente. En plena crisis económica. 

La broma del IVA

La justificación que da el documento para este incremento de costes por parte del Ayuntamiento es que en realidad se ahorra dinero. ¿Cómo es posible? "Dado que los únicos ingresos de la sociedad provienen del Ayuntamiento de Madrid, a través de la facturación que la empresa realiza por los servicios prestados, en el importe facturado se incluye como un coste más a cubrir por el Ayuntamiento el importe que corresponda" del pago de los créditos así como la dotación anual de dos cuentas de reserva a las que obligó la banca para cubrirse las espaldas en el momento de constitución del crédito. Como todo esto también se incluye en la factura, tiene "el efecto fiscal correspondiente respecto al IVA soportado". 

Como las cuentas de reserva desaparecen (en realidad se utilizan para pagar amortizadamente deuda a los bancos) y el crédito ya no se paga desde Madrid Calle 30, dicen que "estas obligaciones financieras ya no tributarán por IVA" lo que consideran un ahorro. 

¿De cuánto? De 55,7 millones de euros en 2011; 57,1 millones en 2012; 58,5 millones en 2013 y 60 millones en 2014. Total: 231,3 millones en cuatro años que en realidad habrían sido más porque están calculados con el IVA al 18%. ¿Es esto un ahorro o desde 2005, cuando se creó Madrid Calle 30, se estaba incurriendo en un gasto innecesario para las arcas de Madrid?