La china Tzaneen International se hizo famosa en España en julio de este año al conocerse que había ofrecido 10.000 euros para hacerse con el aeropuerto de Ciudad Real, una infraestructura en concurso de acreedores en cuya construcción se invirtieron alrededor de 500 millones de euros. Tzaneen, que quiere convertir el aeródromo en un punto neurálgico de transporte de mercancías por aire que conecte China, África y América Latina, presenta ahora al Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Ciudad Real una oferta por la totalidad del aeropuerto de 40 millones y 10.000 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. ¿Qué ha pasado?

Básicamente que Tzaneen ve peligrar sus posibilidades de hacerse con el aeródromo Don Quijote por el módico precio que ofreció en su oferta original, que sólo incluía la mitad de los activos del aeropuerto. Ahora incluye la puja por la otra mitad (con la que pretendía hacerse en cualquier caso) pero esta vez al precio máximo al que se tasó en el Plan de Liquidación. Tanto el primer lote, por el que ofreció los famosos 10.000 euros y que incluye la pista de aterrizaje, la torre de control y la terminal; como el lote por el que ha ofrecido ahora 40 millones, que incluye el aparcamiento y los terrenos aledaños, se tasaron por 40 millones cada uno. Es decir, en el Plan de Liquidación se pensó que podían lograrse hasta 80 millones en el proceso concursal.

El motivo de que se hayan complicado las aspiraciones que Tzaneen tuvo hace unos meses es que un nuevo juez, y ya van cuatro, se ha hecho cargo del proceso. Se trata del magistrado Carmelo Ordóñez Fernández, quien ha puesto en duda que sea correcta la fórmula elegida inicialmente de vender los activos del aeropuerto por partes y no como una unidad indivisible, máxime cuando un informe de Aviación Civil solicitado por el magistrado defiende que "todas las superficies, instalaciones y edificaciones, independientemente de quien ostente su titularidad, deben destinarse al uso aeroportuario".

El proceso en cualquier caso se había convertido en un sainete. Después de la oferta de los 10.000 euros de la empresa china se dio una segunda oportunidad de mejorarla en un proceso de nuevas pujas que debían alcanzar al menos el 70% del valor de tasación y que llegó a tener hasta seis ofertas. La que habría sido la clara ganadora, la de la empresa británica Eca Program, alcanzó los 80 millones de euros. El oferente aseguraba que pretendía utilizar el aeropuerto para aparcar y realizar las labores de mantenimiento de cazas de combate que decía utilizar para jugar el papel del enemigo en los entrenamientos de ejércitos de países OTAN. Decía también que ya había tenido contactos con el Ministerio de Defensa español para lograr el contrato pertinente, extremo que fue negado a EL ESPAÑOL en su día por el ministerio que dirige, ahora en funciones, Pedro Morenés. Tras el proceso, Eca ni presentó las garantías pertinentes. Era la segunda oportunidad para Tzaneen de resultar ganadora.

Pero llegó el nuevo juez e inició a principios de noviembre un "procedimiento de nulidad de actuaciones con posible retroacción de todo lo actuado al momento inmediatamente anterior al dictado del auto que aprobó el plan de liquidación" y en todo caso "al proceso judicial de subasta pública (...), con suspensión del proceso actual de venta". 

Esta semana, en una providencia, el juez, que pese a mantener abierta la posibilidad de la anulación del proceso ha permitido que se sigan presentando ofertas, se dirigía al administrador concursal para recomendarle que analice una recién recibida de la que no daba cuantía y que ha sido efectuada por Grupo Orden 12. La considera la "más óptima, completa y que preserva y garantiza el destino de la unidad productiva a juicio de este juzgador". El sentido de sus actuaciones está claro. Quiere ofertas completas. 

La desidia de las administraciones

Tzaneen se opone lógicamente a la nulidad, como alega en el escrito ante el Juzgado en el que incluye su nueva oferta. Para defender mejor su postura, en el mismo pide que se le dé traslado de los informes que el juez ha solicitado a la Junta de Castilla-La Mancha, la Abogacía del Estado, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Defensa. El problema es que el juzgado no le puede dar traslado de esta documentación porque no la tiene. Ninguna de estas administraciones ha presentado los informes solicitados en el plazo de 20 días que les dio el juez. Por eso en una nueva providencia con fecha 21 de diciembre de 2015, el magistrado les da otros cinco días hábiles para cumplir con lo que se les pide bajo amenaza de "incurrir en la comisión de un delito de desobediencia grave". 

Por otro lado, Tzaneen le recuerda en su último escrito al juez que "aún en el supuesto hipotético de que la venta separada de las dos explotaciones unitarias (...) pudiera tener alguna trascendencia, olvida el Juzgado el hecho de que esta parte pretende adquirir también la segunda explotación (como demuestra con su nueva oferta), con lo que se resolvería cualquier problema que tal división pudiera acarrear". 

Se opone en cualquier caso a la nulidad porque en ningún momento se habla en la providencia del juez que inicia el proceso "de que se haya infringido norma alguna en el procedimiento seguido para la aprobación del Plan de Liquidación (auto de 10 de octubre de 2013), ni en el proceso de subasta. Y tampoco que se haya causado indefensión concreta alguna a ninguna parte ni a ningún interesado", lo que quedaría probado, explica, puesto que nadie ha recurrido las actuaciones seguidas. Niega los defectos de forma considerados por el juez y alude a la inseguridad jurídica en la que quedarían todos los procesos concursales de anularse las actuaciones seguidas hasta ahora por el hecho de haberse dividido en dos unidades los activos del aeropuerto.

Tzaneen ofrece, si se acepta su oferta por el segundo lote, pagar dos millones de euros en el momento de la adjudicación en firme, 31 millones una vez se realice el levantamiento de las cargas reales hipotecarias que pesan sobre el aeropuerto, y siete millones una vez se resuelvan los contenciosos administrativos que están en trámite sobre el justiprecio de algunas de las fincas expropiadas para la construcción del aeródromo.  

El gigante que se quedó en molino

La primera vez que se habló de la intención de ubicar un aeropuerto gestionado por empresas privadas en Ciudad Real, el pronóstico de inversión se dio en pesetas. Era allá por 1998 cuando la Cámara de Comercio, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha creaban una sociedad en cuyo capital iban a dar entrada a socios privados para que aterrizasen el sueño del aeropuerto en la tierra de Don Quijote.

Como primeros socios eligieron a las grandes aliadas de las aspiraciones megalómanas de políticos españoles en las últimas décadas: las cajas de ahorros. En concreto, la que terminaría siendo la primera entidad intervenida en la presente crisis financiera, Caja Castilla-La Mancha; y la sevillana El Monte, que fue integrada en Cajasol, luego en Banca Cívica y, después de mil patadas hacia adelante, entregada a Caixabank en 2012.

El aeropuerto no fue capaz de estar operativo hasta 2008 y menos de dos años después, la sociedad propietaria, CR Aeropuertos, era declarada en concurso de acreedores, con una deuda de 290 millones de euros, a demanda de uno de esos acreedores en los juzgados. La mayor damnificada fue Caja Castilla-La Mancha, a la que se adeudaban 158 millones, aunque también lo sufrieron otras empresas como la constructora Isolux Corsan.