Junio de 1995. Calle Isabel la Católica, Valencia. Despacho de Federico Félix, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Un grupo de hombres de negocios de la comunidad, con Félix como maestro de ceremonias, fuerza una reunión nocturna entre los máximos responsables de dos formaciones políticas que han concurrido a las elecciones autonómicas de mayo: el PP, con Eduardo Zaplana al frente, y la Unión Valenciana, de González Lizondo. Los empresarios quieren que alcancen un acuerdo para gobernar que no han sido capaces de lograr por sí mismos tras semanas de negociaciones. Los convocan y los dejan solos. Que hablen y pacten. A las cuatro de la madrugada, como contará Félix años después, Zaplana y Lizondo salen para anunciar que hay acuerdo. Aquel Pacto del Pollo, como lo bautizará la prensa dado que Félix preside una empresa dedicada a esta actividad, inauguró 20 años de gobiernos del PP al frente de la Generalitat Valenciana que, tras cinco legislaturas de las que cuatro lo fueron con mayoría absoluta, terminaron en mayo del pasado 2015.
La empresa entraba abiertamente en el mundo de la política. Una mezcla de funciones quizás premonitoria, teniendo en cuenta que durante las dos décadas de gobiernos populares inauguradas por aquel acuerdo, la política no ha dudado en zambullirse de lleno en el mundo empresarial. No ha sido algo ni mucho menos exclusivo de la Comunidad Valenciana ni de las regiones gobernadas por el PP, no fueron los populares los primeros en utilizar las formas de la empresa privada. Todas las regiones se subieron al carro de la gestión empresarial alimentando muchas veces sus aventuras por la financiación de las cajas de ahorros que ellos mismos gobernaban.
Sin embargo, en la tierra donde la iniciativa privada dio a luz a Mercadona, Porcelanosa, Consum, Dulcesol o Guillem, crecieron y nacieron como en un invernadero entes y sociedades mercantiles de titularidad pública con todo tipo de objetos sociales. Todo era susceptible de dar a luz una estructura societaria. Eso incluye desde el Patronato del Misterio de Elche, un ente encargado de gestionar esta fiesta de la localidad de Elche, que a pesar de ser público tiene órganos de gobierno en cuya elección participa el Obispado de Orihuela-Alicante y que no hay modo de que presente su contabilidad de forma adecuada; al Instituto del Paisaje de la Generalitat, que se creó con el objeto social de velar por las vistas valencianas.
La Sindicatura de Comptes, la cámara de cuentas de la Comunidad Valenciana, ha publicado estos días sus informes referidos a la gestión de los entes y empresas públicas de la región referidos a 2014, dejando la fotografía de lo que ha sido la historia de las aventuras empresariales de la comunidad durante los años de Gobierno del PP. Permite además conocer lo ocurrido durante la última legislatura, la de Alberto Fabra, a quien le tocó gestionar el castillo cuando ya se venía abajo.
El resumen de trazo grueso es el siguiente: en una legislatura, se ha reducido drásticamente el número de empresas públicas y entes, absorbidos unos por otros o asumida su actividad por el gobierno autonómico directamente; la deuda de las empresas públicas se ha reducido desde los más de 10.500 millones de euros que mostraba el balance agregado a cierre de 2011 a la cifra de cierre de 2014, en el entorno de los 5.500 millones; las pérdidas, a pesar de los numerosos recortes y ajustes, persisten. Entre 2011 y 2014, ambos ejercicios incluidos, las empresas públicas de la Comunidad Valenciana han perdido más de 2.300 millones de euros, de los que 420 millones se corresponden con las pérdidas de 2014.
La deuda que se cargó al fondo común
La reducción de la deuda de las empresas públicas valencianas no se debe a su amortización, sino en gran medida a que la carga ha cambiado de espalda. Por un lado, como accionista único o mayoritario de las empresas públicas, la Generalitat, es decir, directamente el fondo común de los valencianos, se subrogó a buena parte de la deuda. El Consell acordaba en su reunión del 9 de marzo de 2012 que “la Generalitat asumiría la titularidad de parte de la deuda de los entes del sector público empresarial y fundacional por un importe máximo de 3.400 millones de euros”.
Por otro lado, el Gobierno de Mariano Rajoy orquestó, también desde 2012, una serie de mecanismos de liquidez (el Fondo de Liquidez Autonómica o el Fondo de Pago a Proveedores en sus diferentes versiones) para rescatar a las asfixiadas autonomías y ayuntamientos, fondos que están, junto al rescate del sector financiero, entre las principales razones que han hecho que la deuda pública española engorde hasta los niveles actuales.
Las empresas públicas valencianas han hecho amplio uso de estos mecanismos para pagar sus deudas, lo que ha provocado que en el debe de todos los españoles esté ahora el dinero que pagó tres orcas que nunca se entregaron por Parques Reunidos al Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y la Ciencias, pese a figurar en el contrato inicial; el pago a Jaume Roures por RTVV de los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 cuando no eran en exclusiva, lo que permitía ver los grandes premios en otra cadena con sólo hacer zapping; o el coste de la publicidad del Aeropuerto de Castellón en las camisetas del Villarreal C.F. mucho tiempo antes de que un tren de aterrizaje se posara en la pista del aeródromo.
En mayo de 2012, el Consell de la Generalitat aprobó el Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público Empresarial Y Fundacional de la Comunidad Valenciana. Muchas empresas han desaparecido desde entonces y de las que permanecen han sido muchos los cambios operados. Tres merecen página propia en la historia de la región como muestran los informes de la Sindicatura: RTVV, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el Aeropuerto de Castellón. Se acabará uniendo la Ciudad de la Luz, aunque la cámara de cuentas y la Intervención General no emiten aún opinión sobre sus cuentas en este último informe presentado “por el efecto muy significativo que supone la incertidumbre acerca de la capacidad de la empresa para ejecutar la decisión de la Comisión Europea que concluye que la financiación pública concedida por 265 millones de euros constituyen ayudas incompatibles con el mercado interior y deben ser devueltas”. El valor neto contable en balance de los activos de la Ciudad de la Luz suma, a cierre de 2014, poco más de 133 millones, muy lejos de la cantidad que debe devolverse.
Ciudad de las Artes, las Ciencias y la deuda
La Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC, S.A.) ha cambiado la imagen de Valencia, la capital de la autonomía, y las cuentas de la comunidad. Su nacimiento es previo a la llegada del PP, data de 1991, pero es en 1999 cuando se firma el convenio por el que la Generalitat se compromete a prestarle el apoyo que necesite para su continuidad. Lo va a necesitar. Del presupuesto inicial de 308 millones de euros se pasa, a base de modificados, a 1.300 millones. El coste registrado en balance de los cinco edificios que la conforman (el Hemisféric, que alberga el cine IMAX; el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe; el Palau de les Arts Reina Sofía, dedicado a la ópera; el Oceanogràfic y el espacio muntifuncional del Ágora, más el aparcamiento y las zonas comunes) era a cierre de 2014, tras las bajas registradas, de 1.067,5 millones de euros, según recoge el informe de la Sindicatura.
Su visión es tan espectacular como ruinosas sus cuentas, que se van deshaciendo en pérdidas como se deshacía el trencadís del Palau de les Arts que su autor, el arquitecto Santiago Calatrava, terminó de reponer el pasado mes de octubre.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias tiene 644,5 millones de euros acumulados por las pérdidas incurridas entre 1997 y 2013, que podría utilizar para compensar beneficios futuros y pagar menos impuestos. Si tuviera beneficios. No es el caso. Como recuerda la Sindicatura, “al igual que en ejercicios anteriores, CAC, S.A. no ha obtenido ingresos suficientes (en 2014) para cubrir sus gastos e inversiones”.
Si algo destaca de este complejo durante la legislatura de Alberto Fabra es que los fallos de control sobre las cuentas de la empresa pública siguieron. El Ágora estaba sin terminar a principios de 2012. Las obras del edificio y alrededores se habían adjudicado en 2006 por 41,3 millones y la factura final, conocida a finales de 2013, roza los 80 millones a pesar de la rebaja por renunciar a parte de las obras inicialmente pactadas. Los modificados no se documentan, señala la Sindicatura, el director de obra ni siquiera presenta una propuesta técnica que recoja los cambios.
Mientras la deuda, sus intereses y los gastos siguen castigando las cuentas, la gestión de los ingresos es un caos. En 2012, el 30,7% de las entradas del Palau de les Arts se ha regalado, descubre la Sindicatura. La única que paga por ellas es CAC, S.A., a la que le toca afrontar el IVA por autoconsumo.
Entretanto, nadie aplica la austeridad al gasto en la que está inmerso el resto del país. La Sindicatura afea los gastos de 2012 del Palau sobre todo en "viajes y desplazamientos", en su mayoría de la intendente, Helga Schmidt, así como de artistas "cuyas cuantías superan de forma ostensible las cuantías ordinarias registradas por estos conceptos". Se cargan incluso gastos de viajes supuestamente realizados en 2007 y 2008. Y todo ello a través de dos agencias de viajes a las que se ha contratado por procedimiento negociado, es decir, sin sacar concurso.
Pero si algo ha destacado en CAC, S.A. durante la última legislatura autonómica ha sido el conflicto con la empresa privada que se encargó de la gestión del edificio estrella, el Oceanogràfic, desde 2002 y hasta el pasado mes de junio: Parques Reunidos Valencia (participada por Parques Reunidos, con el 76,1%; María José Lladró, hija de José Lladró, el cofundador de la famosa empresa de porcelanas, con el 12,5%; y Andrés Ballester y familia, con el 12,4%).
Parques Reunidos Valencia facturaba a CAC, S.A. determinados gastos, que se pactaban en los presupuestos a comienzos de cada ejercicio. A cambio entregaba lo obtenido en la taquilla más un canon fijo y otro variable de los ingresos de cafetería, merchandising, etc. En algunos ejercicios, como alertaría la Sindicatura, la concesionaria desbocó los gastos, haciendo que resulte cada vez más complicado para CAC, S.A. asumir los pagos presupuestados (más de 10 millones de euros algunos años). En septiembre de 2013, Parques Reunidos Valencia demanda a CAC, S.A. exigiéndole el pago de 31 millones de euros.
Hasta ese momento CAC, S.A. no parece caer en la cuenta de que la concesionaria no ha aportado al complejo tres orcas a las que se comprometió en el contrato inicial y que no ha realizado durante una década el mantenimiento de las instalaciones que corría de su cuenta. En total, la empresa pública considera que se le deben 40,4 millones y responde a la demanda exigiéndolos. Para la Sindicatura, es evidente que la firma pública "era conocedora de los incumplimientos contractuales desde prácticamente el inicio de la vigencia del contrato (…) por lo que se aprecia falta de diligencia de los órganos responsables de la sociedad”.
Todavía en 2014, Parque Reunidos Valencia pasó una factura de 11,8 millones a CAC SA por el acuerdo presupuestado a comienzos de ese año. En ella se incluye, destaca la Sindicatura, “la facturación por la prestación de servicios de seis directivos adscritos al cumplimiento del contrato”. Austeridad, poca. Se facturan por ellos, IVA excluido, 725.112 euros, es decir, a razón de 120.852 euros de media para cada uno. Además, “no se acompaña de soporte justificativo, remitiéndose el importe anual incluido en el presupuesto aprobado”, dice la Sindicatura.
CAC, S.A. perdió 49,4 millones en 2014; 47,5 millones en 2013; 44 millones en 2012 y 55,6 millones en 2011.
El Aeropuerto de Castellón
Los españoles debemos alrededor de 130 millones del Aeropuerto de Castellón que acabaron abonados con cargo al Plan de Pago a Proveedores, a los que habría que sumar pagos que se han cargado al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según recogen los informes de la Sindicatura.
Con cargo al Plan de Pago a Proveedores se ha pagado la factura principal de 86,2 millones de euros a Conaer, la concesionaria del contrato de construcción y explotación, que mantuvo un largo litigio con la empresa pública. Pero no sólo eso. El Aeropuerto de Castellón fue muy generoso con el deporte de la región incluso bien entrada la crisis. A pesar de que quedaban años para que un tren de aterrizaje se posase sobre sus pistas, la publicidad del aeropuerto ya lucía en camisetas de fútbol y monos de motociclismo. El Villarreal C.F. fue la niña bonita de un abanico de patrocinios que se calcula que ascendieron a más de 26 millones de euros entre los años 2006 y 2011.
La legislatura de Alberto Fabra heredó la inercia. En 2011, el Aeropuerto de Castellón aún destinó 5,1 millones de euros a publicidad, propaganda y Relaciones Públicas (7 millones en 2010) de los que 4,9 millones fueron a patrocinios deportivos, básicamente para el Villarreal C.F.
En 2012 esa situación se cortó de raíz, cayendo la partida a 703 euros. No se asumían nuevos compromisos pero se pasaron las deudas pendientes al fondo común de todos los españoles. Los acuerdos con los clubes, plagados de irregularidades, sin memorias que justificasen el impacto de la publicidad en base a la actividad de los equipos, habían sido señalados año tras año por la Sindicatura. Cuando a cierre de 2013 se revisan los aplazamientos de pago a proveedores aparecen 7,5 millones de los que el 62% es por patrocinios. En 2014 se pagan 4,3 millones “con quitas relevantes y renuncia al cobro de intereses legales”, recoge la Sindicatura.
Caía el apoyo al deporte al tiempo que crecía con fuerza otra partida: los servicios profesionales independientes, que en 2012 alcanzaron 2,4 millones. La Sindicatura señalará los contratos de esta partida también por sus irregularidades, porque más del 98% se contratan por procedimiento negociado, por las prórrogas y modificaciones de las condiciones.
Aeropuerto de Castellón, también conocida como Aerocas, ha estado en causa de disolución año tras año. Sus cuentas arrojaban pérdidas sistemáticamente debido a que todo eran gastos sin ingresos y a la enorme deuda que arrastraba. Si podía seguir adelante sin liquidarse era porque detrás estaba el socio principal, la Generalitat, el bolsillo de los valencianos. En el informe de 2013 se recoge que la comunidad ha asumido ya deudas de la empresa pública por importe de 54,9 millones de euros: 32 millones del Mecanismo de Pago a Proveedores, 18,5 millones de un préstamo con Dexia y 4 millones de un crédito sindicado.
El 30 de julio de 2014 se firma el acta de entrega del aeropuerto por 20 años y cinco meses a SNC-Lavalin Aeroports para su explotación y mantenimiento. Desde hace tres meses los aviones llegan al fin al aeródromo de Castellón.
Los restos de RTVV
El ente de radio y televisión públicas valencianas se creó en 1984. Treinta años después estaba en liquidación. El actual Gobierno valenciano, encabezado por el socialista Ximo Puig, ha derogado ya la ley que permitió el cierre de la cadena autonómica con la intención de revisar su situación y recuperarlo. ¿Qué ha pasado para llegar hasta esta situación?
La deuda se hizo inasumible y, una vez más, se pasó al fondo común. En la legislatura de Alberto Fabra, la Generalitat asumió deuda financiera de RTVV por importe de 1.059 millones de euros (según acuerdo del 21 de diciembre de 2012) y deuda con proveedores por importe de 35,6 millones en 2014 con cargo al Plan de Pago a Proveedores del Estado.
Las “pérdidas recurrentes y acumuladas derivadas de la insuficiencia de las dotaciones presupuestarias de la Generalitat para la financiación” de RTVV estaban tras esa bolsa de deuda, según la Sindicatura. Desde luego los gastos anuales quedaban muy lejos de la capacidad de ingresos del ente incluso con la crisis bien entrada. Si en 2012 ingresó 9,2 millones, las pérdidas del año alcanzaron los 134,3 millones. Si ingresó 5,7 millones en 2013, tuvo pérdidas en ese ejercicio de 210,7 millones. Ya en plena disolución en 2014 aún perdió 54 millones de euros.
La legislatura de Fabra no es ajena a esas pérdidas pero no está mal recordar que los grandes problemas del ente público valenciano nacen en la segunda legislatura de Zaplana, ya con mayoría absoluta de este, cuando se decide que RTVV va a empezar a financiarse mediante endeudamiento bancario. Fue entonces, cuando ya no tenía que ajustarse a las aportaciones de la Generalitat, cuando comienza la era de los grandes contratos. Los 30 millones anuales por los derechos de transmisión de partidos del Valencia C.F.; los entre 15 y 20 millones por los del Villarreal C.F.; los 5,5 millones por los del Levante; la compra de producciones ajenas por más de 25 millones al año... Se llegan a gastar en contenidos entre 130 y 160 millones cuando los ingresos anuales no superaban los 70 millones. Crecen las pérdidas, crece la deuda, aumenta el gasto en intereses, que en 2006 ya superaba los 20 millones al año.
En julio de 2009 se firma un contrato con Mediapro para los derechos de retransmisión de los grandes premios de Fórmula 1 de 2010 a 2013 por 22 millones de euros. No es en exclusiva. Se paga dinero público para que en la autonomía se vea algo que ya es posible ver en un canal nacional. Este contrato tampoco cae en el debe de Fabra pero sí la equivocada fórmula de rescisión del contrato en 2012, que acabó costando una sentencia en contra a la Generalitat y la obligación de pagar a la firma de Jaume Roures 16 millones de euros a los que deben sumarse los cinco millones abonados por la primera temporada retransmitida.
Después de tantos desmanes, pasará a la historia el modo en que se cerró en falso RTVV. Tras un polémico proceso de despido colectivo que afectó a 1.198 personas, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró nulo el expediente por considerar que "se adoptó con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas", obligando a readmitir a los trabajadores con un coste en salarios de tramitación para el ente de 16 millones de euros.
Fabra, con la plantilla rebelándose y mostrando información crítica con el Gobierno de la Generalitat por primera vez, optó por el cierre. El 29 de noviembre de 2013 se decidía cortar el suministro eléctrico para interrumpir la señal de televisión. El técnico al que se había encargado apagar la emisión, al que se conoce ya en toda España por su apodo de Paco el Telefunken, se negó a realizar la tarea encomendada, lo que derivó en el drástico fundido a negro por corte de la luz. El 23 de marzo de 2014 se alcanzaba un acuerdo para un nuevo despido colectivo esta vez para toda la plantilla. Ahora el gobierno socialista se plantea la reapertura.