En su intento por dejar “atado y bien atado” su ámbito de discrecionalidad a la hora de coexistir con una Asamblea opositora, Nicolás Maduro ha reformado la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) para suprimir la facultad del parlamento de ratificar al consejo de gobierno de la entidad. Ahora, al presidente del BCV lo nombrará personalmente él por siete años. Además, ha limitado su independencia y la transparencia en otros aspectos.

Que la autonomía del BCV no estaba garantizada en la Constitución bolivariana se advirtió hace tiempo. El jurista Allan Brewer-Carías escribió en 2000 que la autonomía del BCV “se encuentra limitada por las regulaciones que la propia Constitución establece (...); y además, por la remisión a la Ley, a tal punto que puede neutralizarse completamente, politizándose la gestión de la institución”. Es exactamente lo que ha sucedido.

Con el régimen bolivariano, el BCV nunca ha sido autónomo. Era casi imposible que lo fuera una vez que se constitucionalizó el concepto de “coordinación macroeconómica” que somete a todos los órganos del Estado a la obligación de “asegurar el bienestar social”. Y no hay bienestar -salvo el de algunos jerarcas del régimen- que se pueda conseguir cuando el coordinador es un incompetente. De hecho, el BCV ha sido incapaz de cumplir con el único “objetivo fundamental” que le fijó la Constitución de Hugo Chávez: “la estabilidad de precios” y la preservación “del valor interno y externo de la unidad monetaria”.

El BCV no ha logrado controlar la hiperinflación. Carlos García Reuters

Fueron una serie de trabajos empíricos -y no un imaginado Consenso de Washington- los que demostraron a finales de la década de 1980 que la independencia de los bancos centrales era un factor eficaz en el control de la inflación. Al cortar el acceso de las manos políticas a la máquina de imprimir dinero, resultaba más difícil que los políticos recurrieran al “impuesto invisible” que es como Milton Friedman denominó la inflación. Otro precedente a favor de garantizar esta independencia fue político. Expertos de EEUU concluyeron que el sometimiento del Reichsbank a los designios de Hitler le permitió consolidar su régimen y alentar su belicismo. La independencia del Bundesbank fue impuesta a Alemania Federal por los aliados como un rasgo antitotalitario.

El concepto ha sido fuertemente atacado por los políticos, especialmente desde la vertiente jurídica. El ex presidente del Constitucional español, Manuel García Pelayo, por ejemplo, sostuvo que es imposible que un banco central independiente disponga de una “técnica neutra” que pueda facilitar “la única, mejor y, por tanto, indiscutida vía posible”. Una segunda crítica la ha planteado el jurista Manuel Aragón Reyes quien sostiene que no puede concebirse la existencia de órganos realmente “independientes” en un Estado democrático ya que en él todos están sometidos al principio democrático.

No es raro ver refulgir las críticas de los juristas españoles en la Constitución de Chávez. Fue a través de profesores y asesores españoles que llegaron a los constituyentes venezolanos. Muchos de esos profesores hoy están en Podemos. Pablo Iglesias ha construido su crítica a la independencia del Banco Central Europeo (BCE) con estos mimbres.

El grado de independencia de los bancos centrales es un aspecto discutible. Hay quienes creen que la reciente política de expansión cuantitativa es la prueba de que al final siempre actúan según los deseos del poder político. Pero, por lo visto, el resultado es muy distinto cuando disfrutan de una autonomía legal, aunque sea formal, que permite un juego de frenos y contrapesos institucionales, que cuando son una mera extensión del Poder Ejecutivo como ha decidido el caudillo venezolano.