Para la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, un paraíso fiscal es un lugar donde todo el mundo paga su cuota de impuestos. Un sitio que, según ha dicho este lunes, todavía no existe en la Unión Europea. Bélgica es el último ejemplo de estado miembro que facilita la ingeniería fiscal a las multinacionales. La política danesa ha declarado ilegal el régimen belga que permite a las grandes compañías reducir hasta en un 90% su factura tributaria. Alrededor de 35 compañías deberán pagar ahora 700 millones de euros en impuestos atrasados.

El fallo sobre Bélgica es el último paso en la ofensiva de Vestager contra los acuerdos fiscales ventajosos (tax rulings) que los países de la UE ofrecen a las multinacionales a cambio de que se instalen en su territorio. La Comisión ya tumbó el pasado octubre los beneficios tributarios ofrecidos por Holanda a la cadena de cafeterías estadounidense Starbucks y los que ha concedido Luxemburgo a la financiera del grupo automovilístico italiano Fiat. Las dos compañías deben pagar entre 20 y 30 millones cada una. En el punto de mira están también los pactos de Irlanda con Apple y de Luxemburgo con Amazon y McDonald’s.

“Bélgica ha dado a un selecto número de multinacionales ventajas fiscales sustanciales que infringen las normas de la UE sobre ayudas estatales. El régimen falsea la competencia basada en el mérito al poner en desventaja a los pequeños consumidores que no son multinacionales”, ha resaltado la comisaria de Competencia.

No hay discriminación contra los grupos de EEUU

El Ejecutivo comunitario no ha querido revelar cuáles son las empresas que tendrán que pagar estos impuestos atrasados, y ha dicho que le corresponde a Bélgica hacerlo. Una de las principales afectadas, según la prensa belga, podría ser la cervecera AB InBev, que está en proceso de adquirir a su rival SAB Miller. Pero Vestager sí ha querido dejar claro que la mayoría de las multinacionales afectadas son europeas. Un total de 500 millones de los 700 millones de ayudas ilegales han ido a parar a las cuentas de compañías comunitarias.

“Escucho críticas de que vamos contra las compañías estadounidenses, lo que obviamente no es verdad. Se trata de empresas a las que se les da privilegios selectivos que les permiten ser mucho más fuertes en el mercado”, se ha defendido la comisaria de Competencia. “Para mi, la paradoja es que muchas de estas multinacionales son ya de por si muy fuertes en comparación por ejemplo con una empresa que no forma parte de ningún grupo y tiene que luchar para llegar a los clientes con precios razonables y buena calidad”, ha señalado.

El régimen fiscal belga ilegalizado de “beneficios extraordinarios” data del año 2005 y fue promocionado por las autoridades tributarias con el lema Only in Belgium. No guarda ninguna relación con las filtraciones del caso Lux Leaks, según ha dicho Vestager. La Comisión empezó a investigarlo en febrero de 2015 a raíz de informaciones de prensa, momento en el que Bélgica lo interrumpió, aunque mantenía los privilegios a las empresas que ya se beneficiaban de él. El Ejecutivo comunitario exige que se paralice por completo y no sea sustituido por ningún régimen similar, sino que las multinacionales tributen igual que las empresas independientes.

Así funcionaban los privilegios fiscales de Bélgica

Según el impuesto de sociedades belga, las compañías tributan sobre la base de los beneficios realmente registrados por sus actividades en Bélgica. Pero el régimen de 2005 permitía a los grandes grupos reducir su base impositiva por presuntos “beneficios extraordinarios”. Se parte de la premisa de que las multinacionales obtienen estos “beneficios extraordinarios” por el hecho de formar parte de un grupo, es decir, debido a sinergias, economías de escala, reputación, redes de clientes y proveedores y acceso a nuevos mercados.

En virtud de los tax rulings emitidos por Bélgica, los beneficios reales registrados de una multinacional se comparan con los beneficios medios hipotéticos que habría tenido una empresa independiente en una situación comparable. La diferencia es el supuesto “beneficio extraordinario” y la base impositiva del grupo se rebaja proporcionalmente. En la práctica, el beneficio real se reducía en más de un 50% y en algunos casos llegaba al 90%.

Para el Ejecutivo comunitario, esta práctica concede una “ventaja injusta” a las multinacionales frente a las empresas independientes que estaban sujetas a las normas ordinarias del impuesto de sociedades belga. Además, no podía justificarse, como alega Bélgica, con el argumento de evitar la doble imposición. Bélgica hizo los ajustes de forma unilateral. El régimen no requiere que las empresas aporten pruebas de la doble imposición o ni siquiera que estén expuestas a ella. “La realidad es que se produce una doble no imposición”, alega Vestager.