Cataluña ya no es lo que era. La economía fue la gran ausente en el debate de investidura del nuevo presidente catalán. El idealismo, lo identitario, los sentimientos han usurpado el lugar de lo práctico, lo cuantificable. Los soberanistas han conseguido formar gobierno antes de que tocara la campana después de exponer sus debilidades durante tres meses. Da igual que el presidente se llame Puigdemont o Mas. Lo ocurrido recuerda aquellos combates en que el rincón de un boxeador sonado se afana por cerrar sus heridas y tras ponerlo de pie tambaleándose lo mandan al centro del ring a seguir recibiendo una paliza. ¿Y en el otro rincón? “No hay gobierno en Madrid”, escribía el domingo Enric Juliana en La Vanguardia. No es verdad: hay un gobierno en funciones que, paradójicamente, es la manifestación más evidente de la permanencia del Estado y de su poder desnudo.

Pero este símil del combate de boxeo induce a error. Los contendientes, pese a los deseos de los regionalistas, no son homologables, ni compiten en la misma categoría. De hecho, el boxeador en funciones acude en representación de la soberanía nacional que es la dueña del ring y de las gradas, lo que llamamos Estado. Una comunidad autónoma, por poderosa y rica que sea, apenas es una fracción del mismo.

Hay políticos que aceptaron relativizar la nación y se puede polemizar sobre cuántas hay alojadas en España, pero lo que es una realidad es que hay un Estado. Un Estado antiguo, con gobelinos y pan de oro, con procedimientos administrativos y leyes que en algunos casos tienen más de un siglo de vigencia, preñado de funcionarios, y que cobra impuestos y paga las pensiones. Y aunque ese Estado estuviera arruinado económicamente, seguiría existiendo porque si hay algo claro en la mente de los españoles es la idea de Estado.

Por esta razón, un gobierno en funciones no siempre representa una desventaja. Más aún, quizá hasta resulte más eficaz que el Estado, desprovisto de color político, sea el que procure salvaguardar su perímetro.

En cambio, un gobierno en funciones en el Estado sí puede representar un problema para las comunidades autónomas desde el punto de vista de su financiación, que es lo que en definitiva importa. Cataluña, más que ninguna otra, vive del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En 2015 recibió más de 14.100 millones mediante medidas de liquidez. Pero éstas tienen que ser prorrogadas y se accede a ellas bajo una estricta condicionalidad a la que, hasta ahora, la Generalitat se ha sometido.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha subrayado que el cumplimiento del objetivo de déficit en Cataluña está en el alero. La principal razón es que ha prorrogado sus presupuestos de 2015 y estos arrastran un déficit mayor de lo previsto. De hecho, Cataluña no ha cumplido nunca con su objetivo de déficit en el periodo 2010-2014. Elaborar unos presupuestos será una de las primeras tareas a las que deberá dedicarse el gobierno elegido ayer, por cierto, en un debate de paupérrimo contenido económico. 

El impacto presupuestario de las medidas de shock social ofrecidas por Juntos por el Sí a la CUP en Navidad se ha estimado en torno a 270 millones, el 0,13% del PIB catalán. La dimensión del ajuste fiscal que Cataluña debe realizar en 2016 ronda el 2% de su PIB, es decir, unos 4.000 millones de euros, una cifra muy próxima a los 4.300 millones en que ha reducido sus necesidades de financiación entre 2010 y 2014. Sin duda que el plan de choque dificulta el cumplimiento del déficit, pero se trata de una cantidad relativamente modesta.

Lo que sí ha puesto de manifiesto la CUP es la dudosa calidad del ajuste fiscal catalán. Muchas de las medidas que la CUP arrancó a JxS consisten en la eliminación de recortes sociales que aprobó el gobierno de Artur Mas. ¿Cuál fue el criterio con que se aplicaron esos recortes? Parece que los asuntos identitarios y propagandísticos sobrevivieron en los presupuestos con mejor suerte que las ayudas a la vivienda social o a la sanidad. La radiotelevisión catalana, por ejemplo, recibirá de la Generalitat 225 millones este año, el 83% de lo que cuestan las propuestas de la CUP. Era un tema estupendo para haberlo debatido ayer.