La Audiencia Nacional ha ordenado el embargo de las propiedades y las cuentas bancarias del expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega para avalar sus fianzas civiles de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente. Los mismos importes de las indemnizaciones que se concedieron los exdirectivos.

La juez Carmen Lamela, según Efe, ha tomado esta decisión después de comprobar que ninguno de ellos ha pagado las fianzas. Hace unos días, Lamela rechazó aceptar las pólizas de seguro que ambos presentaron como vehículo para abonar sus fianzas sin tener que poner su propio patrimonio.

En el caso de Felipe Benjumea, la juez le ha prohibido disponer de varias viviendas y parcelas de su propiedad, así como de varios coches y un ciclomotor. También ha bloqueado su dinero en varias cuentas bancarias, incluyendo productos como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo. Para ello, ha librado los oportunos oficios a los diversos registros de la propiedad y entidades bancarias, en lo que supone el primer paso del proceso de embargo.

En cuanto a Sánchez Ortega, la juez ha iniciado el proceso de embargo de una vivienda de su propiedad, un vehículo y el bloqueo de una cuenta a su nombre.

Ampliación de la demanda

La crisis de Abengoa da una nueva vuelta de tuerca en el terreno judicial. La demanda presentada contra los ex gestores del grupo energético, Felipe Benjumea (su expresidente) y Manuel Sánchez Ortega (ex consejero delegado) va camino de alcanzar a más consejeros y elevar el número de presuntos delítos.

La Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que el pasado noviembre presentó una demanda ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de administración desleal y uso de información privilegiada contra los dos ex directivos, planea ampliarla.

Si se cumplen sus intenciones, la demanda ya admitida a trámite sumará otros dos conceptos: falseamiento de información financiera y estafa, según ha explicado a la prensa uno de los abogados que representa a la plataforma, Felipe Izquierdo.

Se basan en las millonarias indemnizaciones que han percibido tanto Benjumea como Sánchez Ortega. El primero, por valor de 11 millones de euros, como expresidente hasta su dimisión en septiembre; y el segundo, como ex consejero delegado hasta mayo. Sánchez Ortega, además, forma hoy parte de la plantilla de Blackrock, uno de los principales tenedores de bonos de la empresa andaluza.

Las fechas clave

“Abengoa ha presentado información sobre cuándo pagó las millonarias indemnizaciones. A Benjumea, una parte de los 11 millones de euros se le pagaron el 30 de septiembre de 2015 por transferencia y otra parte por cheque el 29 de septiembre”, indicó Izquierdo. El ex presidente, dimitió de su cargo el 24 de septiembre y, en ese momento, la empresa no había desvelado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ambos tuvieran pactadas indemnizaciones en caso de abandonar la compañía.

“Abengoa asegura que 7, de esos 11 millones, se pagaron como reconocimiento a su permanencia en la entidad y por la participación en la misma en los años pasados. Cuando se aprobaron estos pagos, la situación económica de la empresa ya era desastrosa”.

“A Ortega, los cuatro millones se le pagaron el 6 de julio [dimitió en mayo] según Abengoa en cumplimiento de un contrato mercantil firmado el 23 de febrero de 2015”, matizó el abogado.

Ante el reconocimiento de los pagos realizados, tanto Izquierdo como Eliseo M. Martínez, el otro abogado que representa a los afectados, instan al Juzgado número 3 de la Audiencia a que pida los contratos firmados en febrero, así como las actas de las reuniones del consejo de administración en el que se aprobaron las indemnizaciones a los ex directivos, así como las de la comisión de nombramientos y retribuciones en las que también debieron de tratarse estos conceptos.

Demandar a Borrell y al exsocio de Montoro

Una vez tengan conocimiento de los contratos y de qué se trató en esas reuniones, la Plataforma ampliará, asegura, la demanda contra el resto de miembros del consejo de administración de la compañía y de la comisión de retribuciones.

“Esos pagos no debieron realizarse. Entendemos que los consejeros han actuado como cooperadores necesarios", aseguró Izquierdo. Por un lado, se incluiría en ella a Josep Borrell. El político socialista, ex presidente del Parlamento Europeo, se incorporó a Abengoa como consejero independiente en 2009 y también es consejero de la comisión de Nombramientos. Por esa función, ha percibido en estos años más de 1,6 millones de euros.

En el consejo también está presente Ricardo Martínez Rico, socio fundador en 2006, junto al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, del despacho Montoro y Asociados. El ministro abandonó la firma en 2008, que pasó a denominarse Equipo Económico.

También tiene perfil político el actual presidente de Abengoa, José Domínguez Abascal, fue secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía hasta 2008, cuando se incorporó a la empresa.

Otro de los nombres de relieve a los que se puede ampliar la demanda es Antonio Fornieles, quien ha sido socio de Abengoa durante 30 años. Se da la circunstancia de que esta firma es la que está analizando, a petición de la banca acreedora, cuál es la situación real de la deuda de la empresa.